Medio Ambiente no ha impuesto ninguna sanci¨®n por ¡®bunkering¡¯ en nueve meses

El ministro de Agricultura, Alimentaci¨®n y Medio Ambiente, Miguel Arias Ca?ete, ha anunciado hoy que pretende endurecer las sanciones a los barcos que hagan de gasolineras flotantes (pr¨¢ctica llamada bunkering) en la Zona Especial de Conservaci¨®n (ZEC) en las aguas de la bah¨ªa de Algeciras, cercanas a Gibraltar. As¨ª lo ha afirmado tras reunirse con el sector pesquero en Barbate (C¨¢diz). Sin embargo, y pese a que el bunkering est¨¢ prohibido desde el 1 de diciembre pasado, en estos casi nueve meses no se ha impuesto ninguna sanci¨®n por realizar esta pr¨¢ctica. Seg¨²n un portavoz de Medio Ambiente, hasta ahora solo ha habido una denuncia y "se est¨¢ investigando".

El Consejo de Ministros aprob¨® el 29 de noviembre pasado un real decreto por el que declar¨® ZEC un ¨¢rea de 23.640 hect¨¢reas marinas frente a la costa de C¨¢diz, que incluye las aguas cuya soberan¨ªa se disputan Espa?a y Gibraltar. Con este texto legal quedaban prohibidas varias pr¨¢cticas que no respetan el medio ambiente marino, entre ellas el bunkering, es decir, el fondeo permanente de buques-gasolinera que se dedican a suministrar combustible a otros barcos en alta mar, con el consiguiente riesgo de vertidos.?

Seg¨²n Medio Ambiente, el uso de gasolineras flotantes no se realiza en "ning¨²n puerto espa?ol por el peligro que supone". Sin embargo, es "pr¨¢ctica habitual por las empresas que prestan el servicio para el puerto de Gibraltar, en aguas de la Bah¨ªa de Algeciras". Aguas que, reitera el Ministerio, son espa?olas y "est¨¢n dentro de la ZEC". Precisamente una de esas empresas que compraba a las gasolineras flotantes hasta diciembre de 2011 era Petrol¨ªfera Ducar, con sede en Ceuta, de la que era presidente Miguel Arias Ca?ete. Los ecologistas y el PSOE han denunciado en numerosas ocasiones el conflicto de intereses del ministro.

Miguel Arias Ca?ete es uno de los tres ministros que se ha abstenido en la deliberaci¨®n en el Consejo de Ministros de asuntos sobre los que han tenido intereses personales o familiares, seg¨²n consta en una respuesta a la diputada socialista Meritxell Batetse. Una de las dos veces en las que se ausent¨® coincidi¨® con la discusi¨®n del proyecto de real decreto para declarar ZEC el Estrecho de Gibraltar. El ministro declar¨® en el registro de intereses del Congreso que la empresa en la que ten¨ªa intereses, Ducar, no contrataba con la Administraci¨®n.

Dif¨ªcil de sancionar

El portavoz de Medio Ambiente explica que "con la normativa actual es dif¨ªcil de sancionar, porque el Real Decreto de la ZEC remite a la Ley 42/2007 que, aunque establece penas hasta un elevado importe, no est¨¢ espec¨ªficamente tipificado como infracci¨®n el incumplimiento de medidas de gesti¨®n de las ZEC, y mucho menos la actividad concreta de bunkering". Y a?ade: "Ha de materializarse un da?o para esa sanci¨®n". Seg¨²n explica, lo que Ca?ete ha anunciado hoy es la modificaci¨®n de la legislaci¨®n ambiental, en particular esa ley 42/2007, para "tipificar expresamente como infracci¨®n el bunkering" y el resto de incumplimientos de los planes de gesti¨®n de las ZEC.

Arias Ca?ete ha asegurado esta ma?ana que, de acuerdo con la normativa comunitaria, se quiere cambiar la legislaci¨®n espa?ola de sanciones ambientales para "endurecerlas" y actuar con "mucho m¨¢s rigor" contra las empresas que tengan buques como gasolineras flotantes, informa Efe. El ministro ha subrayado que el Gobierno seguir¨¢ tomando medidas legales "proporcionadas" despu¨¦s de que Gibraltar arrojara en la hab¨ªa de Algeciras bloques de hormig¨®n con cilindros que rompen las redes de los pesqueros, algo que ha calificado como "aberrante" y un "delito ambiental", por lo que Espa?a ha presentado una denuncia ante la fiscal¨ªa y la UE.

Para compensar los perjuicios a los pesqueros de la zona, el ministro ha anunciado que van a dar ayudas con car¨¢cter retroactivo desde el 1 de agosto a unos veinte barcos de la comarca, y ha agregado que a¨²n est¨¢n calculando las cantidades, que ser¨¢n de unos 500 euros al mes a los armadores y de 189 a los pescadores. Arias Ca?ete ha insistido en que el derecho internacional est¨¢ del lado de Espa?a en las medidas con Gibraltar, y ha precisado que el Tratado de Utrecht no recoge que Gibraltar tenga aguas propias.