La ley ecol¨®gica mexicana se entrampa en el Nevado de Toluca

En el Nevado de Toluca todav¨ªa hay grandes carteles que anuncian al visitante que se encuentra en un Parque Nacional. Apenas tres d¨ªas despu¨¦s de que el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto emitiera un decreto que rebaja el rango de la zona a ?rea de Protecci¨®n de Flora y Fauna, nada se ha movido en el entorno de este volc¨¢n del Estado de M¨¦xico, donde las tierras de cultivo se alternan con el bosque y las plagas de mu¨¦rdago se han comido los ¨¢rboles. En 1936 el presidente L¨¢zaro C¨¢rdenas otorg¨® a este espacio el estatus de Parque Nacional, pero con los a?os, la evoluci¨®n demogr¨¢fica en la zona y el cambio de usos del suelo provocaron su deterioro. Alrededor de 190 hect¨¢reas forestales se pierden cada a?o desde hace m¨¢s de una d¨¦cada, seg¨²n datos de Luis Miguel Mandujano, encargado de direcci¨®n del ¡°Parque Nacional Nevado de Toluca¡±, dice ¨¦l todav¨ªa al presentarse.

El Gobierno federal, que defiende haber trabajado en el proyecto desde el mes de enero, considera que la modificaci¨®n ayudar¨¢ a la recuperaci¨®n de la masa forestal, ya que permite a los pobladores el desarrollo de actividades productivas.

"El 86% de la superficie son ejidos o comunidades agrarias, lo que hace que los propietarios necesiten un medio de supervivencia y si la ley se lo impide, incurren en actividades clandestinas, como la tala de ¨¢rboles", ha defendido este viernes el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Jos¨¦ Guerra Abud, antes de visitar la zona. Actualmente, el art¨ªculo 50 de la Ley General de Equilibrio Ecol¨®gico y Protecci¨®n del Medio Ambiente proh¨ªbe realizar actividades productivas en las ¨¢reas protegidas. De ah¨ª que el Ejecutivo quiera modificar la norma, pero solo en el Nevado. "El decreto de C¨¢rdenas [basado en una ley forestal de 1926] est¨¢ desactualizado con la realidad que vivimos hoy", argumenta Guerra Abud.

Luis Fueyo Mac Donald, comisionado Nacional de ?reas Naturales Protegidas, asegura que la propuesta de recuperaci¨®n se focaliza en tres problemas: el forestal (hace falta rejuvenecer el bosque), los suelos (registros importantes de p¨¦rdida en m¨¢s de 10.000 hect¨¢reas) y el agua (el desbalance entre lo que se capta y lo que se extrae ya representa un d¨¦ficit de 200 millones de metros c¨²bicos). Para el comisionado todo esto se dio ¡°motivado por un marco jur¨ªdico que no tuvo en cuenta las condiciones hist¨®ricas en las que evolucion¨®¡±.

Hoy unas 10.200 personas viven en la zona, seg¨²n el censo. Algunas propiedades fueron otorgadas a sus due?os antes del 36. Aunque el decreto de C¨¢rdenas establec¨ªa la expropiaci¨®n de las tierras, ¨¦sta nunca se llev¨® a cabo, e incluso en a?os posteriores, informa Fueyo, se concedieron nuevos ejidos dentro del ¨¢rea protegida. "Las dotaciones ejidales generan derechos de uso en el territorio, pero un parque nacional impide que los propietarios puedan hacer nada, lo que constituye una contradicci¨®n", explica. El nuevo decreto reconoce los n¨²cleos urbanos en la zona, que son asentamientos rurales, con viviendas de una o dos plantas y no muy grandes, legalizando la construcci¨®n en estas ¨¢reas delimitadas. El Gobierno asegura que no habr¨¢ desarrollos inmobiliarios fuera de estas, pero reconoce, por ejemplo, que s¨ª ser¨¢ posible abrir un hotel donde antes hab¨ªa una casa unifamiliar. "Cualquier actividad, por ley tiene que someterse a una evaluaci¨®n de impacto ambiental. Lo primero que hace la autoridad competente es ver si es compatible con el r¨¦gimen jur¨ªdico establecido y en un ¨¢rea protegida no se pueden hacer proyectos que cambien el uso del suelo", puntualiza el comisionado.

Desde la publicaci¨®n del decreto el Gobierno tiene un plazo de un a?o para la elaboraci¨®n del Plan de Manejo, la norma secundaria que regular¨¢ al detalle las medidas de vigilancia, protecci¨®n y recuperaci¨®n de la zona. Para Roberto Brito Navarrete, t¨¦cnico forestal de la zona, "no hay rescate si no hay productividad¡±. Una vez que se establezcan proyectos productivos, cada due?o de un terreno se convertir¨¢ en su vigilante. En primera instancia la protecci¨®n y vigilancia del recurso ¡°recae en el propietario¡±, porque a ¨¦l mismo debiera interesarle.

En esta l¨ªnea el Gobierno se muestra convencido de que la recuperaci¨®n pasa por implicar a los ejidatarios en el proyecto, darles la oportunidad de tener un medio de abastecimiento para que a la vez que ganan, puedan responsabilizarse del cuidado de la zona.

Pese a que la Secretar¨ªa de Medio Ambiente asegura que esta modificaci¨®n es la ¨²nica v¨ªa para lograr la recuperaci¨®n del terreno, lo cierto es que el cambio, tal y como se?ala la organizaci¨®n Greenpeace, disminuye las responsabilidades de protecci¨®n al reducir la superficie protegida. ¡°Solo el 3.62 por ciento (1,941.62 hect¨¢reas) ser¨¢ zona protegida y restringida. En el 96.38 por ciento (53,590 hect¨¢reas) ser¨¢n permitidas actividades como aprovechamiento sustentable de recursos naturales (44.27 %), aprovechamiento sustentable de ecosistemas (18.06 %), uso p¨²blico (0.56%), asentamientos humanos (1.31%) y zona de recuperaci¨®n (27.51%)¡±.

El Gobierno, adem¨¢s, es consciente de que la recuperaci¨®n del bosque no ser¨¢ r¨¢pida: "Lo que se ha estado degradando m¨¢s de 70 a?os no se va a recuperar en dos".?