Solidaridad solo en lo esencial

El mel¨®n de la financiaci¨®n auton¨®mica ya amarga y el Gobierno ni siquiera lo ha abierto. La creciente tensi¨®n por parte de las comunidades, acentuado por la crisis pol¨ªtica en Catalu?a, transforma el modelo en un mantel del que todos los territorios tiran para quedarse con la mayor porci¨®n del pastel. El sistema tiende hacia un modelo menos solidario y en el que las comunidades tendr¨¢n m¨¢s responsabilidad efectiva sobre los impuestos, seg¨²n la media docena de expertos consultados para elaborar esta informaci¨®n. ¡°Es conveniente limitar la solidaridad, porque si no los incentivos se invierten y se preferir¨ªa un Gobierno pobre que obtenga m¨¢s recursos. Pero nadie tiene una soluci¨®n ¨®ptima¡±, argumenta Alain Cuenca, investigador de Funcas.

El actual modelo, acordado en 2009, inclu¨ªa mecanismos que favorec¨ªan inicialmente a Catalu?a y Madrid, y ya limitaban la solidaridad. Pero, en la pr¨¢ctica, no las ha beneficiado tanto como estaba previsto y, adem¨¢s, no contenta a ninguna comunidad. En lo ¨²nico en lo que coinciden todos los territorios es en la necesidad de cambiarlo para obtener m¨¢s recursos.

Mientras se recrudece el debate pol¨ªtico ¡ªa la cuesti¨®n catalana se suma la presi¨®n de algunos barones del PP para que Rajoy acelere la reforma del sistema¡ª, crece el n¨²mero de los que apuntan que Espa?a deber¨ªa copiar algunas caracter¨ªsticas del sistema de financiaci¨®n alem¨¢n. Este modelo federal que financia a los l?nder se rige por la ordinalidad [las regiones mantienen el mismo puesto en la clasificaci¨®n de riqueza per c¨¢pita antes y despu¨¦s del reparto]; adem¨¢s, los principios b¨¢sicos est¨¢n regulados en su Constituci¨®n, lo que rebaja los decibelios de la bronca pol¨ªtica y garantiza m¨¢s estabilidad.

Eso es, precisamente, lo que quieren las comunidades m¨¢s ricas (b¨¢sicamente Catalu?a y Madrid): limitar la solidaridad hasta garantizar los servicios esenciales y evitar que las comunidades m¨¢s pobres tengan m¨¢s dinero por persona que ellas tras el reparto del fondo com¨²n. Y eso es lo que asumen los expertos que ocurrir¨¢ tarde o temprano. Existen diferentes opiniones sobre qu¨¦ modelo es m¨¢s eficiente y equitativo, pero casi todos admiten que el sistema pol¨ªtico espa?ol apunta a que las regiones ricas aportar¨¢n menos y a igualar en la media los recursos que reciben las comunidades para pagar las competencias cedidas.

Hace una semana, la Fundaci¨®n Konrad Adenauer organiz¨® en Altea (Alicante) un ciclo de conferencias con acad¨¦micos y pol¨ªticos alemanes y espa?oles sobre el Estado auton¨®mico. Participaron representantes de casi todos los grupos pol¨ªticos espa?oles. La conclusi¨®n fundamental es que el sistema de financiaci¨®n espa?ol camina hacia la ordinalidad y que se deber¨ªa avanzar en la corresponsabilidad fiscal de las autonom¨ªas. Aunque algunos acad¨¦micos espa?oles como ?ngel de la Fuente, investigador del CSIC, cuestionan el modelo alem¨¢n porque no siempre respeta la posici¨®n de riqueza de los l?nder, tienen muy limitada su autonom¨ªa fiscal y es muy complejo.

¡°La ordinalidad [el principio que evita que las comunidades m¨¢s ricas, tras aportar al fondo com¨²n, bajen puestos en financiaci¨®n per c¨¢pita] no implica menos solidaridad¡±, apunta De la Fuente, investigador en el Instituto de An¨¢lisis Econ¨®mico (CSIC), que insiste en que ¡°no hay que entender que se pierde solidaridad al llevar a Extremadura desde un ¨ªndice de financiaci¨®n de 110 hasta la media de 100 para poder hacer lo mismo con Valencia subi¨¦ndola de 93 a 100¡±. Y a?ade: ¡°Lo que hay que hacer es igualarlas. No hay mayor solidaridad que asegurar que todas las comunidades puedan prestar servicios similares con el mismo esfuerzo fiscal¡±, a?ade este experto. ¡°Desde el punto de vista de los principios, el de ordinalidad es irreprochable¡±, abunda Carlos Monasterio, catedr¨¢tico de la Universidad de Oviedo. ¡°Uno de los obst¨¢culos para aplicarlo es el concierto econ¨®mico del Pa¨ªs Vasco y Navarra, que produce un beneficio de esas regiones sobre el resto¡±, a?ade.

En el fondo, el debate no es m¨¢s que la vieja discusi¨®n econ¨®mica sobre la redistribuci¨®n de recursos escasos. ?Hasta d¨®nde se limita la solidaridad? ¡°El problema es el grado, y eso es una decisi¨®n pol¨ªtica. Hay que limitar la solidaridad, pero hasta d¨®nde. La redistribuci¨®n debe producir que las personas tengan acceso a los mismos servicios¡±, apunta Cuenca, de Funcas. ¡°Las comunidades tienen que tener financiaci¨®n para las competencias que se les han traspasado, no para aquellos gastos que decida como las televisiones auton¨®micas o el sector p¨²blico empresarial...¡±, remarca Monasterio.

¡°El l¨ªmite a la solidaridad debe ser lo que el Estado central defina como servicios p¨²blicos fundamentales¡±, se?ala Julio L¨®pez Laborda, catedr¨¢tico de la Universidad de Zaragoza. Una vez definidos ¡ªser¨ªan la sanidad, la educaci¨®n y los servicios sociales¡ª, se observa que representan cerca del 75% del gasto de las comunidades. Entonces, el Estado ¡°no podr¨ªa poner en marcha un sistema de nivelaci¨®n inferior al 75%¡±. La nivelaci¨®n es un concepto por el que se trata de igualar los desequilibrios en la distribuci¨®n de renta entre los habitantes de un Estado. El sistema espa?ol tiene una nivelaci¨®n plena a trav¨¦s de varios fondos (el de garant¨ªa, suficiencia, competitividad, convergencia y cooperaci¨®n). El fondo de garant¨ªa nivela para que las autonom¨ªas tengan la misma financiaci¨®n para atender los servicios b¨¢sicos. El resto de fondos completan el sistema para pagar otros servicios p¨²blicos (justicia, ordenaci¨®n del territorio, medio ambiente) y eliminar los desequilibrios de las regiones m¨¢s pobres. Pero su funcionamiento es complejo, opaco y termina provocando distorsiones, seg¨²n todos los expertos consultados. ¡°Se est¨¢ nivelando todo pero por la puerta de atr¨¢s¡±, admite L¨®pez Laborda, quien concluye: ¡°Vamos a un sistema menos solidario¡±.

La clave entonces ser¨ªa definir unos servicios esenciales b¨¢sicos y garantizar que todas las comunidades reciben los recursos necesarios para financiarlos. Pero, ?c¨®mo se establece el criterio de reparto? ¡°Por la poblaci¨®n ajustada¡±, coinciden De la Fuente y L¨®pez Laborda. As¨ª se tendr¨ªa en cuenta el n¨²mero de habitantes, el envejecimiento de la poblaci¨®n, el n¨²mero de escolares... Definir este par¨¢metro es uno de los puntos de conflicto.

El Ministerio de Hacienda, que dirige Crist¨®bal Montoro, destina unos 90.000 millones de euros a las comunidades aut¨®nomas por el sistema de financiaci¨®n, una cantidad que supone el 9% del producto interior bruto (PIB). Hasta ahora, cada cinco o seis a?os se abre un pulso entre los Gobiernos regionales y el Estado por los recursos del sistema y, sobre todo, la forma de repartirlo. La relaci¨®n del Estado y las autonom¨ªas se asemeja a la de una familia numerosa que tiene que repartir una herencia. Todos los herederos claman por el reparto que m¨¢s les beneficie.

El debate suele cerrarse de la manera m¨¢s pr¨¢ctica: el Gobierno se rasca el bolsillo y pone m¨¢s dinero para que las comunidades afronten las competencias cedidas. El ¨²ltimo modelo, acordado en 2009, se cerr¨® porque el Estado termin¨® poniendo 11.000 millones m¨¢s para satisfacer las reclamaciones de todas las autonom¨ªas. Esa maniobra para contentar a todas crea un problema en el sistema: cada vez se necesita m¨¢s dinero para contentar a todas y que ninguna salga perjudicada.

Pero esta vez el Ejecutivo de Mariano Rajoy no parece dispuesto a ceder m¨¢s recursos. Los ingresos tributarios apenas se sostienen pese a las innumerables subidas de impuestos y los gastos del Estado no frenan su escalada [el sistema recauda 20.000 millones menos que en 2008 cuando se negociaba el anterior modelo]. Adem¨¢s, el Estado apenas tiene ingresos para satisfacer sus enormes gastos c¨ªclicos ¡ªel gasto en pensiones, prestaciones por desempleo e intereses crece sin parar y ya supone cerca de 200.000 millones de euros, el 20% del PIB y la mitad de todos los recursos del sistema¡ª. ¡°El problema al que nos enfrentamos ahora es que estamos en recesi¨®n y sufrimos la ca¨ªda de la recaudaci¨®n. Es dif¨ªcil que un nuevo modelo deje satisfecho a todas¡±, dice el catedr¨¢tico Carlos Monasterio.

Aunque el Ejecutivo de Rajoy aplaza el debate al ¨²ltimo trimestre de 2014, cuando ya est¨¦ definida la nueva reforma tributaria que le permita obtener recursos adicionales, lo cierto es que el debate se centrar¨¢ en la forma de repartir esos recursos. Se regular¨¢n los impuestos medioambientales, sucesiones y donaciones y patrimonio.

Pero sin m¨¢s recursos del Estado, el Gobierno deber¨¢ buscar soluciones para que el sistema genere m¨¢s ingresos. ¡°Hay que redefinir el mapa fiscal¡±, se?alan una y otra vez desde el Ministerio de Hacienda. En este punto surge otro debate: ?Habr¨ªa que ceder m¨¢s impuestos a las comunidades?

Las autonom¨ªas ya cuentan con un amplio grado de corresponsabilidad fiscal. Pueden regular el tramo auton¨®mico del IRPF [aunque solo tocan el tipo marginal m¨¢ximo]; adem¨¢s tienen la capacidad de gesti¨®n y normativa como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur¨ªdicos documentado (ITPyAJD), sucesiones y donaciones, patrimonio, impuestos sobre el juego, matriculaci¨®n e hidrocarburos. ¡°Habr¨ªa que obligarles a ejercer la autonom¨ªa fiscal que tienen. Aunque no es f¨¢cil porque primero el Gobierno central tiene que establecer una reputaci¨®n de dureza y convencer a las regiones de que no les va a sacar las casta?as del fuego. Si no, seguir¨¢n haciendo lo mismo que hasta ahora, gastar m¨¢s de la cuenta y luego pedir m¨¢s dinero a Madrid en vez de subir impuestos¡±.

Los expertos creen que habr¨ªa que destacar la visibilidad fiscal de las autonom¨ªas. Todo el mundo sabe qui¨¦n cobra el IBI, pero con los impuestos regionales no es as¨ª, dice Cuenca. Todos coinciden en que hay que aumentar la responsabilidad fiscal efectiva y no se oponen a que, por ejemplo, se establezca un tramo auton¨®mico del IVA cuyo tipo se decida de forma colegiada. El debate pol¨ªtico acent¨²a el sentido pr¨¢ctico del Gobierno. ¡°No es un problema de gasto p¨²blico. Es un problema de ingresos¡±, aducen fuentes gubernamentales. ¡°La cuesti¨®n no es si el actual sistema es justo o no, sino que hay menos dinero a repartir¡±, a?aden antes de zanjar: ¡°Quiz¨¢ tengamos un modelo mejor que no guste a nadie. Pero que sea m¨¢s eficiente¡±.