Entre fosas y homenajes

El pasado d¨ªa 13 se celebr¨® en Tarragona la beatificaci¨®n de 522 ¡°m¨¢rtires de la persecuci¨®n religiosa del siglo XX en Espa?a¡±, seg¨²n la versi¨®n oficial de la Conferencia Episcopal sobre el acontecimiento. Pod¨ªan haber sido muchos m¨¢s. Los historiadores hablan de hasta 7.000 eclesi¨¢sticos v¨ªctimas de la cruel violencia desatada tras el levantamiento militar de Francisco Franco que condujo a tres a?os de Guerra Civil y casi 40 de dictadura. Tambi¨¦n en aquellos oscuros a?os de contienda se desencaden¨® una cruel revancha del otro lado ¡ªincluidos cat¨®licos piadosos¡ª contra los republicanos. Fue una fiera e implacable reacci¨®n que se extendi¨® m¨¢s all¨¢ de la guerra que, por supuesto, en nada deber¨ªa empa?ar la memoria de todas esas personas torturadas y asesinadas sencillamente por abrazar la fe cat¨®lica.

Esta ¨²ltima ha sido hasta la fecha la beatificaci¨®n m¨¢s masiva de las realizadas por la Iglesia cat¨®lica, pero no la ¨²nica. Desde que Juan Pablo II accedi¨® a las peticiones espa?olas de abrir estos procedimientos con las v¨ªctimas (los m¨¢rtires de la cruzada), se han celebrado decenas de beatificaciones, entre las que destacan por su magnitud la de 2001 (233 personas) y la de 2007 (498).

Son actos religiosos que llenan de leg¨ªtimo orgullo y sirven de reparaci¨®n para cientos de familias que todav¨ªa hoy, como es evidente, recuerdan y homenajean a sus parientes desaparecidos. La anomal¨ªa de esta historia reside en la indecente desigualdad con la que los estamentos oficiales espa?oles tratan a las v¨ªctimas de aquellos tristes acontecimientos hist¨®ricos. Llama la atenci¨®n, aunque no sorprende, que la Conferencia Episcopal Espa?ola solo ofrezca homenajes a los que, supuestamente, pertenec¨ªan a un bando. Pero resulta inadmisible que un Gobierno democr¨¢tico, por muy conservador que sea, permita y fomente este agravio a los principios que alentaron la transici¨®n pol¨ªtica y a tantas miles de v¨ªctimas que murieron, tambi¨¦n, de manera completamente injusta por sus ideas.

El Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero fue objeto de las m¨¢s duras cr¨ªticas de la derecha y la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica por la Ley de la Memoria Hist¨®rica. El juez Baltasar Garz¨®n fue suspendido de forma cautelar en sus funciones acusado de prevaricaci¨®n por intentar investigar los cr¨ªmenes franquistas. Las cr¨ªticas a Zapatero y Garz¨®n por este asunto no proced¨ªan exclusivamente de la derecha. Independientemente de su adscripci¨®n pol¨ªtica, fueron muchos los que consideraron y consideran que la Transici¨®n pas¨® p¨¢gina y en nada beneficia reabrir viejas heridas.

Pero sin entrar en el fondo de la cuesti¨®n, lo cierto es que la derecha de este pa¨ªs exhibe en este asunto una hipocres¨ªa sin l¨ªmites. Aunque sea m¨¢s que discutible, puede que abrir una causa general al franquismo contenga todav¨ªa una carga emocional y pol¨ªtica desestabilizadora con escasos beneficios para el pa¨ªs. Incluso el Gobierno de Zapatero se neg¨® a colaborar con la juez argentina Mar¨ªa Servini de Cubr¨ªa en sus investigaciones sobre los cr¨ªmenes franquistas.

Sin embargo, ?cu¨¢l es el problema de apoyar a esas familias que quisieran recuperar la memoria de sus parientes torturados y asesinados por el llamado bando nacional? ?Qu¨¦ mal hay en que toda esa gente pueda recuperar sus cuerpos y darles una digna sepultura, algo tan ancestral, tan primario en el ser humano? El Gobierno de Rajoy, como en su momento el de Aznar, acude raudo a arropar las ceremonias de beatificaci¨®n. En la de Tarragona ocuparon la primera fila el presidente del Congreso de los Diputados y los ministros de Interior y de Justicia, adem¨¢s del presidente de la Generalitat. ?D¨®nde est¨¢ escrito que nuestros representantes pol¨ªticos, con el dinero p¨²blico, deban viajar y asistir a un acto estrictamente religioso y tan parcial?

Este mismo Gobierno es el que se niega a ofrecer esa m¨ªnima reparaci¨®n de excavar las fosas comunes y facilitar la sepultura de sus seres queridos a miles de ciudadanos que lo siguen demandando. En su primer a?o de mandato, Rajoy dej¨® en 2,5 millones de euros (de una partida de 6,2 del a?o anterior) las ayudas para reabrir las fosas comunes. Para este a?o y el siguiente, ni siquiera hay dotaci¨®n alguna.

La ONU acaba de calcular que hay 114.000 espa?oles desaparecidos y 30.000 ni?os robados durante la Guerra Civil y la dictadura y ha pedido al Gobierno que se juzguen todos los casos. El suelo espa?ol est¨¢ sembrado de cientos de fosas comunes, testimonio de la barbarie, pero tambi¨¦n de la verg¨¹enza de una democracia incapaz de cerrar de verdad sus heridas.