¡°Muri¨® sin cobrar las ayudas¡±

Cuando los trabajadores sociales denuncian que el sistema de dependencia est¨¢ en retroceso, que la lista de espera se reduce en buena medida por las miles de personas que mueren atascadas en los tr¨¢mites para acceder a las ayudas o que hay regiones que hacen lo posible para no pagar lo que deben a los dependientes se refieren a casos como el de Amparo Caplliure.

¡°Es indignante todo lo que hemos tenido que pasar¡±, explica su hijo Rafael Miralles, ¡°la ley te reconoce unos derechos, pero luego te ignoran, te ningunean y te los niegan¡±. Su madre, Amparo, enferma de alzh¨¦imer, solicit¨® las ayudas a la Generalitat valenciana en octubre de 2008 y muri¨® tres a?os despu¨¦s, en noviembre de 2011, sin cobrar un solo euro.

Solo despu¨¦s de que sus dos hijos acudieran a los tribunales, la Administraci¨®n ha tenido que hacer frente ¡ªtarde y a la fuerza¡ª a sus obligaciones.

La Generalitat solo se dio prisa con Amparo en el primer tr¨¢mite. La fecha de registro de la solicitud es del 23 de octubre de 2008. Un mes despu¨¦s, el 17 de noviembre ya ten¨ªa reconocida su consideraci¨®n de gran dependiente con derecho a ayudas. Por entonces, las autonom¨ªas cobraban del Estado por los usuarios valorados, aunque no les atendieran

, como indica Sandra Casas, abogada de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Valencia. Ello daba lugar a casos como el de Amparo, en el que autonom¨ªas se quedaban con el dinero de los fondos estatales que recib¨ªan por los usuarios aunque no les prestaran ayuda.

A partir de entonces, el expediente entr¨® en v¨ªa muerta. La enfermedad segu¨ªa su curso y cada vez era m¨¢s dif¨ªcil cuidarla en casa. ¡°Hasta dos veces se dej¨® el gas abierto¡±, recuerda su hijo. Rafael y Amparo decidieron que el mejor lugar donde atender a su madre ser¨ªa una residencia. Como la ayuda no llegaba, decidieron complementar con su dinero la pensi¨®n de poco m¨¢s de 400 euros que recib¨ªa hasta cubrir los 1.500 euros del coste mensual de la plaza.

As¨ª pasaron dos a?os, esperando a que la Generalitat moviera ficha, hasta que un d¨ªa, en junio de 2011, lleg¨® la notificaci¨®n del Plan Integral de Atenci¨®n (PIA). Por fin se reconoc¨ªa el derecho de Amparo de percibir 625 euros al mes en concepto de prestaci¨®n econ¨®mica para acudir a una residencia privada a los que habr¨ªa que a?adir la suma de 13.579,85 euros por retrasos. Pero transcurr¨ªan los meses, y en la cuenta de Amparo no hab¨ªa ni rastro del ingreso de la Generalitat.

Harto de esperas, Rafael se interes¨® en distintas ocasiones por el expediente de su madre, sin ning¨²n ¨¦xito. ¡°Hice escritos de todo tipo a la consejer¨ªa sin que, a d¨ªa de hoy, haya recibido respuesta¡±. Tambi¨¦n acudi¨® a la sede de Bienestar Social con el mismo resultado. De las quejas al Defensor del Pueblo y su versi¨®n valenciana, el S¨ªndic de Greuges, Rafael directamente se r¨ªe con amargura: ¡°El s¨ªndic por lo menos me contest¨®, pero lo que me trasladaba era b¨¢sicamente la informaci¨®n que yo le hab¨ªa dado¡±.

El 5 de noviembre de 2011, tres a?os y dos semanas despu¨¦s de haber enviado la solicitud, Amparo muri¨® sin haber recibido ninguna ayuda de la ley. Y desapareci¨® de la lista de espera de la dependencia. ¡°Mi madre muri¨® y nunca cobr¨®. Se han cargado esta ley¡±, apunta Rafael. ¡°Se gastan el dinero en otras cosas, cuando esto es lo m¨¢s importante: atender a las personas mayores que se merecen una ayuda¡±, a?ade su hermana.

Los hermanos Caplliure esperaron unos meses y en mayo de 2012, decidieron ir a por todas y llegar hasta los tribunales si hac¨ªa falta. ¡°Quieren que te canses, que desistas, la t¨¢ctica est¨¢ muy clara¡±, comenta Ram¨®n.

Primero formularon un requerimiento de pago a Bienestar Social por v¨ªa administrativa. En total, el Gobierno valenciano les deb¨ªa 18.985 euros por las ayudas a la dependencia de su madre que reconoci¨® y se comprometi¨® a pagar, pero nunca abonaron. La respuesta, otra vez, fue el silencio.

La etapa siguiente era la v¨ªa judicial, camino que iniciaron en diciembre del a?o pasado. La Generalitat se neg¨® a pagar. ¡°La excusa que plantearon fue rid¨ªcula, dijeron que no hab¨ªamos acreditado que Amparo hubiera estado en una residencia, cuando ten¨ªamos todas las facturas¡±, relata Sandra Casas, abogada de los hermanos Miralles. Una sentencia reciente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, contra la que no cabe recurso, no deja lugar a dudas. Anula el rechazo de la Generalitat por silencio administrativo a pagar las ayudas de Amparo y concede a sus hijos el derecho a cobrar los 18.958,91 euros, m¨¢s intereses.

Fuentes de la Consejer¨ªa de Bienestar Social no entran en este caso en concreto, aunque sostienen que lo habitual es que en cuanto los beneficiarios reciben la resoluci¨®n y aportan las facturas (en este caso de la residencia), ¡°se paga¡±.

A Rafael y Amparo el procedimiento les ha costado 3.500 euros. No todo el mundo tiene las ganas ni, sobre todo, la capacidad econ¨®mica para llevar a la Administraci¨®n a los tribunales. ¡°La justicia est¨¢ para quien pueda pagarla¡±, apunta el hijo de Amparo, ¡°pero yo animo a todo el mundo que pueda que siga nuestros pasos¡±. La satisfacci¨®n ¡°es m¨¢s emocional¡± que por el dinero cobrado. ¡°Al final, mi madre ha cobrado la dependencia¡±, concluye.