35 a?os y siete leyes escolares

La legislaci¨®n educativa ha sido un baile continuo en Espa?a, lleno de pol¨¦micas, agrios debates, protestas en las calles e intervenci¨®n de los tribunales. Un vaiv¨¦n que muchos especialistas han se?alado como uno de los principales problemas del sistema, por lo que reclaman de una vez por todas un gran pacto de Estado que le d¨¦ una estabilidad imprescindible para la mejora. En la anterior legislatura se estuvo cerca de ese pacto, pero no se consigui¨®, y el actual proyecto que hoy se aprueba en el Congreso, la LOMCE, est¨¢ muy lejos de ¨¦l, con un ampl¨ªsimo consenso en contra: ha provocado ya dos huelgas generales y los principales partidos de la oposici¨®n se han comprometido a derogar la norma en cuanto puedan. Durante el agitado debate de la que ser¨¢ la s¨¦ptima ley org¨¢nica de la educaci¨®n no universitaria vigente durante la democracia, han vuelto a resurgir todos los problemas no resueltos desde hace muchas d¨¦cadas y sobre los que ha girado la legislaci¨®n: la convivencia entre la escuela p¨²blica y la privada, la presencia de la Religi¨®n en las aulas y el mantenimiento de un tronco com¨²n para todos los alumnos hasta los 16 a?os frente a la apertura de v¨ªas alternativas. El siguiente es un repaso a los cambios normativos de las ¨²ltimas d¨¦cadas.

Ley General de Educaci¨®n, LGE, 1970. Aprobada en 1970, a¨²n durante el r¨¦gimen franquista, dio la estructura b¨¢sica del sistema educativo hasta los a?os noventa. La educaci¨®n obligatoria iba de los 6 a los 14 a?os (EGB). Antes de esa edad estaba preescolar (con centros de p¨¢rvulos a los 4 y 5 a?os) y despu¨¦s el bachillerato (BUP), coronado con el Curso de Orientaci¨®n Universitaria (COU), de los 14 a los 18 a?os. En cuanto a la FP, la ley ¡°defin¨ªa una formaci¨®n profesional nueva, bien estructurada, con visi¨®n de futuro, y con aspectos muy innovadores, ya que situaba tres niveles, la FP1 y FP2 como un itinerario posterior a la EGB y al BUP, y la FP3 como salida corta tras el primer ciclo de la universidad¡±, aunque ese ¨²ltimo tramo no lleg¨® a entrar en vigor y los cambios modernizadores se acabaron diluyendo, seg¨²n escrib¨ªa en un art¨ªculo en El PA?S en 2002 la entonces consejera de Educaci¨®n del Pa¨ªs Vasco, Anjeles Iztueta.

Por lo dem¨¢s, la Ley General de Educaci¨®n "responde a un deseo de evoluci¨®n¡±, y ¡°su promulgaci¨®n representa la intenci¨®n de crear un modelo que responda o se adapte a los cambios demogr¨¢ficos, econ¨®micos, o culturales" que hab¨ªa ido consiguiendo la sociedad espa?ola, asegura el profesor de la Universidad de Valencia Alejandro Mayordomo en un trabajo de 2002. Y a?ade: "No solo se declaraba obligatoria y gratuita la EGB, sino que se especificaba que para hacer posible el ejercicio del derecho a la educaci¨®n en los niveles no obligatorios el Estado dar¨ªa plena efectividad al principio de igualdad de oportunidades; en el art¨ªculo 3 se expresaba respecto a la educaci¨®n que 'a todos los efectos tendr¨¢ la consideraci¨®n de servicio p¨²blico fundamental¡±.

Ley Org¨¢nica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares, LOECE, 1980. Esta norma abre un periodo de confrontaci¨®n para desarrollar legalmente el acuerdo educativo alcanzado con la Constituci¨®n. Este, en realidad, es tan ambiguo que permite, seg¨²n gobierne una postura ideol¨®gica u otra, que se proteja m¨¢s a la escuela p¨²blica (¡°Todos tienen el derecho a la educaci¨®n¡±, dice el texto constitucional) o a la privada (¡°Se reconoce la libertad de ense?anza¡±, se?ala tambi¨¦n). As¨ª, esa pelea abierta durante casi todo el siglo XX entre quienes defienden la escuela como servicio p¨²blico y com¨²n a cargo del Estado y quienes la entienden como un bien privado sujeto por encima de todo a la elecci¨®n y las decisiones de los padres (en este caso, postura muy vinculada a la Iglesia cat¨®lica) aflora con fuerza en esta ley, que, obra de un partido conservador (UCD), tiende a la segunda opci¨®n.

"?Cu¨¢les eran los aspectos discrepantes? Fundamentalmente tres: el art¨ªculo 5?, que afirmaba la libertad de elecci¨®n de centro de acuerdo con las convicciones religiosas y filos¨®ficas de los padres; el art¨ªculo 15, que subordinaba la libertad de expresi¨®n docente de los profesores al ideario educativo del centro; el art¨ªculo 34, que reconoc¨ªa al titular del centro el derecho a establecer el ideario educativo y amplias facultades de direcci¨®n, al tiempo que remit¨ªa al reglamento interno del centro la regulaci¨®n de la intervenci¨®n de la comunidad educativa en el control y gesti¨®n de los centros sostenidos con fondos p¨²blicos", escribe el profesor em¨¦rito de la UNED Manuel de Puelles. La libertad de elecci¨®n efectiva, seg¨²n el texto, requer¨ªa financiar con dinero p¨²blico la ense?anza privada, incluidos los llamados centros de ¨¦lite, pero sin contrapartidas para los titulares de los colegios.

La norma se aprob¨® en 1980, pero fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por la oposici¨®n. La justicia finalmente estim¨® parcialmente el recurso y elimin¨® varios puntos: "Se reconoce el derecho a establecer un ideario educativo propio como formando parte de la libertad de creaci¨®n de centros; se se?ala un contenido de la libertad de c¨¢tedra en los centros de cualquier grado o nivel, ¡®que habilita al docente para resistir cualquier mandato a dar a su ense?anza una orientaci¨®n ideol¨®gica determinada'; se afirma que la existencia de un ideario no obliga al profesor a convertirse en un apologista del mismo, pero tampoco a dirigir ataques abiertos o solapados contra ese ideario, las libertades del profesor y del centro han de hacerse compatibles¡±, entre otros, seg¨²n escribe el profesor Mayordomo.

Ley Org¨¢nica del Derecho a la Educaci¨®n, LODE, 1985. Ya con un Gobierno del PSOE, lleg¨® el turno desde el otro lado de la barrera ideol¨®gica para abordar el problema. La tramitaci¨®n de la LODE tambi¨¦n cont¨® con su agrio debate parlamentario y la llamada a los tribunales, que retras¨® su puesta en marcha durante m¨¢s de un a?o hasta que finalmente entr¨® en vigor en julio de 1985. Esta norma estableci¨® el r¨¦gimen de conciertos actual (la subvenci¨®n a los colegios privados para que ofrezcan ense?anzas obligatorias gratuitas) a cambio, ahora s¨ª, de contrapartidas. La LODE estableci¨® "la actuaci¨®n de los centros docentes con sujeci¨®n a los principios constitucionales, garant¨ªa de neutralidad ideol¨®gica y respeto de las opciones religiosas y morales; garant¨ªa de la efectividad del derecho a la educaci¨®n y de la posibilidad de escoger centro docente, mediante una programaci¨®n general de la ense?anza ¡ªcon la participaci¨®n efectiva de todos los afectados [¡­]; establecimiento de criterios prioritarios ¡ªcomo renta o proximidad al domicilio¡ª para la admisi¨®n de alumnos en los centros p¨²blicos cuando no existan plazas suficientes; el derecho de los titulares de centros privados a establecer el car¨¢cter propio de los mismos, que deber¨¢ ser puesto en conocimiento de los distintos miembros de la comunidad educativa¡±, seg¨²n vuelve a reflejar Mayordomo en su trabajo La transici¨®n a la democracia: educaci¨®n y desarrollo pol¨ªtico.

Tras el pronunciamiento del Constitucional ¡ªdesestim¨® el recurso presentado por Alianza Popular y solo se retir¨® un punto que dec¨ªa que el car¨¢cter propio de los privados ten¨ªa que someterse a una autorizaci¨®n previa¡ª, la LODE fue aprobada por 196 votos a favor, correspondientes al Grupo Socialista y a la Minor¨ªa Catalana; 96 en contra, del Grupo Popular y la Minor¨ªa Vasca, y seis abstenciones del Grupo Mixto.

Ley Org¨¢nica de Ordenaci¨®n General del Sistema Educativo, LOGSE, 1990. Resuelta, al menos en apariencia, la convivencia de la escuela p¨²blica y la privada, le llegaba ahora el turno a la estructura del sistema. As¨ª, despu¨¦s de varios a?os de negociaci¨®n y de propuestas, en 1990 se aprob¨® la LOGSE, el cambio m¨¢s profundo de la escuela durante la democracia, y cuya estructura de cursos y etapas contin¨²a vigente hoy. Esta norma aument¨® la escolarizaci¨®n obligatoria hasta los 16 a?os, y la dividi¨® en dos etapas: Educaci¨®n Primaria (de 6 a 12 a?os) y Educaci¨®n Secundaria Obligatoria (ESO, de 12 a 16). Antes, se establecen dos ciclos de Educaci¨®n Infantil: hasta 3 a?os y de 3 a 6. Despu¨¦s de la ESO llegan dos cursos de Bachillerato previos a la Universidad. La FP se dividi¨®, como antes, en dos, pero requiere un t¨ªtulo para acceder: el de la ESO para la FP de grado medio y el de bachillerato, para la de grado superior. El objetivo era dignificar las ense?anzas t¨¦cnicas, tenidas tradicionalmente como la v¨ªa para el que no consegu¨ªa encajar acad¨¦micamente. Sin embargo, la exigencia previa en el caso del grado medio ha sido se?alada despu¨¦s como un error por algunos expertos, pues dejaba a los alumnos que no lograban la ESO sin alternativas para seguir estudiando.

La LOGSE fue aprobada en el Congreso con los ¨²nicos votos en contra del PP (dos diputados de Uni¨®n Valenciana se abstuvieron). La norma, que se puso en marcha gradualmente a lo largo de casi una d¨¦cada, ha sido se?alada insistentemente por los populares como uno de los grandes enemigos de la calidad de la ense?anza: han atacado una y otra vez la comprensividad --es decir, que los alumnos tuvieran que estar juntos y estudiando b¨¢sicamente los mismo hasta el final de la ESO, a los 16 a?os-- y una supuesta p¨¦rdida de exigencia acad¨¦mica

Ley Org¨¢nica de Calidad de la Educaci¨®n, LOCE, 2002. La Ley de Calidad del Gobierno de Aznar no toc¨® la estructura anterior; la escolarizaci¨®n obligatoria hasta los 16 a?os estaba ya completamente asentada. Sin embargo, pon¨ªa en marcha caminos alternativos dentro de la ESO para contrarrestar esa comprensividad que tanto hab¨ªan criticado. As¨ª, se abr¨ªan itinerarios distintos, seg¨²n el rendimiento de los alumnos, al final de la ESO. A partir de los 14 a?os (tercero de ESO) se les divid¨ªa entre los que quisieran ir al bachillerato o a la formaci¨®n profesional (en este curso, la separaci¨®n ser¨ªa con la asignatura de matem¨¢ticas, en un caso m¨¢s dif¨ªciles que en el otro). En cuarto, el itinerario para los futuros bachilleres se desdoblar¨ªa (en uno cient¨ªfico y otro human¨ªstico) y se a?ad¨ªa otra opci¨®n m¨¢s: los Programas de Iniciaci¨®n Profesional (PIP), de dos a?os de duraci¨®n, para los estudiantes con m¨¢s dificultades. Todos daban acceso al t¨ªtulo de la ESO. La gran cr¨ªtica desde la izquierda a este modelo fue a una posible segregaci¨®n temprana que perpetuase las desigualdades sociales, es decir, que a los alumnos pobres se les acabase enviando por norma a los caminos alternativos.

Asimismo, la LOCE otorgaba "car¨¢cter asistencial" a la educaci¨®n preescolar (de 0 a 3 a?os), y que todos los alumnos estudiar¨ªan Religi¨®n o su alternativa, Hecho Religioso, desde la primaria al bachillerato; ambas materias ser¨ªan evaluables y computar¨ªan para la nota media. Adem¨¢s, se endurec¨ªa el paso de curso en la ESO (repetir¨ªan con dos suspensos) y recuperaba la rev¨¢lida al final del bachillerato como requisito ineludible para obtener el t¨ªtulo y acceder a la Universidad. Sin la rev¨¢lida, pero con los dos cursos de bachillerato aprobados, se podr¨ªa pasar a la FP de grado superior.

La LOCE fue aprobada en diciembre de 2002 con los ¨²nicos votos favorables del PP y de Coalici¨®n Canaria. Sin embargo, la norma fue derogada cuando lleg¨® el PSOE al Gobierno en 2004, por lo que apenas lleg¨® a entrar en vigor en unos pocos puntos.

Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n, LOE, 2006. Con el PSOE de nuevo en el poder, la LOE derog¨® todas las anteriores leyes vigentes salvo la LODE, de la que qued¨® algo, aunque poco. Es la que actualmente est¨¢ en vigor. Tambi¨¦n lleg¨®, como las dem¨¢s, acompa?ada de pol¨¦mica y de manifestaciones en las calles. Mantiene la estructura b¨¢sica del sistema, de cursos y etapas, que estableci¨® la LOGSE.

Sobre Religi¨®n, dice que todos los centros tendr¨¢n que ofrecer esta asignatura pero solo la cursar¨¢n los alumnos que lo deseen, sin alternativa. La nota nunca contar¨¢ para cualquier proceso competitivo, por ejemplo, para conseguir becas o para entrar en un colegio u otro. En la ESO, los alumnos con tres suspensos deben repetir, a no ser que sus profesores digan lo contrario. Se crean dos asignaturas nuevas: Ciencias para el Mundo Contempor¨¢neo en bachillerato, y Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa en todas las etapas. Esta ¨²ltima materia caus¨® un gran rechazo en la Iglesia cat¨®lica y sectores conservadores que llegaron a boicotearla.

Por otro lado, se establecen comisiones de admisi¨®n con representantes de las administraciones educativa y local, los padres, los docentes y los centros p¨²blicos y privados para velar por que nadie haga trampas. Adem¨¢s, se retoma la idea de la iniciaci¨®n profesional de la LOCE para los alumnos m¨¢s complicados, aunque con un ligero cambio de nombre (Programas de Cualificaci¨®n Profesional Inicial, PCPI), con una curso obligatorio y otro optativo y estableciendo que la entrada deb¨ªa ser a los 16 a?os salvo en contadas excepciones.

La ley fue aprobada en el Congreso en abril de 2006 con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos del PP, que vot¨® en contra, y de CiU, que se abstuvo.

Ley Org¨¢nica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, 2013. En la ¨²ltima etapa del Gobierno socialista, con ?ngel Gabilondo como ministro de Educaci¨®n, hubo un intento de pacto de Estado que estuvo muy cerca de materializarse. Aunque no fue as¨ª, el Gobierno aprob¨®, dentro de la Ley de Econom¨ªa Sostenible de 2011, algunos cambios y algunas concesiones a los populares. Por ejemplo, que en el ¨²ltimo curso de ESO se abrieran dos v¨ªas, con materias comunes, pero tambi¨¦n distintas dependiendo de si el alumno quer¨ªa estudiar despu¨¦s bachillerato o FP; o el adelantamiento a los 15 a?os de la entrada a los PCPI. Pero con la llegada del PP al Gobierno se paralizaron estos cambios y el ministerio dirigido por Jos¨¦ Ignacio Wert empez¨® a trabajar en lo que en principio se anunci¨® como una reforma parcial de la LOE, pero que finalmente se ha convertido en un cambio de gran calado (seg¨²n, al menos, el Consejo de Estado): la Ley Org¨¢nica para la Mejora de la Calidad Educativa.

Esta recupera numerosos puntos de la frustrada LOCE de 2002: las rev¨¢lidas al final del bachillerato (tambi¨¦n pone otra al final de la ESO), la Religi¨®n evaluable con una alternativa y los itinerarios. Asimismo, establece un nuevo sistema para fijar los contenidos de las asignaturas con el que el Gobierno central se asegura m¨¢s control de las materias troncales (matem¨¢ticas, lengua, ciencias, ingl¨¦s, historia...). Tambi¨¦n promueve la especializaci¨®n de los centros en determinadas ¨¢reas (por ejemplo, la v¨ªa hacia la FP o al bachillerato en la ESO) o en planes de mejora de la calidad (los centros que lo impartan podr¨¢n tener fondos extra), a la vez que da m¨¢s poder a los directores (a los que elegir¨¢ la Administraci¨®n) mientras se lo resta a los consejos escolares (formados por docentes, padres y, en los institutos, alumnos). Elimina Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa y Ciencias para el Mundo Contempor¨¢neo. Tambi¨¦n apoya a la escuela concertada, por ejemplo, respaldando en una ley org¨¢nica que se pueda dar terreno p¨²blico para construir centros privados subvencionados.