Poco que hacer frente a los violadores libres

Son, con todas las de la ley, ciudadanos libres. Ya han pagado su deuda con la sociedad, pero los expedientes penitenciarios indican que algunos siguen siendo un peligro para todos. Pese a la amenaza, de ning¨²n modo pueden volver a prisi¨®n si antes no delinquen. ?Qu¨¦ hacer, pues, con los agresores sexuales reincidentes que quedan, sin remedio, en libertad y que despiertan la alarma social y el terror de sus v¨ªctimas? La derogaci¨®n parcial de la doctrina Parot convierte la respuesta en algo acuciante. Junto a miembros de ETA, a lo largo de estas semanas est¨¢n abandonando las c¨¢rceles espa?olas algunos de los m¨¢s peligrosos delincuentes sexuales de los ¨²ltimos a?os.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos est¨¢ anticipando la excarcelaci¨®n de una quincena de asesinos y violadores, seg¨²n fuentes penitenciarias. Algunos no han mostrado signos de arrepentimiento, ni se han sometido a terapias para solucionar los trastornos que les llevaron a la celda. Para esos reos, ahora hombres libres, la c¨¢rcel no ha cumplido la funci¨®n de reinserci¨®n que le otorga la Constituci¨®n.

La polic¨ªa somete a los excarcelados a una supervisi¨®n no invasiva

Un caso llamativo es el de Manuel Gonz¨¢lez Gonz¨¢lez, conocido como El Loco del ch¨¢ndal. El pasado viernes, camuflado con gafas oscuras, gorro polar y abundante ropa, abandon¨® el penal de Brians (Barcelona). Ante su inminente liberaci¨®n, uno de los psic¨®logos del centro elabor¨® un informe demoledor, en el que alertaba del ¡°riesgo extremo¡± de que Gonz¨¢lez volviera a cometer agresiones e, incluso, de que matara a alguien. A principios de los a?os noventa, El Loco del ch¨¢ndal atac¨® a 16 mujeres: las sorprend¨ªa por la espalda y, tras clavarles un cuchillo en las nalgas ¡ªesa era su forma de excitarse¡ª se iba corriendo. Una de ellas, Carmen D¨ªaz (31 a?os) muri¨® desangrada.

?Qu¨¦ herramientas ofrece el derecho penal para abordar esas situaciones? Pocas o ninguna, coinciden los expertos, que discrepan, en cambio, a la hora de decidir si esas herramientas son suficientes o se deben adoptar otras para minimizar riesgos. ¡°Ante una extinci¨®n de condena, las armas jur¨ªdicas son las que son. En estos momentos, poco se puede hacer. Cosa distinta es que, en el futuro, se aprueben modificaciones legislativas que lo permitan¡±. opina Jos¨¦ Luis Castro, juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Castro a?ade que ser¨ªa factible una ¡°reflexi¨®n serena¡± para ¡°establecer, en el futuro, criterios de actuaci¨®n¡±.

Gonz¨¢lez est¨¢ siendo sometido a una vigilancia discreta pero constante. Los Mossos d¡¯Esquadra le siguen a una distancia prudencial las 24 horas. Los primeros d¨ªas, coinciden fuentes policiales, son clave. Los agentes quieren saber ad¨®nde va, c¨®mo se comporta y qu¨¦ h¨¢bitos y rutinas adquiere tras pasar m¨¢s de 20 a?os entre rejas. Los informes psiqui¨¢tricos alertaron, adem¨¢s, de que est¨¢ ¡°resentido¡± con el sistema y que, en la calle, podr¨ªa ser a¨²n m¨¢s agresivo.

Esta medida, de 2010, no puede aplicarse a los que delinquieron antes

Id¨¦ntica vigilancia ¡°no invasiva¡± est¨¢ llevando a cabo la Polic¨ªa sobre Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor. Su salida de prisi¨®n ha conmocionado a Valladolid: el subdelegado del Gobierno en esa provincia, Antonio Mart¨ªnez, admiti¨® ¡°cierta psicosis colectiva y social¡±, pero se mostr¨® confiado en que el control policial ayude a calmar los ¨¢nimos. Hace unos d¨ªas, la iglesia del pueblo de Honcalada ¡ªdonde se le hab¨ªa situado¡ª amaneci¨® con carteles contra el agresor: ¡°No queremos asesinos ni violadores ni familiares que les apoyen¡±. A la repulsa social se suma la consternaci¨®n de las v¨ªctimas, que reviven sus pesadillas de anta?o: algunas temen que el violador vuelva a buscarlas o ataque a alg¨²n familiar, especialmente a sus hijas. ¡°Las mujeres nos llaman, est¨¢n muy asustadas. Las hay que ya han vuelto a terapia con el psic¨®logo¡±, explica Tina Alarc¨®n, presidenta del Centro de Asistencia a V¨ªctimas de Agresiones Sexuales (Cavas). Alarc¨®n aplaude la iniciativa que, la semana pasada, impuls¨® el tribunal que juzg¨® y conden¨® a El Loco del ch¨¢ndal. Las magistradas citaron a sus v¨ªctimas ¡ªocho acudieron al encuentro¡ª para explicarles las circunstancias del caso, admitir que Gonz¨¢lez no estaba rehabilitado y ofrecerles medidas de protecci¨®n.

A diferencia de las v¨ªctimas del terrorismo, agrupadas en asociaciones influyentes, las de violadores est¨¢n solas. Su ¨²nica satisfacci¨®n, conceden los expertos, es una condena y una indemnizaci¨®n que, en muchos casos, no llega a hacerse efectiva. Algunas entidades ya se han puesto en contacto con la fiscal¨ªa para que promueva su protecci¨®n. En el encuentro, a las v¨ªctimas de Gonz¨¢lez les preocupaban dos cosas: d¨®nde iba a vivir y qu¨¦ aspecto tiene actualmente su agresor. Las magistradas no pudieron atender esas demandas, pero trataron de tranquilizarlas. ¡°Estos delincuentes, que no han mostrado ning¨²n tipo de remordimiento y son agresivos y peligrosos, no pertenecen a ninguna organizaci¨®n o grupo que les pueda controlar. Act¨²an por sus propios impulsos. Para las v¨ªctimas, es un problema serio. Si nos ajustamos a la ley, estas personas han cumplido su castigo y deben salir libres... La soluci¨®n no es f¨¢cil¡±, admite Alarc¨®n.

Juristas y expertos en derecho penal y penitenciario admiten que las herramientas se limitan, b¨¢sicamente, a la vigilancia policial no invasiva. A diferencia de lo que ocurre en otros pa¨ªses del ¨¢mbito europeo, as¨ª como en Estados Unidos, no existen ¡°medidas de seguridad¡± ajenas a la condena impuesta, y ni siquiera la reforma penal de 2010 ha cambiado esa situaci¨®n. ¡°Los ciudadanos nos sentir¨ªamos inseguros si las penas de prisi¨®n fueran indeterminadas¡±, explica Juli¨¢n R¨ªos, profesor de Derecho Penitenciario de la Universidad de Comillas. R¨ªos a?ade que, como ¡°la psicolog¨ªa no es una ciencia exacta¡±, los ¡°juicios sobre comportamientos de futuro no pueden predecir con total certeza una determinada conducta¡±.

¡°Nos sentir¨ªamos inseguros con penas indeterminadas¡±, alerta R¨ªos

Dada la preocupaci¨®n que genera, el problema de los agresores sexuales se ha abordado desde ¨¢ngulos muy distintos pero, por lo general, a golpe de esc¨¢ndalo. En 2007, la mal llamada castraci¨®n qu¨ªmica ¡ªun tratamiento que inhibe la libido¡ª acapar¨® un debate que naci¨® en Francia, tras una propuesta del expresidente Nicol¨¢s Sarkozy a ra¨ªz de un pederasta excarcelado. La propuesta cuaj¨® en Catalu?a. Y, aunque un comit¨¦ de expertos rechaz¨® que se impusiera de forma obligatoria como parte de la pena ¡ªpor considerarla inconstitucional¡ª el programa se ofreci¨® en las c¨¢rceles catalanas. Al menos un reo se ha sometido a ella de forma voluntaria: Alejandro Mart¨ªnez Singul, el segundo violador del Eixample, otro delincuente no rehabilitado que abandon¨® la prisi¨®n el pasado julio. Hoy, sigue siendo discretamente vigilado y est¨¢ en contacto con los Mossos.

El gran cambio lleg¨® en 2010. El Gobierno socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero aprob¨® una reforma del C¨®digo Penal que introduc¨ªa la ¡°libertad vigilada¡± para delincuentes sexuales y terroristas. Una vez cumplida la pena de prisi¨®n, el condenado debe someterse a unas ¡°medidas de seguridad¡± durante un m¨¢ximo de diez a?os y siempre que, dada su peligrosidad, un juez lo estime necesario. Esos mecanismos de control son variados: personarse en el juzgado, llevar dispositivos electr¨®nicos que permitan la localizaci¨®n o prohibici¨®n de frecuentar determinados lugares. El proyecto de reforma de la ley penal elaborado por el ejecutivo de Mariano Rajoy prev¨¦ ampliar esa libertad vigilada de forma indefinida, o al menos hasta que un juez decida ponerle fin. El borrador del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard¨®n, contemplaba una ¡°custodia de seguridad¡± que permitir¨ªa ampliar hasta en diez a?os (m¨¢s all¨¢ de la pena impuesta) la estancia en la c¨¢rcel de presos peligrosos. La medida ha sido finalmente desestimada por las dudas sobre su constitucionalidad, aunque algo similar funciona en pa¨ªses como Alemania, Dinamarca, Italia o Suiza.

La ¡°libertad vigilada¡± aprobada en 2010 no puede aplicarse, sin embargo, a los violadores que estos d¨ªas abandonan las c¨¢rceles o a los que han delinquido antes de esa fecha, juzgan los expertos. ¡°Sobre hechos anteriores a la reforma, sigue sin haber mecanismos¡±, tercia la penalista Olga Tubau, que defiende la oportunidad de la vigilancia ¡°no intrusiva¡± de las fuerzas de seguridad. ¡°La polic¨ªa, adem¨¢s de una funci¨®n represora del delito, tambi¨¦n tiene una funci¨®n preventiva. Es leg¨ªtimo vigilar a personas sobre las que se tiene un diagn¨®stico de peligrosidad para la sociedad¡±, dice la abogada, del despacho Tubau-Lajara-Echavarri.

Las v¨ªctimas piden saber d¨®nde van a vivir sus agresores y qu¨¦ aspecto tienen

El portavoz de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, coincide en que es razonable que la polic¨ªa ¡°pueda tener cierto control¡± sobre personas que claramente no est¨¢n rehabilitadas y suponen una amenaza. ¡°De la misma manera que los agentes manejan informaci¨®n y siguen a los grupos skins, tambi¨¦n pueden hacer esta labor, pero sin coartar la libertad de esa persona. La labor de seguridad se extiende a individuos sospechosos¡±. El portavoz asume que, sin medidas pospenitenciarias ¡ª¡°desaparecieron hace mucho de nuestro sistema¡±¡ª es dif¨ªcil dar con la tecla adecuada. ¡°Para los que creemos en las segundas oportunidades y en la rehabilitaci¨®n de las personas, es complejo¡±, se?ala.

Tubau, en l¨ªnea con las tesis de expertos en psiquiatr¨ªa forense, cree en cambio que hay ¡°personas irrecuperables¡± que, por desgracia, ¡°no van a poder adecuar nunca su comportamiento a una vida social en paz¡±. Aunque admite que la vida en sociedad comporta riesgos, y que el concepto de ¡°control¡± puede ¡°poner los pelos de punta¡±, Tubau asume que seguramente es necesario adoptar medidas de ese tipo. ¡°Tienes identificado a alguien que puede ser peligroso. ?Qu¨¦ haces?¡± R¨ªos opta por hacerse otra pregunta: ¡°?Ha puesto el Estado los medios suficientes para tratar a estas personas?¡±

Los expertos apuntan que hay v¨ªas para conjugar el derecho fundamental a la libertad y la existencia de controles. ¡°Es un tema pol¨¦mico, pero creo que es necesario protegernos de estas personas con medidas de seguridad. No se trata de volverles a castigar, porque ya han pagado su deuda. Pero un Estado no puede permitirse imponer una pena y, luego, olvidarse¡±, explica Ricardo Robles, profesor de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y autor del estudio de 2007 Sexual Predators. Estrategias y l¨ªmites del Derecho Penal de la peligrosidad.

¡°Es necesario protegernos con medidas de control¡±, afirma un jurista

Robles cree que, en los pa¨ªses avanzados, se est¨¢n ¡°imponiendo las medidas de control telem¨¢tico¡±. En Canad¨¢, por ejemplo, se utiliza el sistema GPS para mantener a los delincuentes sexuales bajo control. En Espa?a, esas medidas no se han valorado porque ¡°pesa mucho en la conciencia colectiva¡± la ley de vagos y maleantes del franquismo, que ¡°contemplaba acciones predelictuales¡±.

En algunos Estados norteamericanos impera una medida cl¨¢sica: la comparecencia en el juzgado o, en su caso, la comunicaci¨®n peri¨®dica con la polic¨ªa para confirmar el lugar de domicilio. Si se olvidan de hacerlo, vuelven a prisi¨®n. Tambi¨¦n en Norteam¨¦rica, existe la castraci¨®n qu¨ªmica forzosa. Pero no siempre ha dado resultados. ¡°No es solo una cuesti¨®n sexual, sino mental. Los reincidentes agred¨ªan a las mujeres con palos o botellas. Usan los genitales igual que el maltratador usa un cuchillo¡±, asegura Alarc¨®n, quien recalca que las mujeres, a menudo, piden medidas m¨¢s extremas. ¡°En Europa, en ocasiones se hacen listas de residencias de individuos peligrosos con el consentimiento de la sociedad civil¡±. La presidenta de Cavas admite la ilegalidad de esa medida: ¡°Una vez pintamos la casa de un acusado. Nos cay¨® un buen puro¡±, recuerda. En Reino Unido, el Gobierno ha aprobado una ley que permitir¨¢ a las mujeres conocer si sus parejas arrastran un historial violento.

El familiar de una v¨ªctima que acudi¨® a la reuni¨®n sobre El Loco del ch¨¢ndal plante¨® otra posibilidad: internar, por la v¨ªa civil, al agresor en un psiqui¨¢trico. Los expertos, sin embargo, dudan de que pueda aplicarse algo as¨ª. ¡°El problema es que no son propiamente enfermos mentales para encerrarlos¡±, dice Alarc¨®n. ¡°La prueba de que no son incapaces es que han sido condenados a cumplir una pena¡±, tercia Robles. El profesor R¨ªos cree que, una vez acabada la condena, ¡°no queda m¨¢s remedio que para la prevenci¨®n de delitos futuros se utilicen los medios que tiene el Estado: la polic¨ªa, y la disuasi¨®n a trav¨¦s de la intimidaci¨®n que supone la prisi¨®n en caso de cometer el delito¡±.

Los expertos avalan el control telem¨¢tico y la comparecencia en los juzgados

Un estudio sobre reincidencia elaborado por la Universidad de Barcelona (UB) con internos de Brians ¡ªel ¨²nico hecho hasta la fecha en Espa?a¡ª se?ala la importancia de los tratamientos psicol¨®gicos a la hora de evitar la reincidencia de los agresores sexuales. El estudio, elaborado en 2009, muestra que la tasa entre los presos que recibieron tratamiento es netamente inferior (4%) a los de los agresores sin tratamiento (18%). El informe concluye que la reincidencia en este tipo de delitos es ¡°m¨¢s baja¡± que en los robos, por ejemplo. Los problemas que genera, alerta el informe, ¡°desbordan el ¨¢mbito penitenciario¡± y deben tratarse ¡°desde una perspectiva m¨¦dica y social¡±.

Los expertos reclaman, en ese sentido, m¨¢s recursos y servicios sociales. Coincidiendo con la salida del violador del ascensor ¡ªque fue condenado a 270 a?os de prisi¨®n por la violaci¨®n y asesinato de dos j¨®venes y otras 18 agresiones sexuales¡ª la Junta de Castilla y Leon modific¨® la ley que regula las ayudas sociales. Los asesinos y violadores condenados que, pese a haber cumplido pena de c¨¢rcel, no hayan abonado la indemnizaci¨®n a las v¨ªctimas, no podr¨¢n cobrar la renta garantizada de ciudadan¨ªa de la comunidad.

No hacer nada, opinan los juristas, puede ser contraproducente. ¡°Si evitamos que haya impunidad, podremos huir de otros debates como la prisi¨®n permanente o la pena de muerte¡±, alega Tubau. ¡°Si no adoptamos medidas que tranquilicen, puede ser que haya reacciones informales en la sociedad. Lo contrario es injusto para ellos y para nosotros. Y una segunda oportunidad puede salir muy cara¡±, advierte Robles.