Un pol¨¦mico asesor para abortar
El Gobierno abre la puerta a concertar la prestaci¨®n, pero decidir¨¢n las autonom¨ªas. Cl¨ªnicas y asociaciones alertan del riesgo de que caiga en manos de antiabortistas
El nuevo procedimiento de ¡°asesoramiento asistencial completo¡± que impondr¨¢ la futura ley del aborto a todas las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en Espa?a ¡ªpara que reflexionen durante siete d¨ªas sobre alternativas al aborto antes de consumar su decisi¨®n¡ª ha encendido la luz de alarma entre algunas asociaciones de mujeres y de cl¨ªnicas que realizan esta intervenci¨®n. ?Qui¨¦n prestar¨¢ ese asesoramiento? ?Con qu¨¦ medios, teniendo en cuenta que habr¨¢ que concertar una entrevista personal con cada mujer que tenga intenci¨®n de abortar (unas 300 diarias en toda Espa?a)? ?Acabar¨¢ ese servicio delegado en centros privados, gestionados en muchas ocasiones por asociaciones antiabortistas?
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, dijo el pasado d¨ªa 20 ¡ªcuando el Consejo de Ministros aprob¨® el anteproyecto de ley¡ª que el asesoramiento lo realizar¨¢ ¡°un colaborador del sistema p¨²blico¡±. Y el propio anteproyecto delega ese cometido en ¡°los servicios a los que se refiere el art¨ªculo 18 de la Ley General de Sanidad¡± ¡ªes decir, los servicios p¨²blicos de salud¡ª. Pero fuentes del Gobierno admiten que no se descarta firmar m¨¢s adelante ¡°protocolos en favor de entidades privadas¡± para prestar ese asesoramiento a las embarazadas, porque los recursos de los servicios p¨²blicos son limitados.
Los servicios de salud de la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas tienen, adem¨¢s de sanitarios, trabajadores sociales. Estos ser¨ªan, en principio, los indicados para ofrecer la informaci¨®n. Pero, como las competencias tanto de sanidad como de servicios sociales est¨¢n transferidas a las comunidades aut¨®nomas, son estas, precisa una portavoz del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, quienes deber¨¢n determinar, conforme a sus medios, c¨®mo se proporciona esta prestaci¨®n. La mayor¨ªa de ellas, por ejemplo, ya tienen concertadas las intervenciones de interrupci¨®n del embarazo con cl¨ªnicas privadas, que realizan el 93% de los abortos.
Los trabajadores sociales dicen no tener recursos para prestar el servicio
Las autonom¨ªas, que son quienes, como ahora, tendr¨¢n que gestionar los servicios conforme al nuevo desarrollo normativo, rechazan por el momento pronunciarse. Algunas, como Asturias o Andaluc¨ªa, de hecho, estudian ya recurrir la ley. El departamento de Ana Mato precisa que se mantendr¨¢n reuniones con los responsables auton¨®micos para tratar de acordar una postura com¨²n.
Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, cree que la redacci¨®n del anteproyecto de ley sobre c¨®mo, qui¨¦n y qu¨¦ informaci¨®n se dar¨¢ a las mujeres que se planteen abortar es ¡°muy farragoso¡±. Afirma que, como ya ha sucedido con otras prestaciones, el sistema elegido por el Ministerio de Justicia abre la puerta a que se concierte el servicio de asesoramiento. ¡°Esto ya es una realidad en otros campos de los servicios sociales. Se hizo, por ejemplo, con los puntos de atenci¨®n de algunos Ayuntamientos sobre la Ley de Dependencia¡±, dice.
Lima recalca que no est¨¢ de acuerdo con la nueva ley, aunque matiza que el asunto no se ha debatido a¨²n en el seno del Consejo. Explica que ahora los trabajadores sociales ya atienden e informan a las mujeres que acuden a solicitar asesoramiento sobre sus opciones ante un embarazo no deseado. ¡°Es el personal que mejor preparado est¨¢ para ello¡±, subraya.
Las cl¨ªnicas creen que la legislaci¨®n est¨¢ ¡°para disuadir¡± de parar la gestaci¨®n
El sistema mayoritario y obligatorio de informaci¨®n, sin embargo, es por escrito. Desde el a?o 2010, cuando una mujer comunica a un m¨¦dico su decisi¨®n de abortar recibe un sobre cerrado con informaci¨®n sobre las alternativas y las ayudas p¨²blicas a las que puede acceder si cambia de idea y decide proseguir con su embarazo. La mujer tiene que leer esa informaci¨®n y reflexionar durante tres d¨ªas antes de someterse al aborto. Ruiz-Gallard¨®n considera que ese ¡°mero tr¨¢mite¡± no garantiza ¡°un asesoramiento en profundidad¡± a las embarazadas. Por eso, en la nueva ley del aborto que ha aprobado el Gobierno el procedimiento de informaci¨®n previa sufre una transformaci¨®n total: la embarazada recibir¨¢ un asesoramiento ¡°personal, individualizado y verbal¡± (en persona, no por escrito), el contenido de la informaci¨®n ser¨¢ mucho m¨¢s extenso y de variado tenor ¡ªse le recordar¨¢, por ejemplo, que el no nacido es un ¡°bien jur¨ªdico protegido por la Constituci¨®n¡±, y se le aconsejar¨¢ sobre c¨®mo resolver sus ¡°conflictos¡± personales¡ª, y la mujer tendr¨¢ que reflexionar durante todo ello durante siete d¨ªas, no tres.
Lima insiste en que los servicios sociales tienen capacidad t¨¦cnica para realizar esta labor de asesoramiento, aunque reconoce que, de momento, no hay ¡°recursos efectivos¡± para ofrecerla. ¡°Para que esto no sea un mero tr¨¢mite se necesita hacer una entrevista con la mujer, quiz¨¢ hacerle una visita, un estudio de su situaci¨®n... Para eso se precisan medios y ahora, ante el desmantelamiento de los servicios sociales, se tiende hacia todo lo contrario¡±, dice.
Las cl¨ªnicas autorizadas para practicar abortos temen que la Administraci¨®n acabe dejando el ¡°asesoramiento asistencial completo¡± a las embarazadas en manos de asociaciones y centros privados de apoyo a la maternidad; muchas de ellas gestionadas por grupos antiabortistas. ¡°Eso del ¡®colaborador del sistema p¨²blico¡¯ que dijo el ministro es muy vago, y puede incluir perfectamente conciertos con centros privados. ?C¨®mo se controlar¨ªa qu¨¦ tipo de asesoramiento objetivo se da en ellos?¡±, pregunta Diego Fern¨¢ndez, director de la cl¨ªnica Dator. Francisca Garc¨ªa, presidenta de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Autorizadas para la Interrupci¨®n del Embarazo (ACAI), rechaza, adem¨¢s, que como parte de esa informaci¨®n se tenga que hablar a la mujer de los riesgos del aborto para su fertilidad o plantearle la posibilidad de la adopci¨®n. ¡°Toda la ley est¨¢ hecha no para asumir la decisi¨®n de la mujer, sino para tratar de disuadirla de abortar¡±, dice.
La mayor¨ªa de las organizaciones de mujeres est¨¢n seriamente preocupadas por la informaci¨®n que se va a facilitar a las embarazadas. ¡°Partiendo de la base de que ya cuestiona a las mujeres que acuden solicitando esta prestaci¨®n sanitaria, en funci¨®n de c¨®mo sea el asesoramiento y qui¨¦n lo haga puede ser no solo un obst¨¢culo, tambi¨¦n un acto de intimidaci¨®n e incluso de tortura¡±, considera Justa Montero, de la Asamblea Feminista.
Tambi¨¦n numerosas organizaciones de mujeres temen que se concierte el servicio con entidades contrarias al aborto, como las que tratan de disuadir a las mujeres en la puerta de las cl¨ªnicas. En Alemania, por ejemplo, existe un sistema similar de asesoramiento como el elegido por Gallard¨®n, pero all¨ª las mujeres pueden elegir qui¨¦n les ofrece la informaci¨®n conforme, por ejemplo, a sus creencias religiosas.
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