?C¨®mo que no puedo votar?

¡°Antes s¨ª pod¨ªa votar; ahora, el juez me dice que no. Est¨¢ muy feo. Yo votaba a quien quer¨ªa¡±. Jos¨¦ Ignacio Ram¨ªrez Moreno es uno de los casi 80.000 espa?oles privados del sufragio por una sentencia de incapacitaci¨®n. Naci¨® en M¨¦rida hace 28 a?os, pero desde hace tres vive en Badajoz en un piso tutelado por Aexpainba, una asociaci¨®n para la integraci¨®n de personas con inteligencia l¨ªmite o discapacidad intelectual ligera. ?l tiene un grado del 66%, que incluye su deficiencia auditiva. En 2011, tras haber participado en varias elecciones, este estudiante de auxiliar de oficina fue eliminado del censo electoral.

Solo un juez puede privar del derecho al voto en dos supuestos: ser condenado por un delito o ser objeto de un proceso de incapacitaci¨®n. Este ¨²ltimo sirve para poner bajo tutela a quienes no pueden regirse por s¨ª mismos en determinados aspectos, como algunas personas con discapacidad intelectual, con problemas mentales o mayores con deterioro cognitivo. Los padres de Jos¨¦ Ignacio iniciaron el procedimiento para prorrogar su patria potestad y proteger as¨ª sus bienes. ¡°Nadie nos avis¨® de que eso pudiera modificar su habilitaci¨®n para votar¡±, lamenta Ignacio Ram¨ªrez L¨®pez, su progenitor.

Esta medida debe ser una excepci¨®n y no una regla¡±, dice un constitucionalista

El Congreso aprob¨® por unanimidad en octubre una proposici¨®n de CiU para eliminar las restricciones al voto de las personas con discapacidad intelectual. Se trata de adecuar la ley electoral, que obliga a los jueces a revisar la posibilidad de privar del sufragio en los procesos de incapacitaci¨®n, a la Convenci¨®n de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y vigente en Espa?a desde 2008. Esta norma prev¨¦ que los Estados deben asegurar la participaci¨®n de las personas con discapacidad en la vida pol¨ªtica. Incluidos el derecho y la posibilidad de votar y ser elegidas (el Ayuntamiento de Valladolid cuenta desde julio con la primera concejal con s¨ªndrome de Down del pa¨ªs). ¡°En la pr¨¢ctica, se tiende m¨¢s a determinar lo que la persona no puede hacer que a investigar cu¨¢les son los apoyos que necesita¡±, advierte Mar¨ªa Jos¨¦ Alonso Parre?o, abogada especializada en esta ¨¢rea.

Ello a pesar de que la propia Constituci¨®n espa?ola ¡°impone a los poderes p¨²blicos un mandato muy claro de respeto de todos y cada uno de los derechos constitucionales a las personas con discapacidad¡±, como apunta Gerardo Ruiz-Rico, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Ja¨¦n. ¡°Por tanto, es una obligaci¨®n de alcance general, y que debe implicar el reconocimiento del derecho al voto. La imposibilidad de votar debe concebirse, en mi opini¨®n, como una excepci¨®n y no como la regla general que afecte a las personas en esas circunstancias¡±, remacha.

Lo habitual ha sido incluirla por defecto en los procesos de incapacitaci¨®n

Lo habitual durante a?os ha sido incluir, por defecto, en todos los procesos de incapacitaci¨®n la siguiente orden: ¡°Comunicar la sentencia de incapacidad al censo electoral para la consiguiente privaci¨®n del derecho al sufragio¡±. ¡°Hace mucho que estamos trabajando para evitar esa generalizaci¨®n¡±, se?ala Torcuato Recover, coordinador de la Red de Juristas de la Federaci¨®n de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), con campa?as para defender y fomentar el acceso a las urnas de este colectivo como Mi voto cuenta.

Los jueces no sol¨ªan cuestionarse esa ¡°coletilla¡±, como reconoce, incluy¨¦ndose, Pablo Ruz, muy conocido por su labor en la Audiencia Nacional y que recientemente particip¨® en unas jornadas de FEAPS. Ruz recordaba c¨®mo en un juzgado ordinario deb¨ªa celebrar 20 vistas de incapacitaci¨®n en una ma?ana, lo que las convert¨ªa en ¡°procedimientos absolutamente rutinarios y estereotipados¡±, con sentencias redactadas a partir de formularios que inclu¨ªan la privaci¨®n del voto. Solo citaba una instrucci¨®n de 2010 de la Fiscal¨ªa en la que se prioriza, entre otras cuestiones, la conservaci¨®n del derecho al sufragio en los procesos de incapacidad.

Ya desde 2008, el Ministerio Fiscal se hab¨ªa pronunciado en ese sentido. La Oficina del Censo Electoral contabiliz¨® en las ¨²ltimas elecciones a 79.398 personas privadas del voto por una sentencia de incapacitaci¨®n, de las que el 61% tienen entre 18 y 64 a?os. ¡°A partir de estos datos, hemos hecho otra comunicaci¨®n para que, con respecto al ejercicio del sufragio, los fiscales no incluyan la petici¨®n de privaci¨®n en sus demandas iniciales en los procesos de incapacitaci¨®n y velen por que esa opci¨®n sea excepcional y dif¨ªcilmente aplicable¡±, detalla Carlos Ganzem¨¹ller, fiscal coordinador del Servicio de Protecci¨®n a Personas con Discapacidad y Apoyos.

Es lo mismo que plantea Ruiz-Rico, cuando declara que ¡°la excepci¨®n del derecho fundamental debe siempre ser evaluada por el juez, como garante natural de los derechos de la persona¡±, pero ¡°no como hasta ahora, casi de manera autom¨¢tica y sin valorar en cada caso la capacidad real de discernimiento de quien tiene alg¨²n tipo de discapacidad intelectual¡±. S¨ª que considera que ¡°la ley podr¨ªa obligar al juez entonces a hacer un pronunciamiento espec¨ªfico sobre esta cuesti¨®n, ya que es las personas que est¨¢ en condiciones de conocer con objetividad su capacidad para ejercitar ese derecho, para evitar al mismo tiempo que se puedan producir manipulaciones de su voto¡±.

Ganzenm¨¹ller reconoce que a¨²n se registran casos de privaci¨®n del sufragio, aunque puntualiza que son ¡°cada vez menos y recurribles, adem¨¢s de que las resoluciones de incapacidad se pueden revisar con el tiempo¡±. Es lo que va a solicitar la familia de Jos¨¦ Ignacio, despu¨¦s de la desagradable sorpresa de su privaci¨®n del sufragio. ¡°De haber sabido que podr¨ªa pasar, hubi¨¦ramos avisado de que siempre ha participado en las elecciones. Y creo que de una forma m¨¢s argumentada que mucha gente que elige la papeleta por tradici¨®n o simpat¨ªa¡±, advierte su padre. ¡°A veces he votado en blanco, porque no me convencen los pol¨ªticos¡±, detalla ¨¦l mismo.

Como Jos¨¦ Ignacio, Jes¨²s D¨ªez Rodr¨ªguez perdi¨® el derecho al voto en 2011, pero acaba de restitu¨ªrselo la Audiencia Provincial de Madrid. En su caso, su familia, que activ¨® el procedimiento de incapacitaci¨®n cuando iba a cumplir 18 a?os (ahora tiene 20), no pensaba que se le fuera a privar del voto, ya que este joven con s¨ªndrome de Down y un grado de discapacidad del 75% tiene un gran nivel de autonom¨ªa. ¡°Por ejemplo, viaja solo en transporte p¨²blico y maneja peque?as cantidades de dinero¡±, explica Alonso, su abogada.

Un juzgado pod¨ªa celebrar 20 vistas de incapacitaci¨®n en una ma?ana

?l mismo plante¨® en la primera vista que quer¨ªa votar. Pero la titular de un juzgado especializado en incapacitaciones le someti¨® a un exhaustivo interrogatorio, con preguntas del tipo qu¨¦ es lo que hacen los diputados y senadores o c¨®mo se hacen las leyes. Al final, los padres citaron las indicaciones de la ONU sobre el voto de personas con discapacidad. La jueza respondi¨®, entre otras cosas, que muchas personas en un colegio electoral no sabr¨ªan responder a algunas de las cuestiones, pero que sobre ellas no deb¨ªa pronunciarse y sobre su hijo, s¨ª.

Contra su fallo recurrieron tanto el fiscal, por la privaci¨®n del sufragio, como la familia, para revocar la incapacidad plena. En la apelaci¨®n, Jes¨²s insisti¨® en su inter¨¦s en votar y su madre explic¨® c¨®mo particip¨®, con el apoyo de textos de lectura f¨¢cil y otras herramientas, en las elecciones de noviembre de 2011, ya que, al presentar el recurso, no hab¨ªa sido eliminado del censo. En la sentencia que restituye el derecho a Jes¨²s, se cita otra del Supremo que recoge que si bien los jueces siguen obligados a pronunciarse sobre el sufragio, para privar del mismo ¡°ha de acreditarse que el interesado no puede discernir el sentido de su voto o que lo ponga en riesgo mediante actuaci¨®n de terceros¡±.

En 2010, la fiscal¨ªa pidi¨® dar prioridad a la conservaci¨®n del derecho al sufragio

¡°?C¨®mo puede ser que a¨²n se ponga el list¨®n m¨¢s alto para las personas con discapacidad que para el resto, a las que no se exige por ejemplo saber leer y escribir para votar?¡±, cuestiona Alonso. ¡°Se les pide la excelencia que los dem¨¢s no tenemos¡±, coincide Ester Ortega Collado, directora de la Fundaci¨®n Tuya, centrada en ofrecer apoyos para las personas con discapacidad. Esta organizaci¨®n trabaja para que sus usuarios tomen sus decisiones, tambi¨¦n sobre el voto, tanto recurriendo las sentencias que privan del sufragio como trabajando con ellos este tema. ¡°La discapacidad no est¨¢ tanto en la persona como en el entorno, que no es capaz de adaptarse a las necesidades de cada uno¡±.

Juan Antonio Doncel, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, recuerda que ¡°votar empieza por la valoraci¨®n de las distintas opciones que se ofrecen, no solo con ocasi¨®n de las elecciones, sino todo el tiempo¡±, y considera que ¡°las dos grandes dificultades a resolver en relaci¨®n con las personas con discapacidad son si puede predicarse en ellos la aptitud para escoger libremente las opciones que tengan por conveniente y si pueden ejercer el derecho (ir al colegio, escoger la papeleta, identificarse, etc¨¦tera)¡±. Sin pronunciarse sobre la posibilidad de ser candidato y la privaci¨®n del sufragio por una sentencia penal, Doncel sugiere que ¡°no parece demasiado complicado desarrollar sistemas complementarios al general para que puedan votar quienes tengan dificultades de alg¨²n tipo en hacerlo¡±.

Justicia no concreta nada de la reforma de la ley, para la que tienen seis meses

?Por qu¨¦ es importante respetar el derecho al voto? ¡°Porque es un derecho y punto. No depende de lo que nos parezca¡±, responde contundente Ortega Collado a quien cuestiona el sufragio de personas con discapacidad intelectual por considerarles m¨¢s influenciables, por ejemplo. ¡°Si no se hace un examen a todos los ciudadanos para votar, ?por qu¨¦ s¨ª a las personas con discapacidad?¡±, zanja. Olga Rodr¨ªguez, la madre de Jes¨²s, recuerda la importancia para los implicados, como su hijo: ¡°Le insistimos en que si trabaja, puede lograr muchas cosas, m¨¢s despacio, pero las consigue. El voto es un ejemplo m¨¢s¡±.

¡°?C¨®mo que no puedo votar si lo he hecho, si yo s¨¦?¡±, preguntaba Jes¨²s cuando sus padres le explicaron la sentencia de incapacitaci¨®n. ¡°Yo iba a votar cuando quer¨ªa¡±, insiste Jos¨¦ Ignacio en la misma l¨ªnea. Desde la Fiscal¨ªa, Ganzenm¨¹ller apunta que a ra¨ªz de la Convenci¨®n es imprescindible optar por una ¡°tutela totalmente graduada y revisable¡± y cita el ejemplo de Lleida, donde en aplicaci¨®n del C¨®digo Civil catal¨¢n a algunas personas con s¨ªndrome de Down ¡°se les nombra un asistente para que complemente su capacidad de actuar¡±.

Doncel, por su parte, advierte de la dificultad de definir ¡°la consideraci¨®n de las dificultades para formar intelectualmente la decisi¨®n de votar¡±, aunque afirma que ¡°la tendencia comparada, como es l¨®gico considerando la importancia (por ejemplo, en el art¨ªculo 10 de la Constituci¨®n) de la dignidad humana como criterio orientador de los derechos ciudadanos y de la actuaci¨®n de los poderes p¨²blicos es ir rompiendo progresivamente los formalismos que dificultan el ejercicio de ese derecho¡±. Para ¨¦l, ¡°lo primero que cabr¨ªa reclamar es que la regulaci¨®n de la discapacidad intelectual como restricci¨®n al derecho del sufragio la realizara la ley, y no la sentencia judicial¡± y ve como ¡°l¨ªmite infranqueable¡± la ¡°conciencia de lo que se est¨¢ haciendo¡±. ¡°Una cosa es que la ley sea amplia y flexible y se concrete por los jueces, o¨ªdos expertos y partes; y otra cosa es que la ley haya entregado a otros la decisi¨®n sobre si una persona puede o no votar, trat¨¢ndose del ejercicio de la soberan¨ªa popular¡±.

El C¨®digo Civil catal¨¢n permite que se nombren asistentes de apoyo

En 2011, el Gobierno aprob¨® la ley de adaptaci¨®n a la Convenci¨®n de la ONU, en la que se daba un plazo de un a?o para modificar el proceso de incapacitaci¨®n, que pasar¨¢ a ser de determinaci¨®n de apoyos para la toma libre de decisiones. En octubre de ese mismo a?o, el comit¨¦ de la ONU que revis¨® el cumplimiento de la Convenci¨®n mostr¨® su inquietud por el hecho de que la privaci¨®n del derecho al voto en personas con discapacidad intelectual parec¨ªa ¡°ser la regla y no la excepci¨®n¡±.

Ahora, tras la iniciativa aprobada en el Congreso, el plazo para la reforma es de seis meses. Un portavoz del Ministerio de Justicia confirma que se ha contactado con la secretar¨ªa de Estado de Servicios Sociales y que ¡°se intentar¨¢ atender al m¨¢ximo las reivindicaciones de los representantes de este colectivo¡±. Pero a¨²n no se puede concretar. Ni se puede asegurar que en Espa?a una persona con discapacidad intelectual se corresponda con un voto