La ley Gallard¨®n: el peor de los pron¨®sticos

ACAI pronostic¨® que la derogaci¨®n de la actual Ley de?Salud Sexual y Reproductiva e Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo y su sustituci¨®n por una nueva norma que vendr¨¢ a eliminar el derecho b¨¢sico de la mujer a decidir sobre su gestaci¨®n, ser¨ªa la ¨²nica promesa electoral que cumplir¨ªa el PP. Una vez cumplido y superado el pron¨®stico, resulta dif¨ªcil creer que nuestro pa¨ªs ¡°europeo¡± est¨¦ a punto de convertirse en uno de esos territorios experimentales en los que se sacrifican derechos y libertades de las mujeres para afianzar electoralmente a los votantes de la derecha m¨¢s conservadora.

Estrategias electorales al margen, lo que resulta evidente es que una vez m¨¢s se ha decidido que llegado el momento de las concesiones ?qui¨¦n mejor que la mujer para hacerlas?, ?encuentran en estos momentos un recurso m¨¢s f¨¢cil qu¨¦ negar el derecho al aborto para contentar a los extremismos, a los radicales? No, probablemente no.

Dicho lo cual, ?qu¨¦ se esconde detr¨¢s de una concesi¨®n que imprudentemente buscan convertir en rango de ley? Detr¨¢s de esa estrategia electoral, se esconden las vidas de 112.390 mujeres que han abortado en el ¨²ltimo a?o en nuestro pa¨ªs. Poniendo rostro a esas vidas y a las causas de sus decisiones, podemos afirmar que en Espa?a m¨¢s de 100.000 mujeres abortan por razones ¨ªntimas, laborales o econ¨®micas. Mujeres que de aprobarse esta ley, tendr¨¢n que renunciar a su decisi¨®n madura, leg¨ªtima e informada, ya que todas estas mujeres se acogen a la voluntariedad para interrumpir su gestaci¨®n hasta la semana 14, circunstancia que no est¨¢ contemplada en la norma del Gobierno Popular.

Como profesionales con m¨¢s de 30 a?os de experiencia, podemos decir que el acompa?amiento que necesitan estas mujeres durante todo el proceso, nada tiene que ver con destapar, para someter a valoraci¨®n, su intimidad, sus condiciones personales y familiares, sino con la capacidad de respetar y entender sin prejuzgar su decisi¨®n, ayud¨¢ndolas a que esta voluntad se cumpla en las mejores condiciones sanitarias. El Anteproyecto del Gobierno por el contrario, exige a las mujeres que abran su vida, su trayectoria ¨ªntima, su situaci¨®n personal al juicio de dos psiquiatras y un asistente social; profesionales a los que muy probablemente se les exigir¨¢ una evaluaci¨®n y diagn¨®stico preceptivo acordes con la ideolog¨ªa que ha inspirado esta ley; so pena de ¡°dejar caer¡± sobre ellos/as todo el peso de la inseguridad jur¨ªdica si el informe previo no se ajusta a lo esperado. Una inseguridad que, sin duda alguna, tambi¨¦n habr¨¢ de caer sobre los profesionales que realicen definitivamente la interrupci¨®n, si esta llega a producirse.

Independientemente del estr¨¦s psicosocial, e incluso f¨ªsico que desencadena en una mujer un embarazo no deseado (calificado como tal por la Sociedad Americana de Psiquiatr¨ªa), como m¨¦dicos, sanitarios y trabajadores sociales que acompa?amos a estas mujeres, no nos cabe la menor duda de que impedir a estas mujeres hacer efectiva su decisi¨®n, alargar el proceso con tr¨¢mites jur¨ªdicos, legales, m¨¦dicos, tiempos de espera¡­no solo las situar¨¢ en semanas de gestaci¨®n elevadas, lo cual nunca resulta deseable porque un aborto temprano siempre ser¨¢ m¨¢s beneficioso para la mujer desde cualquier punto de vista; sino que adem¨¢s alterar¨¢ ¡°de manera perdurable¡± el bienestar f¨ªsico, social y ps¨ªquico de estas mujeres sometidas a un periplo m¨¦dico y vital insostenible.

?Qui¨¦nes somos para juzgar, para sopesar lo que una mujer, su compa?ero, su familia es capaz de soportar vitalmente? ?Qui¨¦nes somos para establecer el grado de sufrimiento que una mujer puede sobrellevar frente a la discapacidad grave de su hijo o hija enfermo/a? La pregunta podr¨ªa parecer ret¨®rica y contestarse con un simple: nadie, no somos nadie para juzgar a esas mujeres; pero desgraciadamente el Gobierno ha decidido contestar por todas ellas anunciando que la mujer tendr¨¢ que demostrar (mediante informe psiqui¨¢trico y dictamen preceptivo relativo a la patolog¨ªa fetal que habr¨¢ de ser incompatible con la vida) que la enfermedad extremadamente grave que padece su hijo o hija le provoca tal desequilibrio que su salud ps¨ªquica se ve irremediablemente afectada y que en consecuencia desea interrumpir su embarazo. El resto, las m¨¢s de 3.000 mujeres que abortan en nuestro pa¨ªs por diversas malformaciones, pero todas ellas compatibles con la vida, ni siquiera tendr¨¢n esta oportunidad ya que su situaci¨®n no es contemplada por la ley.

Contrariamente a lo que sostiene el Titular de Justicia: ¡°la ley de 2010 quitaba a las menores de edad el derecho de ir acompa?adas de sus progenitores¡± casi el 90% de las mujeres de 16 y 17 a?os informaron a sus padres de su situaci¨®n y vinieron acompa?adas por estos a los centros acreditados. Y eso es as¨ª, Sr. Gallard¨®n, porque la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo no abandona a las menores, de la misma forma que no obliga a las mujeres a abortar.

Al margen de la situaci¨®n general de esas menores, unas 500 adolescentes de 16 y 17 a?os abortan en nuestro pa¨ªs sin poder comunic¨¢rselo a sus padres. Sin embargo, todas esas mujeres j¨®venes son invisibles para nuestro Gobierno, pero est¨¢n ah¨ª, son mujeres que provienen de familias desestructuradas, menores que han sido violadas en el seno familiar, inmigrantes que viven solas en el pa¨ªs o mujeres que simplemente ser¨ªan maltratadas por su situaci¨®n. De la misma manera aventuramos que el Ejecutivo no habr¨¢ pensado en el periplo jur¨ªdico que habr¨¢n de transitar las menores y sus familias en caso de desacuerdo entre los tutores y la menor. Entendemos que no habr¨¢n valorado que el embarazo es un proceso gestacional creciente y que para cuando llegue esa resoluci¨®n judicial, es posible que la menor se encuentre en un avanzado estado de gestaci¨®n. Pero claro, la realidad m¨¦dica tampoco parece ser un elemento a considerar para estos legisladores.

Hace unos d¨ªas, el Titular de Justicia afirmaba que ¡°el aborto es contrario al juramento que todos los m¨¦dicos hacen sobre la defensa de la vida", no defender la salud y la vida de m¨¢s de 100.000 mujeres no solo es contrario al juramento de la profesi¨®n m¨¦dica sino contrario a la integridad f¨ªsica y moral y a la intimidad personal y familiar de las mujeres, derechos no solo constitucionalmente amparados sino respaldados en Pactos Civiles y Convenios Internacionales de los que el Estado Espa?ol es parte.

M¨¢s de 100.000 concesiones vitales es el precio de la apuesta de los populares. Podr¨ªamos entrar en un bucle sobre oportunidades estrat¨¦gicas, pero no es el caso, porque frente al precio de una arriesgada jugada electoral, hay vidas, la vida y la salud de mujeres abocadas al ¨¦xodo abortivo o a la clandestinidad. La evidencia, Se?or Gallard¨®n, es que el problema no es el aborto, sino el embarazo no deseado, y que en consecuencia una mujer que est¨¢ decidida a abortar, lo har¨¢ con ley o sin ella.

Francisca Garc¨ªa Gallego es presidenta de ACAI (Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo).