El coste de la privatizaci¨®n fallida

Adem¨¢s de alegr¨ªa desbordada en muchos hospitales madrile?os, el anuncio del presidente regional, Ignacio Gonz¨¢lez, de renunciar a su plan de privatizaci¨®n de la gesti¨®n sanitaria ha provocado una tormenta con consecuencias administrativas, judiciales y econ¨®micas que a¨²n est¨¢n por determinar. Una de las primeras preguntas que ha generado es si esta rectificaci¨®n va a costar dinero al contribuyente, y cu¨¢nto. De momento, ni el presidente ni su equipo quieren aclarar si las empresas, a las que se hab¨ªan adjudicado definitivamente los hospitales, van a reclamar indemnizaci¨®n. Seg¨²n distintos expertos, la Ley de Contratos les ampara para hacerlo. Pueden reclamar da?os y perjuicios.

En contra de lo que Gonz¨¢lez dio a entender ayer, cuando le preguntaron por la posici¨®n en la que quedan las concesionarias y contest¨® que la sentencia ¡ªen realidad, el auto judicial que confirm¨® el lunes la suspensi¨®n cautelar del plan privatizador¡ª ¡°obliga a todos y por lo tanto hay que aplicarla¡±, ning¨²n tribunal le ha obligado a dar marcha atr¨¢s a su proyecto sanitario. La decisi¨®n es unilateral, y pol¨ªtica, coinciden los expertos, pero no se trata estrictamente de un incumplimiento de contrato. Y eso es precisamente lo que va a evitar que el Gobierno regional, es decir, los ciudadanos con sus impuestos, tengan que indemnizar con 281 millones de euros a las empresas.

El plan del Gobierno regional supon¨ªa un negocio considerable para las concesionarias. La gesti¨®n sanitaria de seis hospitales durante 10 a?os se sac¨® a concurso por un importe de 4.680 millones de euros. Las adjudicaciones definitivas a las tres empresas ganadoras se firmaron los d¨ªas 6, 9 y 19 de agosto pasado, un mes considerado inh¨¢bil para muchos actos administrativos, pero que la Comunidad aprovech¨® para acelerar el proceso. Por aquel entonces, los recursos de organizaciones sanitarias y sindicatos ya estaban en los tribunales, pero el Gobierno regional sigui¨® adelante sin esperar a sus decisiones. El 3 de septiembre un primer juzgado ordinario dict¨® la suspensi¨®n cautelar. El 11 de septiembre hizo lo propio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No dio tiempo a que el Gobierno regional formalizara los contratos con las empresas. No llegaron a firmar.

¡°De haber formalizado los contratos, las concesionarias podr¨ªan ahora exigir el 6% del precio total del contrato, puesto que ha sido la Administraci¨®n la que ha decidido ponerle fin¡±, explica Jos¨¦ Luis Muga, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos y abogado de Afem, la organizaci¨®n que ha liderado la marea blanca de protesta contra la privatizaci¨®n. Debido a lo abultado del contrato, ese 6% equivale a 281 millones de euros. ¡°Ahora la Comunidad de Madrid tiene que justificar, en la comunicaci¨®n que haga a las empresas, por qu¨¦ ha cambiado el inter¨¦s general y ha decidido no formalizar el contrato¡±, se?ala. ¡°La Ley de Contratos dice que pueden solicitar indemnizaci¨®n por da?os y perjuicios, pero no especifica en qu¨¦ consisten. Tienen que ser da?os que tengan consecuencia directa del proceso. Lo que no pueden exigir, al no estar formalizado el contrato, es indemnizaci¨®n por lucro cesante¡±, a?ade.

Las concesionarias Sanitas y Ribera Salud rechazaron ayer confirmar si van a reclamar da?os y perjuicios. ¡°Estamos a la espera de concretar con la Consejer¨ªa de Sanidad los tr¨¢mites administrativos pertinentes para la ejecuci¨®n de esta decisi¨®n¡±, se?al¨® Ribera Salud. Este diario intent¨®, sin ¨¦xito, contactar con la compa?¨ªa puertorrique?a Hima San Pablo, adjudicataria de tres hospitales madrile?os.

Los expertos consultados se?alan que las empresas podr¨ªan reclamar los gastos en los que hayan incurrido al preparar el concurso p¨²blico: estudios, proyectos, personal, presentaciones... Adem¨¢s, consideran que tienen derecho a solicitar que la Administraci¨®n les devuelva el importe de los avales que presentaron y de los gastos que les han ocasionado durante estos meses de paralizaci¨®n. Las concesionarias aportaron como garant¨ªa casi 28 millones de euros.

Una cantidad no exenta de pol¨¦mica, puesto que en realidad deber¨ªa haber sido pr¨¢cticamente diez veces superior. Una de las irregularidades que Afem denunci¨® al TSJM fue la modificaci¨®n que hizo la Comunidad de Madrid en las condiciones del concurso solo cuatro d¨ªas antes de que se cerrara el plazo. Public¨® en el Bolet¨ªn Oficial, como correcci¨®n de errores, un cambio sustancial en la garant¨ªa que deben presentar los adjudicatarios, que es del 5% del valor del contrato. Incluy¨® la palabra ¡°anual¡± en el texto de los pliegos, lo que se traduce en la pr¨¢ctica en una reducci¨®n del 90% del aval, puesto que el contrato de concesi¨®n es por 10 a?os. El TSJM considera que ese cambio ¡°podr¨ªa haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva¡±. Es una de las razones por las que suspendi¨® cautelarmente el plan.

¡°En este caso hablamos de compensaci¨®n de un da?o, que es distinto de una indemnizaci¨®n por ganancia dejada de obtener. Las empresas han gastado un dinero confiando en la buena fe procedimental de la Comunidad de Madrid¡±, explica Francisco Velasco, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad Aut¨®noma de Madrid. ¡°Eso s¨ª, tienen que pedirlo. Es posible que ya haya negociaciones en marcha y que no lleguen a juicio¡±, a?ade.

Jos¨¦ Manuel Freire, m¨¦dico y portavoz de Sanidad de los socialistas en Madrid, ya ha presentado en el Parlamento regional dos preguntas al respecto: ?c¨®mo se va a articular en t¨¦rminos legales y administrativos la decisi¨®n de Gonz¨¢lez? y ?qu¨¦ coste va a tener para los ciudadanos?