Soy un proxeneta, no un delincuente

Proxeneta es la ¡°persona que obtiene beneficios de la prostituci¨®n de otra persona¡±, seg¨²n el Diccionario de la Real Academia. Son muchos los que, directa o indirectamente, se lucran en Espa?a con esa actividad sin que est¨¦n cometiendo una ilegalidad. Porque en nuestro pa¨ªs, ser un proxeneta ¡ªen el estricto sentido acad¨¦mico¡ª no equivale a ser un delincuente. La explotaci¨®n por terceros del sexo de pago y de las personas que lo prestan ¡ªen el sentido empresarial o comercial, no en el inmoral o delictivo¡ª es una actividad econ¨®mica l¨ªcita siempre que la persona prostituida tenga autonom¨ªa en su trabajo. Solo las coacciones, los chantajes, la violencia o los abusos de superioridad que fuercen a ejercer esa actividad, muy frecuentes en el sector, est¨¢n castigados. ?Deber¨ªa prohibirse cualquier tipo de proxenetismo y no solo el coactivo o violento?

Si se lee atentamente la ley, la pregunta parece absurda, porque esa prohibici¨®n taxativa es lo que establece el C¨®digo Penal si se interpreta literalmente. El ¨²ltimo inciso de su art¨ªculo 188.1 castiga con penas de entre dos y cuatro a?os de c¨¢rcel y cuantiosas multas ¡ªla misma pena que para la prostituci¨®n forzada¡ª a quien ¡°se lucre explotando la prostituci¨®n de otra persona, aun con el consentimiento de la misma¡±. Si uno se atiene al sentido de esas palabras, el negocio de la prostituci¨®n estar¨ªa prohibido en Espa?a. Sin embargo, las principales carreteras de nuestro pa¨ªs y los pol¨ªgonos industriales de las afueras de las ciudades est¨¢n plagados de locales y clubes de alterne. ?Qu¨¦ ha pasado? ?Por qu¨¦ se incumple esa prohibici¨®n?

Ese incumplimiento es especialmente llamativo si se analiza la tramitaci¨®n parlamentaria que condujo a ese veto a los proxenetas. La prohibici¨®n la introdujo en 2003 el grupo parlamentario de CiU mediante una enmienda al proyecto de ley de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia dom¨¦stica e integraci¨®n social de los extranjeros que finalmente fue aceptada e incluida en la norma. ¡°La penalizaci¨®n del proxenetismo es acorde con los convenios internacionales suscritos por Espa?a, en especial el art¨ªculo 1 del Convenio Internacional para la represi¨®n de la trata de personas y de la explotaci¨®n de la prostituci¨®n ajena, que entiende que toda explotaci¨®n por terceros de la prostituci¨®n ajena merece el reproche y la sanci¨®n penal, adem¨¢s de constituir un instrumento importante para erradicar el tr¨¢fico ilegal de personas¡±, explicaba CiU en la justificaci¨®n de la enmienda.

¡°Nuestro objetivo era claro: prohibir el proxenetismo, es decir, la explotaci¨®n de la prostituci¨®n por cuenta ajena; otra cosa es lo que hayan interpretado los tribunales¡±, explica Manuel Silva, actual consejero de Estado y portavoz en la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) durante la tramitaci¨®n de esa ley, el encargado de defender esa enmienda junto a Merc¨¨ Pigem, tambi¨¦n exdiputada de ese grupo. ¡°Pretend¨ªamos que la prostituci¨®n se pudiera ejercer ¨²nicamente por cuenta propia para garantizar que la mujer prostituida ejercitaba esa actividad ¨²nicamente de forma voluntaria¡±.

?Qu¨¦ ha ocurrido entonces? ?Por qu¨¦ en realidad no est¨¢ prohibida esa actividad? Como adelantaba el exdiputado Silva, el art¨ªculo ha sido interpretado por los jueces, y estos han acotado de manera muy dr¨¢stica el alcance que el Congreso quiso dar a ese veto. ¡°El Supremo estableci¨® r¨¢pidamente que penalizar la ¡®explotaci¨®n¡¯ no significaba que quedara prohibido cualquier negocio que se lucrase directa o indirectamente de la prostituci¨®n¡±, recuerda Manuel Cancio, profesor de Derecho Penal de la Universidad Aut¨®noma de Madrid. ¡°La doctrina de ese tribunal afirm¨® que esa explotaci¨®n no existe si la persona que ejerce la prostituci¨®n tiene cierta autonom¨ªa para dejar de ejercerla, para seleccionar a sus clientes, las pr¨¢cticas que ofrece... El t¨¦rmino ¡®explotaci¨®n¡¯ que recoge la ley quedar¨ªa referido solo a aquellos casos en los que se produzca un abuso de la persona prostituida, aunque esta haya consentido ejercer ese trabajo¡±, a?ade el penalista.

En concreto, seg¨²n el Tribunal Supremo, para que el que se lucre de la prostituci¨®n consentida cometa un delito deben darse determinadas condiciones. En primer lugar, la v¨ªctima debe haber sido obligada a ejercer ese oficio con violencia, intimidaci¨®n, enga?o, abuso de superioridad o debido a su situaci¨®n de necesidad o vulnerabilidad, y el proxeneta, para que exista delito, debe ser consciente de ello. En segundo lugar, la ganancia que se lleve este debe constituir un beneficio econ¨®mico ¡°directo¡±, es decir, ¡°¨ªntimamente ligado¡± a la prostituci¨®n ajena. Y la percepci¨®n de esa ganancia por el proxeneta debe ser reiterada. ¡°No basta con un mero gesto de liberalidad¡±, mantiene la Sala de lo Penal del alto tribunal. En resumen: si el ejercicio de la prostituci¨®n es m¨¢s o menos libre y aut¨®nomo, no hay delito.

¡°El problema es que el C¨®digo establece la misma pena [de dos a cuatro a?os de c¨¢rcel] para el proxenetismo que para otro delito mucho m¨¢s violento, la prostituci¨®n forzada, que se recoge en ese mismo precepto¡±, contin¨²a Cancio. ¡°Eso ha obligado a los magistrados a interpretar que el proxenetismo prohibido ha de ser especialmente grave¡±, a?ade el catedr¨¢tico. As¨ª pues, la f¨®rmula m¨¢s com¨²n de proxenetismo en Espa?a, los clubes de alterne ¡ªque proporcionan a las prostitutas las habitaciones donde prestar sus servicios¡ª, quedar¨ªa fuera de la prohibici¨®n, seg¨²n las sentencias del alto tribunal.

En 2003 el Congreso aprob¨® hacer
ilegal el negocio

La pol¨¦mica sobre el tema volvi¨® a saltar el pasado diciembre. El PSOE denunci¨® que la reforma penal impulsada por el Gobierno del PP, que acaba de empezar su tramitaci¨®n en el Congreso, elimina esa prohibici¨®n de ganar dinero a costa de los que ejercen el sexo de pago. As¨ª, seg¨²n los socialistas, el Gobierno del PP tratar¨ªa de despenalizar el negocio de la prostituci¨®n a gran escala, como el que supuestamente estaba previsto en Eurovegas, la ciudad del juego que el magnate estadounidense Sheldon Adelson pretend¨ªa edificar en Madrid. Esa modificaci¨®n legal, de conservarse la letra de la propuesta del PP, dar¨ªa carta de naturaleza a macroburdeles como el club Paradise de La Jonquera (Girona), mantienen. El PP lo niega y sostiene que solo trata de acotar ¡°actuaciones de proxenetismo que actualmente quedan impunes¡±, seg¨²n su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso.

Lo que escandaliza al PSOE es que el proyecto de ley del Gobierno elimine el t¨¦rmino ¡°explotar¡±. Y que castigue al que haga dinero de la prostituci¨®n de otra persona solo en dos escenarios concretos: cuando la v¨ªctima se encuentre en una situaci¨®n ¡°de dependencia personal y econ¨®mica¡± que no le permita dedicarse a otra cosa, o en los casos en los que se le impongan a la persona prostituida ¡°condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas¡±. Los socialistas mantienen que interpretando la propuesta del Gobierno al contrario, cualquier otro tipo de explotaci¨®n o lucro obtenido de la prostituci¨®n quedar¨ªa permitido. ¡°Esa dependencia personal y econ¨®mica que exige la reforma es un concepto de una gran indeterminaci¨®n jur¨ªdica¡±, ya que los jueces, a la hora de interpretarlo, ¡°en muchos casos no considerar¨¢n la conducta punible¡±, asegura la diputada socialista ?ngeles ?lvarez. Respecto de la segunda condici¨®n, la de las condiciones abusivas, afirma: ¡°?Qu¨¦ se quiere decir con ello? ?A partir de qu¨¦ n¨²mero de relaciones sexuales o con qu¨¦ pr¨¢cticas se considera que existen condiciones gravosas o desproporcionadas?¡±. Para el PSOE, la reforma ¡°despenaliza el proxenetismo con car¨¢cter general¡±.

La interpretaci¨®n de los jueces ha reducido el alcance de la prohibici¨®n

Pero el proxenetismo ¡ªno con car¨¢cter general, pero casi¡ª est¨¢ despenalizado desde hace mucho tiempo. Y fueron precisamente los socialistas ¡ªel ¨²ltimo Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez¡ª los que levantaron la prohibici¨®n siempre que fuera consentido por la persona prostituida. ¡°El C¨®digo anterior, el de 1973, lo prohib¨ªa, aunque en realidad siempre estuvo tolerado¡±, recuerda el penalista Cancio. ¡°El de 1995 acab¨® con ese veto y circunscribi¨® el castigo a los casos en los que el proxeneta obligara a la v¨ªctima a ejercer la prostituci¨®n, es decir, a la prostituci¨®n forzada¡±, contin¨²a. ¡°

La reforma que ahora plantea el Ejecutivo del PP no cambia nada. Lo ¨²nico que hace esa modificaci¨®n es introducir en el C¨®digo Penal los criterios de interpretaci¨®n que ya hab¨ªa establecido el Supremo con sus sentencias¡±, subraya el catedr¨¢tico.

En caso de que la reforma tuviera por objeto legalizar los locales de prostituci¨®n a gran escala, como asegura el PSOE, los m¨¢s contentos con ello deber¨ªan ser los empresarios del sector. Sin embargo, la Asociaci¨®n Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA), que hasta el momento de la elaboraci¨®n de este reportaje desconoc¨ªa el cambio legal, considera que el proyecto mantiene la situaci¨®n actual. ¡°Lo que habr¨ªa que hacer es eliminar la parte del art¨ªculo que castiga al que se lucre ¡®explotando¡¯ la prostituci¨®n de otra persona, aunque esta lo consienta. ?Qui¨¦nes son los que se lucran de la prostituci¨®n? Est¨¢ claro que nosotros, los due?os de los clubes de alterne, nos beneficiamos, pero tambi¨¦n, por ejemplo, los guardias de seguridad que los vigilan, o los peri¨®dicos que publican anuncios de prostitutas. ?D¨®nde ponemos el l¨ªmite?¡±, afirma Jos¨¦ Roca, portavoz de la organizaci¨®n. ¡°Estamos contra la prostituci¨®n forzada y debe mantenerse castigada, pero no la consentida. Lo que hay que hacer con esta ¨²ltima no es prohibirla, sino regularla¡±, prosigue Roca. ¡°Que se obligue a ejercerla en locales. Solo as¨ª se evitan problemas como la trata o la explotaci¨®n, que son t¨ªpicas de la prostituci¨®n callejera¡±.

El PSOE pide que se castigue
a quien se lucre aunque sea
con consentimiento

Sin embargo, las estad¨ªsticas oficiales del Gobierno y las sentencias judiciales confirman que, en gran parte, la prostituci¨®n forzada que proh¨ªbe el C¨®digo Penal y otros delitos relacionados con esta, como la trata, est¨¢n ligados a estos locales donde, en muchos casos, las prostitutas no trabajan de una manera tan aut¨®noma. Por eso, estos lugares son los primeros a los que acuden las fuerzas de seguridad en sus inspecciones preventivas contra la compraventa de seres humanos. El 73% de las personas en situaci¨®n de riesgo de sufrir trata (no necesariamente v¨ªctimas de ese delito) fueron detectadas en clubes de alterne, seg¨²n el ¨²ltimo informe de seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la Trata con fines de Explotaci¨®n Sexual, el relativo a 2012. En las 2.201 redadas que se ejecutaron ese a?o ¡ªno solo en locales de alterne, tambi¨¦n en pol¨ªgonos industriales o zonas de prostituci¨®n callejera¡ª, los agentes identificaron a 976 v¨ªctimas. En su mayor¨ªa eran mujeres de entre 18 y 22 a?os y extranjeras sin papeles procedentes mayoritariamente de Ruman¨ªa, Paraguay y Brasil.

Ante esta situaci¨®n de indefinici¨®n legal se vuelve al debate de siempre sobre este tema: ?regulaci¨®n o abolici¨®n de la prostituci¨®n y el proxenetismo? Entre los partidarios de regular

se encuentra el Grupo de Estudios de Pol¨ªtica Criminal, un colectivo de unos 200 penalistas progresistas ¡ªentre los que est¨¢n la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Adela Asua, o los magistrados de la Audiencia Nacional Ram¨®n S¨¢ez y Jos¨¦ Ricardo de Prada¡ª. Ese colectivo elabor¨® en 2007 una propuesta en la que se apostaba por regularizar la prostituci¨®n como un trabajo por cuenta ajena ¡ªespecificando las jornadas, descansos, vacaciones, retribuciones...¡ª o como trabajo aut¨®nomo con acceso a la Seguridad Social. Esa regulaci¨®n laboral deber¨ªa adaptarse ¡°a las especiales caracter¨ªsticas de la prestaci¨®n de servicios sexuales¡±, seg¨²n la propuesta. As¨ª, deber¨ªa reconocer la m¨¢xima autonom¨ªa en el ejercicio de su actividad al trabajador. ¡°El empresario no podr¨ªa decidir si se presta un servicio o no, o el tipo de servicio¡±, mantienen los penalistas progresistas.

Varios penalistas progresistas
piden que se regule
como cualquier actividad

Para ello, proponen eliminar del C¨®digo Penal la prohibici¨®n de ¡°lucrarse con la explotaci¨®n de la prostituci¨®n¡± aunque sea consentida dejando ¨²nicamente como conducta sancionada la prostituci¨®n forzada. Al pasar las personas prostituidas a considerarse, a todos los efectos, trabajadores, la imposici¨®n de condiciones laborales abusivas o la obtenci¨®n de un lucro excesivo por el proxeneta-empresario pasar¨ªan a castigarse, como en el caso de cualquier otro empleado, como los delitos contra la protecci¨®n de los derechos de los trabajadores que ya contiene ese texto legal.

En el otro lado se encuentra el PSOE, con una postura m¨¢s cercana al abolicionismo y que considera el proxenetismo una variedad m¨¢s de violencia de g¨¦nero. Sus diputados a¨²n no han planteado su propuesta sobre la reforma legal que el Gobierno ha llevado a las Cortes, pero, de entrada, consideran que la prohibici¨®n de lucrarse con la prostituci¨®n ajena debe seguir en el C¨®digo Penal. Esa conducta, seg¨²n los documentos internos que maneja el partido, debe prohibirse, porque ¡°conlleva siempre un grado mayor o menor de explotaci¨®n sexual hacia la persona que ejerce la prostituci¨®n¡±. En palabras de la diputada ?ngeles ?lvarez: ¡°Hay que dar herramientas a los jueces para que puedan luchar contra esta explotaci¨®n¡±. Solo as¨ª se lograr¨¢ imponer l¨ªmites m¨¢s estrictos para evitar la trata y otros delitos asociados a este fen¨®meno.