La querella contra la c¨²pula sanitaria madrile?a sigue adelante

La Secci¨®n Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelaci¨®n interpuesto por cinco de los imputados en la querella de la Asociaci¨®n de Facultativos de Madrid (AFEM) por presuntos delitos de prevaricaci¨®n, cohecho, fraude, malversaci¨®n de caudales y delito contra la hacienda p¨²blica, entre otros. Los magistrados estiman que los hechos objetos de la querella no son ¡°totalmente inveros¨ªmiles¡±. El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 4, el que admiti¨® a tr¨¢mite la querella, seguir¨¢ por tanto con el procedimiento. ¡°No le cab¨ªa otra opci¨®n que la de incoar diligencias previas¡±, dice ahora la Audiencia, despu¨¦s de haber examinado la verosimilitud de lo denunciado.

Al admitir a tr¨¢mite la querella, el titular del juzgado n¨²mero 4, Marcelino Sexmero, decidi¨® en junio pasado investigar el proceso de privatizaci¨®n de la gesti¨®n hospitalaria que inici¨® el Gobierno regional en 2003. En el auto de admisi¨®n solicit¨® una extensa lista de informaci¨®n de tipo econ¨®mico, mercantil, de facturaci¨®n y administrativa. Tambi¨¦n imput¨® a la c¨²pula de la sanidad madrile?a: dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos actuales, y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones pol¨ªticas.

Los imputados que presentaron el recurso de apelaci¨®n en la Audiencia Provincial son Patricia Flores, viceconsejera de Sanidad hasta que hoy mismo el Consejo de Gobierno de Madrid ha anunciado su cese, y Antonio Burgue?o, director general de Hospitales tambi¨¦n hasta hoy, cuando ha sido cesado. Al su recurso, del que se han encargado los abogados de la Comunidad de Madrid, se adhirieron posteriormente V¨ªctor Madera, directivo de IDC Salud (antes Capio); Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad madrile?o que tras su cargo ha tenido diferentes intereses en la sanidad privada, e I?igo Mu?oz en representaci¨®n de Capio Sanidad.

¡°Los hechos objeto de la querella no aparecen como totalmente inveros¨ªmiles, por lo que al mencionado juzgado de instrucci¨®n no le cab¨ªa otra posibilidad t¨¦cnico-jur¨ªdica que la de incoar diligencias previas para determinar la naturaleza y las circunstancias de los hechos, y las personas que en ellos pudieran haber intervenido¡±, se?alan los magistrados. Adem¨¢s explican que el auto desestimatorio responde ¨²nicamente al primero de los recursos presentados por los apelantes, por lo que todav¨ªa queda a la espera de resoluci¨®n el segundo recurso de apelaci¨®n presentado en este mismo procedimiento contra el auto del Juzgado de Instrucci¨®n n? 4 que acuerda la pr¨¢ctica de determinadas diligencias de instrucci¨®n, entre ellas la declaraci¨®n de los querellados, seg¨²n informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"En vista del contenido de la querella presentada, debe tenerse en cuenta que los hechos que se describen en la querella podr¨ªan ser constitutivos de infracci¨®n penal, e incluso perseguibles de oficio, en cuanto se imputa presuntos delitos de realizaci¨®n arbitraria del propio derecho, coacciones, falsedad documental, prevaricaci¨®n, cohecho, fraude, y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos", se?alan los magistrados en el auto, con fecha de 10 de febrero. La resoluci¨®n que tom¨® en su momento el juez Sexmero de abrir diligencias es "impecable", en cuanto aplica los art¨ªculos 757 y 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a?ade la sala.?

La Asociaci¨®n de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), la que present¨® la querella, cree que el respaldo que ha dado la Audiencia Provincial de Madrid a la admisi¨®n a tr¨¢mite "permitir¨¢ poner en evidencia la privatizaci¨®n encubierta que se est¨¢ llevando a cabo y que pretende dejar sin actividad a los centros p¨²blicos". La portavoz de la organizaci¨®n, F¨¢tima Bra?as, ha se?alado a Europa Press que la desestimaci¨®n del recurso que presentaron los querellados les hace sentir "cierta seguridad jur¨ªdica porque ante la m¨¢s m¨ªnima duda permite abrir diligencias previas".

La querella ¡ªun texto de 86 p¨¢ginas m¨¢s 70 anexos de documentaci¨®n elaborado por un bufete de abogados cuyos gastos se pagaron gracias a una colecta masiva entre los sanitarios madrile?os¡ª se?alaba las posibles irregularidades cometidas durante la primera oleada de privatizaciones, que dio como resultado la apertura de los hospitales gestionados enteramente por empresas de Valdemoro, Torrej¨®n de Ardoz y M¨®stoles (entre 2007 y 2011).

Los querellados son los dos exconsejeros de Sanidad de ese periodo, Manuel Lamela y Juan Jos¨¦ G¨¹emes, y dos altos cargos, Patricia Flores (actualmente n¨²mero dos de la consejer¨ªa) y Antonio Burgue?o, director general de Hospitales. El juez tambi¨¦n cita con abogado al gerente de la Fundaci¨®n Jim¨¦nez D¨ªaz (centro privado concertado) y a los responsables de Capio (que recientemente cambi¨® su denominaci¨®n comercial a IDC Salud), Ribera Salud, Unilabs y Asisa.

Sexmero desestim¨® en octubre pasado el recurso que el exconsejero de Sanidad Juan Jos¨¦ G¨¹emes present¨® el verano anterior contra el auto de admisi¨®n de la querella por prevaricaci¨®n, cohecho y malversaci¨®n de la asociaci¨®n de m¨¦dicos Afem. En un auto de 29 de octubre el juez no solo desestima la petici¨®n de G¨¹emes y de dos de las empresas supuestamente beneficiadas por la privatizaci¨®n sanitaria en Madrid (Asisa y Unilabs) sino que defiende la necesidad de investigar los hechos presuntamente delictivos que relata Afem. Adem¨¢s, el auto concretaba qu¨¦ delitos corresponder¨ªan a cada uno de los nueve imputados en el proceso. En el caso de los exconsejeros G¨¹emes y Manuel Lamela, cohecho y prevaricaci¨®n.

El juez Sexmero hab¨ªa llegado a citar para interrogarles a la la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, y del director general de Hospitales, Antonio Burgue?o, pero en septiembre, tras el recurso de los abogados de la Comunidad de Madrid, dict¨® un auto suspendiendo sus declaraciones. Previsiblemente las retomar¨¢ ahora que la Audiencia Provincial ha dado el visto bueno.