Los espa?oles han pagado un impuesto ilegal durante 10 a?os

Espa?a ha pasado 10 a?os gravando a los contribuyentes con un impuesto ilegal. La justicia europea tumb¨® ayer el c¨¦ntimo sanitario,un recargo al consumo de hidrocarburos aprobado en 2002 para financiar la sanidad. Tras varios a?os de recelos en Bruselas respecto a ese impuesto, el Tribunal Europeo de Justicia ha certificado su muerte. El gravamen era contrario al derecho comunitario y, por tanto, el Estado debe devolver las cantidades cobradas indebidamente. Entre 2002 y 2011, esta figura tributaria recaud¨® algo m¨¢s de 13.000 millones de euros, aunque la cantidad que podr¨¢n recuperar los contribuyentes ser¨¢ muy inferior.

La sentencia explica con rotundidad por qu¨¦ el tributo era ilegal. Pero, sobre todo, asesta un duro golpe a las autoridades espa?olas, al acusarlas de mala fe por mantener en vigor una figura que sab¨ªan que vulneraba las reglas comunitarias. Por ese motivo niegan al Gobierno espa?ol la petici¨®n que hizo al tribunal de limitar las consecuencias econ¨®micas de su fallo y abren la v¨ªa para que todo aquel que quiera reclamar las cantidades abonadas pueda obtenerlas. En la pr¨¢ctica, los requisitos exigidos ¡ªb¨¢sicamente, justificantes de pago como facturas¡ª y las leyes tributarias, que solo permiten reclamar las deudas de los ¨²ltimos cuatro ejercicios fiscales, limitar¨¢n mucho el alcance econ¨®mico.

Las razones de la ilegalidad son sutiles. El consumo de gasolinas ya est¨¢ gravado con un impuesto espec¨ªfico (el especial de hidrocarburos), por lo que solo es posible fijar un nuevo recargo si este persigue una finalidad espec¨ªfica. Aunque las comunidades aut¨®nomas (receptoras del impuesto) destinan la recaudaci¨®n a fines sanitarios y medioambientales, el tribunal no considera que exista un v¨ªnculo suficiente entre el gravamen y la finalidad. Eso ocurrir¨ªa, por ejemplo, si los rendimientos se hubieran utilizado ¡°obligatoriamente para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados espec¨ªficamente al consumo de hidrocarburos¡±. No basta, por tanto, con una mera declaraci¨®n gen¨¦rica de que ese dinero sufraga la sanidad.

Pero la parte m¨¢s dura de la sentencia deriva de la responsabilidad que atribuye a las administraciones en ese error tributario. Con el argumento de que esa devoluci¨®n retroactiva de lo abonado ¡°pondr¨ªa seriamente en peligro la financiaci¨®n de la sanidad p¨²blica en las comunidades aut¨®nomas¡±, el Gobierno espa?ol hab¨ªa reclamado limitar en el tiempo los efectos de la sentencia. El tribunal se niega por un motivo fundamental: la ausencia de buena fe en las autoridades.

Tanto el Ejecutivo central como las comunidades que aplicaban el c¨¦ntimo sanitario (todas menos Arag¨®n, La Rioja y Pa¨ªs Vasco, porque Canarias tiene un r¨¦gimen fiscal diferente) deb¨ªan conocer que en el a?o 2000 el tribunal con sede en Luxemburgo hab¨ªa anulado un gravamen muy similar a este. Adem¨¢s, la Comisi¨®n Europea inici¨® en 2003 un procedimiento contra Espa?a por la aplicaci¨®n del impuesto. ¡°En estas circunstancias, no puede admitirse que la Generalitat de Catalunya y el Gobierno espa?ol hayan actuado de buena fe al mantener [el gravamen] durante un periodo de m¨¢s de 10 a?os¡±, concluye la sentencia.

El texto alude a Catalu?a porque el origen de este fallo est¨¢ en un transportista catal¨¢n, Jordi Besora, que reclam¨® ante la justicia ordinaria. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a apel¨® entonces al europeo para que decidiera sobre la legalidad de esa figura. La devoluci¨®n afecta en primera instancia a Catalu?a pero sus efectos se extienden al resto de comunidades.

El tribunal se niega a limitar en el tiempo los efectos de la sentencia por la falta de buena fe en las autoridades espa?olas

Aunque el Gobierno ya esperaba un fallo as¨ª ¡ªel abogado general del tribunal europeo se pronunci¨® en contra del tributo el pasado octubre¡ª, la sentencia cay¨® ayer como un golpe. El ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, decidi¨® culpar al Ejecutivo comunitario. ¡°El Tribunal de la UE no est¨¢ desautorizando al Gobierno espa?ol, sino a la Comisi¨®n Europa, que en su momento fue la que autoriz¨® al Gobierno y a las comunidades para implantar ese sistema¡±, asegur¨® Montoro en los pasillos del Congreso. La propia sentencia desmiente esta acusaci¨®n y deja claro que, ¡°contrariamente a lo que alegan¡± [Gobierno y Generalitat] Bruselas nunca confirm¨® a Espa?a la legalidad de esta figura.

Nadie se atreve a cuantificar hasta d¨®nde puede llegar la devoluci¨®n, aunque un portavoz de este ministerio subraya que en todo caso ser¨¢ muy inferior a los 13.000 millones recaudados en el periodo de vigencia del impuesto, una cantidad que equivale a lo que cuestan en un a?o las n¨®minas de todos los funcionarios de la Administraci¨®n central. En 2012, el c¨¦ntimo sanitario se reformul¨® para integrarlo en el impuesto especial de hidrocarburos, de manera que no incurre ya en el defecto de forma que ha censurado la justicia europea. Este portavoz a?ade que la devoluci¨®n se estudiar¨¢ caso por caso y previa reclamaci¨®n en los tribunales, lo que implica aportar facturas.

Quienes s¨ª han realizado una estimaci¨®n aproximada han sido los transportistas, uno de los colectivos m¨¢s afectados por el pago del impuesto y los que m¨¢s demandas judiciales han presentado. Julio Villaescusa, presidente de la federaci¨®n de transportistas (Fenadismer), calcula que este sector ha aportado a las arcas p¨²blicas unos 2.300 millones por ese tributo. Villaescusa celebra la sentencia y asegura que ya advirti¨® sobre la ilegalidad del tributo. ¡°Siempre les dijimos a las distintas administraciones que ser¨ªa un problema, pero no hicieron los deberes¡±, explica en conversaci¨®n telef¨®nica. Esta patronal calcula que cada cami¨®n tiene derecho a reclamar una media de 16.000 euros (14.000 por autob¨²s).

El del c¨¦ntimo sanitario se suma a una serie de reveses que Bruselas ha asestado recientemente a Espa?a por aplicar mal las normas. En julio de 2013, la Comisi¨®n tumb¨® el modelo de deducciones fiscales a la construcci¨®n naval, lo que enfrent¨® a las autoridades espa?olas con Bruselas. Meses antes, el tribunal europeo hab¨ªa obligado al Gobierno a modificar la normativa de desahucios, por considerar que desproteg¨ªa al propietario.