La ley de justicia gratuita deja fuera a las organizaciones medioambientales

Cada vez que las ONG medioambientales se planteen llevar un asunto a los tribunales van a tener que sacar la calculadora del bolsillo para saber si pueden afrontarlo. El Gobierno las ha dejado fuera del Proyecto de Ley de Asistencia Jur¨ªdica y Gratuita, pendiente de pasar por el Congreso de los Diputados, de forma que solo podr¨¢n acceder a este beneficio si acreditan una serie de requisitos, como ser de utilidad p¨²blica y al mismo tiempo tener insuficiencia de recursos para litigar. Otras asociaciones, como las v¨ªcimas del terrorismo, s¨ª han sido incluidas en este beneficio, independientemente de sus ingresos.

Justicia defiende que la situaci¨®n de las ONG queda igual, e incluso un poco mejor que antes

La negativa del Ministerio de Justicia se suma al varapalo que las organizaciones ecologistas han recibido con otras leyes, como la de tasas, que ha encarecido hasta diez veces los costes de los procesos judiciales, o la Ley de Evaluaci¨®n de Impacto Ambiental, que acorta los plazos de exposici¨®n p¨²blica, por lo que se tiene menos margen para estudiar los proyectos y poder recurrirlos.

Los ecologistas tienen que acreditar utilidad p¨²blica y falta de recursos

Si no hay un cambio de actitud por parte del Ministerio de Justicia, los cinco grupos ecologistas (Greenpeace, Seo-BirdLife, Ecologistas en Acci¨®n, WWF y Amigos de la Tierra) denunciar¨¢n ante la Comisi¨®n Europea el incumplimiento de convenios internacionales como el de Aahrus, firmado por Espa?a en 2004 e incorporado a la normativa comunitaria. Este pacto compromete a los Estados a que el acceso a la justicia en materia medioambiental ha de ser real y efectivo y los procesos r¨¢pidos o poco onerosos o gratuitos.

El Ministerio de Justicia defiende que, con el nuevo proyecto de ley de acceso a la justicia gratuita, la situaci¨®n de las organizaciones medioambientales queda igual, e incluso se mejora un poco, ya que se han elevado los umbrales de renta. Con la ley anterior, de 1996, una sociedad de utilidad p¨²blica necesitaba demostrar que sus beneficios anuales eran inferiores a 19.170 euros para no tener que pagar abogado y tasas judiciales. Ahora tendr¨¢n derecho si estos beneficios no rebasan los 31.950 euros.

Las ONG se sienten discriminadas con respecto a otras asociaciones, como las de consumidores, Cruz Roja, o sindicatos, a quienes no se les examinan las cuentas, y reclaman que se cumplan las directivas comunitarias.

En 2006, Espa?a dio un primer paso para adaptar la legislaci¨®n al convenio de Aahrus. Fue con la Ley de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, pero la trasposici¨®n qued¨® a medias, porque estaba pendiente actualizar la Ley de Asistencia Jur¨ªdica Gratuita, que era de 1996.

Ecologistas en Acci¨®n es una de las organizaciones que desde entonces ha solicitado y conseguido justicia gratuita en numerosas ocasiones. ¡°Con el nuevo decreto se van a crear muchos problemas de argumentaci¨®n, a la hora de saber qu¨¦ ley prevalece¡±, predice Jaime Doreste, coordinador del ¨¢rea jur¨ªdica de Ecologistas.

La nueva ley de justicia gratuita era la oportunidad perfecta para equiparar a las ONG medioambientales con otras asociaciones. Sin embargo, el Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ru¨ªz Gallard¨®n, les mantiene esos baremos ampar¨¢ndose en un informe del Consejo de Estado en el que se les pidi¨® que revisaran la extensi¨®n de este beneficio a las asociaciones declaradas de utilidad p¨²blica y que se rige por un criterio completamente econ¨®mico.

¡°Un procedimiento normal cuesta 400 euros, un recurso, 500, ahora hay que pensarlo mucho antes de recurrir y encima nos enfrentamos al agravio con la administraci¨®n p¨²blica, que est¨¢ exenta de estos recargos¡±, explica Mar¨ªa Soledad Gallego, abogada de Seo-BirdLife, una de las organizaciones ambientales que m¨¢s batalla planta en los tribunales.

Los letrados de estas organizaciones coinciden en que las ONG m¨¢s peque?as no podr¨¢n cumplir el requisito de la utilidad p¨²blica porque para ello se requiere cierta solvencia econ¨®mica, mientras que a las m¨¢s grandes les costar¨¢ demostrar insuficiencia de recursos para litigar. Adem¨¢s, a partir del tercer caso anual deben demostrar que no est¨¢n abusando, algo que las propias organizaciones conservacionistas ven ¡°absurdo¡± ya que muchas de ellas act¨²an en todo el territorio nacional y acudir a los tribunales es su recurso final en los casos m¨¢s graves. ¡°Una de nuestras funciones de nuestra utilidad p¨²blica es defender el medio ambiente en raz¨®n del inter¨¦s general, si es necesario por la v¨ªa judicial y en el n¨²mero de casos que haga falta¡±, argumentan.

Rita Rodr¨ªguez, abogada de WWF, se sorprende con la facilidad con la que los jueces de altos tribunales espa?oles invocan el Convenio de Aahrus, mientras el Gobierno actual parece ignorarlo. ¡°Implic¨® un compromiso de los Estados miembros de facilitar un acceso a la justicia en materia de medio ambiente por entender que las asociaciones estaban llamadas a desempe?ar un papel activo para mejorarlo y preservarlo¡±, destaca.

En una de sus ¨²ltimas reuniones con Gallard¨®n, las ONG se encargaron de hacerle llegar una copia, pero no parece haber surtido efecto. ¡°Cre¨ªmos que nos hab¨ªa tomado en serio¡±, se lamenta Lawrence Sudlow, portavoz de amigos de la Tierra.

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