Pagar con c¨¢rcel y por la c¨¢rcel
Holanda quiere cobrar a los reclusos 16 euros al d¨ªa por la prisi¨®n Los contrarios alertan de que endeudar a los presos lastrar¨¢ su futura inserci¨®n social El Estado ahorrar¨ªa 65 millones anuales
Desde un punto de vista tradicional, la c¨¢rcel es el local donde se encierra a los presos. Vista como un servicio p¨²blico, tambi¨¦n es un lugar que genera grandes gastos a la sociedad por culpa de los delitos de unos pocos. Seg¨²n esta segunda acepci¨®n, la privaci¨®n de libertad, la mayor p¨¦rdida imaginable en vida, solo es la consecuencia directa de haber quebrantado la ley. La indirecta consiste en exigir al recluso que contribuya a pagar la prisi¨®n. Y eso ¨²ltimo es lo que se ha propuesto en Holanda, un proyecto que a¨²n debe pasar por el Congreso y el Senado; en el Senado el Gobierno no tiene mayor¨ªa, pero todo apunta a que habr¨¢ un acuerdo en este asunto. As¨ª que los presos all¨ª tendr¨¢n que pagar con c¨¢rcel y por la c¨¢rcel.
En Holanda ya est¨¢ hecha la suma: 16 euros diarios, durante un total de dos a?os ¡ªaunque la pena total de reclusi¨®n sea mayor¡ª equivalen a 11.680 euros por interno. El mantenimiento de una celda en Holanda asciende hoy a 240 euros al d¨ªa, y la nueva suma as¨ª obtenida, junto con el abono de costas judiciales y una reparaci¨®n para las v¨ªctimas, supondr¨¢ un ahorro de 65 millones de euros anuales al erario p¨²blico.
Los pagos incluyen a instituciones psiqui¨¢tricas y padres de menores
El Ministerio de Justicia ha incluido entre los pagadores a los encerrados en instituciones psiqui¨¢tricas dependientes del departamento de prisiones. Tambi¨¦n a los padres de menores y j¨®venes, entre 12 y 23 a?os, internados en centros de reinserci¨®n. El correspondiente proyecto de ley ha sido remitido a la Fiscal¨ªa General del Estado y el Consejo de la Magistratura para su an¨¢lisis, y ha creado dos bandos opuestos. A un lado, aparecen los partidarios de tratar al reo como un ciudadano m¨¢s a efectos contables. Debe abonar, por tanto, una cuota similar a la exigida por el Estado para cualquier transacci¨®n. Del otro, se amontonan las cr¨ªticas contra una medida que puede entorpecer la reinserci¨®n al imponer una abultada deuda.
Con 16,7 millones de habitantes, Holanda dispone de casi 13.000 celdas. En 2012 la poblaci¨®n carcelaria ascend¨ªa a 38.000 personas (la cifra oficial m¨¢s reciente), pero no todos est¨¢n dentro a la vez. ¡°Como el promedio de estancia es de cuatro meses, en un d¨ªa cualquiera puede haber 10.000 condenados entre rejas¡±, se?ala Jochgmen van Opstal, encargado por Justicia de explicar el nuevo r¨¦gimen. El recorte presupuestario que fuerza el pago de las celdas repercutir¨¢ a su vez en las prisiones, y en 2017 solo quedar¨¢ una veintena de las 46 actuales. ¡°La c¨¢rcel es un tipo de castigo que no puede variarse, pero tiene que ser humana. Sin lujos, y con servicios, ya sea televisi¨®n, biblioteca, comidas, deporte o trabajo. Sin embargo, cuando alguien acaba ah¨ª, el resto asume los gastos. Lo l¨®gico es que el delincuente abone una peque?a parte de la estancia, y 16 euros es bien poco¡±, sigue Van Opstal.
La deuda no se condona, puede devolverse a plazos y empieza a contar cuando el exrecluso dispone de un sueldo. ¡°Recuerde que el proyecto de ley se deriva del pacto de Gobierno entre la actual coalici¨®n de liberales y socialdem¨®cratas. Por eso esperamos que sea una realidad en 2015¡±, a?ade.
Pocos encuentran un empleo, volver¨¢n a delinquir, dicen los infractores
Las pr¨®ximas elecciones legislativas est¨¢n previstas para 2017, de modo que hay suficiente margen de maniobra en un Parlamento en principio proclive al nuevo modelo carcelario. Pero el proyecto de ley no cristalizar¨¢ si asociaciones como la Federaci¨®n de Infractores, que representa desde 1972 sus intereses, pueden evitarlo. Pieter Vleeming, su responsable, considera un abuso que un interno adquiera un compromiso de casi 12.000 euros sin haber cometido otro delito para ello. Teniendo en cuenta que en el a?o 2000 los reclusos holandeses perdieron el derecho a la seguridad social, y en 2008 se quedaron sin becas de estudio ni pensiones de jubilaci¨®n, ¡°es ilusorio pensar que el mecanismo de ayudas oficiales recupere el ritmo nada m¨¢s salir a la calle¡±, dice.
En Espa?a solo pagan los presos m¨¢s pobres
En Espa?a, un preso con dinero, en buena situaci¨®n econ¨®mica, no paga nada. Pero el recluso que sea pobre y tenga derecho a una pensi¨®n no contributiva ¡ªcasos de jubilaci¨®n o graves discapacidades¡ª concedida por carecer de ingresos, debe pagar unos seis euros al d¨ªa por la comida que recibe entre rejas. As¨ª lo ha estimado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en varias sentencias. Los magistrados consideran que la comida que reciben los internos es una prestaci¨®n social y, como tal, incompatible con esas pensiones no contributivas. El problema es que las pensiones m¨¢s altas oscilan entre los 364 y los 546 euros al mes, que los beneficiarios, en caso de estar entre rejas, reciben menguadas en unos 150 euros.
Ese fue el caso de Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, preso primero en C¨®rdoba y luego en Sevilla y que cobra una pensi¨®n no contributiva por su invalidez superior al 65%. La Consejer¨ªa de Igualdad y Bienestar de la Junta de Andaluc¨ªa le dej¨® su pensi¨®n de 301,55 euros en 147,71 por su manutenci¨®n en esos centros penitenciarios. Rodr¨ªguez recurri¨® esa decisi¨®n del Gobierno andaluz a un juzgado de lo Social de C¨®rdoba que le dio la raz¨®n. Pero luego la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, la del Supremo y el Tribunal Constitucional se la quitaron. Ahora est¨¢ pendiente de una resoluci¨®n del Comit¨¦ de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales de la ONU.
Penalistas y expertos penitenciarios consultados por EL PA?S consideran que contribuir al pago de la propia condena, sea en Espa?a o en Holanda, es ilegal e injusto. ¡°Si la condena es una manifestaci¨®n del poder coercitivo del Estado e impuesta por un juez que tambi¨¦n es del Estado, es el Estado el que tiene que responder de la manutenci¨®n del preso¡±, explica el profesor de Derecho Penitenciario de la Universidad de Comillas Juli¨¢n R¨ªos. ¡°El preso paga sus cuentas con el Estado mediante el cumplimento de la pena¡±, a?ade el experto.
R¨ªos, adem¨¢s, piensa que la iniciativa holandesa de hacer pagar a los internos 16 euros por d¨ªa ser¨ªa inconstitucional en Espa?a. ¡°La Constituci¨®n establece que la rehabilitaci¨®n o la reeducaci¨®n es uno de los fines de la condena y por tanto, un derecho del preso. Pero, adem¨¢s, los presos deben hacer frente a las indemnizaciones derivadas de sus delitos. Se considera que han asumido sus infracciones y el da?o que han causado cuando empiezan a pagarlas¡±, prosigue R¨ªos, que recuerda que el abono de esas cantidades es necesario para obtener el tercer grado y la libertad provisional. ¡°Hacer que el interno pague su estancia en prisi¨®n genera un doble perjudicado: el propio preso, que tiene que hacer frente a esa nueva deuda, y la v¨ªctima, que ve como se reducen las posibilidades de cobrar su indemnizaci¨®n¡±. En Espa?a, un condenado a penas de prisi¨®n, adem¨¢s de hacer frente a las indemnizaciones de sus v¨ªctimas, debe abonar las costas procesales y la multa o sanci¨®n econ¨®mica que sus delitos puedan acarrear. Agrandar las deudas del preso supone tambi¨¦n limitar sus posibilidades de reinserci¨®n e incrementar la inseguridad ciudadana. ¡°En Estados Unidos, donde los delincuentes deben pagar multitud de gastos derivados de sus procesos, como las alcoholemias, las pruebas de ADN, o la manutenci¨®n en las prisiones locales, los presos salen a la calle tras cumplir su condena con enormes deudas a las que no pueden hacer frente¡±, explica el catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de M¨¢laga Jos¨¦ Luis D¨ªez Ripoll¨¦s. ¡°Al terminar su condena en esa situaci¨®n tan penosa, muchos se ven obligados a seguir delinquiendo para sobrevivir¡±.
Frente al sistema estadounidense, Ripoll¨¦s explica que en Europa existen otros, como el de los pa¨ªses escandinavos. En esos Estados, el pago de la manutenci¨®n es, a diferencia de en EE?UU, un mecanismo de reinserci¨®n del recluso. Si queda en r¨¦gimen abierto por haber obtenido un trabajo, paga las noches que pasa en el centro penitenciario como una demostraci¨®n de que puede hacer frente a sus gastos al igual que cualquier otro ciudadano. Pero esas cantidades no se cobran a los presos sin recursos.
¡°El Estado tiene la obligaci¨®n de pagar la manutenci¨®n y las medicinas del preso, no de cobrar. Encima no les estimula para que trabajen y recompongan su vida. Muy pocos encuentran un empleo con que pagar la renta de una casa cuando salen. Y sin domicilio fijo tampoco hay subsidios. Una cosa va ligada a la otra. Con la condena pierden a veces familia y amigos; su red de apoyo. Dada la escasez de viviendas sociales, con unas listas de espera de hasta 20 a?os, si encima les imponen otro pago, volver¨¢n a delinquir. Es un giro contrario a la reintegraci¨®n pregonada desde las instituciones¡±, contin¨²a Vleeming. Como alternativa, la Federaci¨®n apuesta por las pulseras o tobilleras electr¨®nicas para controlar los movimientos del condenado en el exterior. Si aplicaran este sistema con mayor frecuencia, apuntan, el preso podr¨ªa trabajar y ahorrar dinero. ¡°Una celda tradicional es m¨¢s cara que el control electr¨®nico. Pero si no hay otra forma de parar la norma, acudiremos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Entre recursos y apelaciones, creemos que este Gobierno no la aplicar¨¢ durante la actual legislatura¡±, asegura.
A pesar de que Justicia afirma haberse mirado en el espejo de Alemania y Dinamarca para ajustar el proyecto de ley, sendas catedr¨¢ticas de ambos pa¨ªses matizan la comparaci¨®n. As¨ª, Kristin Drenkhahn, especializada en Derecho Penal y Criminolog¨ªa de la Universidad Libre de Berl¨ªn, recuerda que el reo que paga en su tierra ¡°una parte de los gastos de la celda suele estar en r¨¦gimen abierto y tiene un empleo, o bien dinero personal¡±. Aunque seg¨²n el sistema federal germano cada uno de los 16 l?nder dispone de un r¨¦gimen penal propio, ¡°en 2012 hab¨ªa unos 50.000 sentenciados en todo el todo el pa¨ªs¡±, de 82 millones de habitantes. ¡°Si trabajan en la c¨¢rcel, no pagan. El que acaba en el paro una vez libre, o bien est¨¢ jubilado, tampoco. Lo esencial es que no contraigan nuevas deudas. De otro modo ser¨ªa prolongar la pena ya impuesta, y eso interfiere en su rehabilitaci¨®n¡±, dice.
Su colega danesa Anette Storgaard, de la Escuela de Negocios y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Aarhus, presenta una situaci¨®n similar. En Dinamarca, con 5,6 millones de habitantes y 13 c¨¢rceles, hay 4.000 reclusos, incluidos los que cumplen penas de prisi¨®n provisional. ¡°No pagan ni acumulan deudas por estar encerrados. Adem¨¢s de lo que obtienen trabajando dentro, que es poco, el Estado les da una peque?a suma para vivir. Para quienes no conocen m¨¢s que el circuito del crimen, es desalentador carecer siempre de algo propio por culpa de este tipo de deudas adicionales¡±, se?ala.
La cuenta que s¨ª cargan ambos pa¨ªses al preso es la reparaci¨®n econ¨®mica destinada a las v¨ªctimas, las costas judiciales y la investigaci¨®n policial. Este apartado, que en Holanda tendr¨¢ una tarifa fija y compone otro proyecto legislativo adicional, se aplica asimismo en Noruega, Italia, Austria, Portugal, Inglaterra, Gales, Suecia y Suiza, entre otros. Los holandeses tienen tambi¨¦n aqu¨ª en cuenta la situaci¨®n econ¨®mica del liberado. ¡°Si bien la obligaci¨®n de pagar se mantiene, no debe interferir en la rehabilitaci¨®n ni crear nuevos problemas sociales¡±, afirma el ministro de Justicia, el liberal Ivo Opstelten. En Dinamarca, si los hijos del preso fueron mantenidos por el Estado durante su internamiento, dicha factura es presentada con posterioridad.
¡°La medida de Justicia no supone rendirse en manos de Geert Wilders (el l¨ªder xen¨®fobo y antimusulm¨¢n holand¨¦s). Forma parte del ideario liberal¡±, seg¨²n la exministra holandesa de Interior, Rita Verdonk. Antigua directora general de prisiones, compara el pago de la celda ¡°al exigido por pasaportes y carn¨¦s de conducir¡±. ¡°Es hora de que la gente, en especial los padres de menores, entiendan que estar detenido cuesta mucho dinero¡±, declar¨® al rotativo De Volkskrant, nada m¨¢s conocer el proyecto. ¡°No tiene sentido. La mayor¨ªa de los presos est¨¢n pelados y as¨ª no volver¨¢n a la buena senda¡±, ha replicado Exodus, otra organizaci¨®n de ayuda a los expresidiarios.
Adem¨¢s de las redes sociales, rebosantes de opiniones a favor y en contra de los pagos, todas las p¨¢ginas web de los despachos holandeses de abogados han recogido los detalles del plan. En una asesor¨ªa jur¨ªdica, Jurofoon, cuyos m¨¢s de 700 expertos ¡°ofrecen consejo fiable a precios asequibles¡±, destacaba una entrada. Cr¨ªtica con el Gobierno, termina as¨ª: ¡°Mejor ser¨ªa que las autoridades invirtieran m¨¢s en un buen programa, obligatorio, de reinserci¨®n dentro de las prisiones. Y en un buen seguimiento, igualmente obligatorio, de lo que ocurre con los presos en el exterior. Porque ese es el gran error, abandonarles a su suerte¡±.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
