Rajoy y Susana D¨ªaz zanjan en 24 horas el conflicto de Aznalc¨®llar
El Gobierno retirar¨¢ el recurso de inconstitucionalidad que bloqueaba la reapertura tras una conversaci¨®n entre el jefe del Ejecutivo y la presidenta de la Junta


Un suspiro de vida ha tenido el recurso que el Gobierno present¨® ante el Tribunal Constitucional esta semana contra el decreto andaluz que permit¨ªa la reapertura de la mina de Aznalc¨®llar, ubicada en la provincia de Sevilla. El Ejecutivo de Mariano Rajoy acord¨® ayer con la Junta retirar el pleito y desbloquear as¨ª el concurso que Andaluc¨ªa hab¨ªa abierto para adjudicar la explotaci¨®n del simb¨®lico yacimiento, protagonista hace 16 a?os de un enorme desastre medioambiental. A cambio, la Administraci¨®n andaluza accede a que sea el Estado el que inicie el proceso y, por lo tanto, realice la declaraci¨®n de los derechos mineros de la zona.
Han hecho falta apenas 24 horas para que se solvente este extra?o litigio en el que parec¨ªa que no hab¨ªa contrincantes, ya que las dos partes coincid¨ªan en que era necesario reabrir la explotaci¨®n. Una conversaci¨®n telef¨®nica entre la presidenta andaluza, Susana D¨ªaz, y Rajoy el mi¨¦rcoles por la tarde sirvi¨® para encontrar la salida este asunto, que se plasm¨® en el acuerdo firmado ayer por las dos Administraciones. La intenci¨®n ahora es que los plazos establecidos se cumplan y que en el primer trimestre de 2015 puedan empezar los trabajos de acondicionamiento del yacimiento, ahora abandonado.
Pocos pensaban hace unos meses que la explotaci¨®n de Aznalc¨®llar volver¨ªa a operar. Las dos cortas (enormes perforaciones de las que se extrae el mineral) que forman parte del complejo no hac¨ªan otra cosa que acumular agua de lluvia desde que, en la primavera de 1998, se produjo la rotura de la balsa de lodos que desencaden¨® un vertido t¨®xico que se qued¨® a las puertas del Parque de Do?ana. Boliden, la multinacional sueca que gestionaba el yacimiento, se march¨® de Espa?a tras el incidente. Pero atr¨¢s se dej¨® a medio explotar una de las cortas, la de Los Frailes, donde la Junta calcula que hay al menos 35 millones de toneladas de cobre, zinc y plomo.
Con la crisis ya encima, y en un contexto en el que el desempleo supera el 30% en la comarca sevillana en la que se ubica la explotaci¨®n, la Junta anunci¨® en el verano de 2013 que quer¨ªa reabrir el yacimiento. La propuesta fue respaldada en dos ocasiones en el Parlamento andaluz por todos los partidos con representaci¨®n, es decir, por PP, en la oposici¨®n, y por PSOE e IU, que gobiernan juntos esta comunidad.
La intenci¨®n es que en 2015 comience a acondicionarse el yacimiento
Se aceleraron los plazos y se decidi¨® optar por la convocatoria de un concurso internacional, una v¨ªa que no suele ser habitual. Para poner en marcha ese concurso era necesario que se acometiera desde la Administraci¨®n una reserva de la zona minera y as¨ª poder adjudicarla posteriormente. El conflicto entre la Junta y el Gobierno surge en ese punto. El Ejecutivo central entiende que, con el decreto andaluz de diciembre que daba cobertura a la reapertura, la Junta se hab¨ªa arrogado una competencia estatal.
Las conversaciones entre las dos Administraciones, que arrancaron el mi¨¦rcoles al mediod¨ªa, han permitido salvar este detalle t¨¦cnico. Seg¨²n explic¨® ayer el secretario de Estado de Administraciones P¨²blicas, Antonio Beteta, el Estado retirar¨¢ los dos recursos presentados: uno contra el decreto y otro contra el concurso de adjudicaci¨®n. Ambos hubieran implicado la suspensi¨®n cautelar del proceso en cuanto el Constitucional admitiera la impugnaci¨®n. Paralelamente, la Junta pedir¨¢ formalmente al Estado que haga la reserva minera en Aznalc¨®llar. Y el Consejo de Ministros realizar¨¢ ¡°la declaraci¨®n de los derechos¡± sobre la zona.
A¨²n queda por plasmar la forma jur¨ªdica con la que el Gobierno har¨¢ luego la transferencia a Andaluc¨ªa de esa reserva para que contin¨²e el concurso con normalidad, cuya primera fase estaba previsto que se cerrara el 16 de abril. Con todo, Beteta asegur¨® ayer que la idea es que este asunto se resuelva en el Consejo de Ministros de hoy ¡ªalgo bastante complicado¡ª o en el de la pr¨®xima semana.
La Administraci¨®n prev¨¦ que haya una inversi¨®n de 300 millones en la zona
La delegaci¨®n andaluza que acudi¨® ayer a Madrid a negociar con el Ministerio de Hacienda ¡ªencabezada por el viceconsejero de Econom¨ªa, Luis Nieto¡ª iba con la orden de que el asunto de las competencias no fuera un problema. ¡°Si al final lo que plantea el Gobierno es que tiene que ser ¨¦l quien d¨¦ la autorizaci¨®n para que la Junta proceda a la reapertura, yo lo voy a aceptar¡±, dijo el martes Susana D¨ªaz tras un breve encuentro con el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, en Sevilla. D¨ªaz, seg¨²n fuentes de la Junta, reproch¨® al ministro que el Gobierno no hubiera avisado de los problemas jur¨ªdicos que ve¨ªa en los pasos dados por su equipo antes de recurrir.
Esa falta de comunicaci¨®n previa ¡ªnormalmente las Administraciones suelen mantener contactos antes de acudir al Constitucional¡ª es lo m¨¢s extra?o de este asunto. En jaque se ha puesto un proyecto con una inversi¨®n de aproximadamente 300 millones de euros y que, seg¨²n la Junta, podr¨ªa generar 450 puestos de trabajo directos. A estos se le podr¨ªan unir otros 850 indirectos. La patronal andaluza, los sindicatos mayoritarios y los Ayuntamientos de la comarca tambi¨¦n criticaron el pleito presentado por el Gobierno. Pero la impugnaci¨®n se encuadra en un contexto en el que la Junta y el actual Gobierno se han cruzado ya 17 recursos de inconstitucionalidad. Adem¨¢s, la extracci¨®n y b¨²squeda de recursos est¨¢n provocando serios enfrentamientos entre el Ministerio de Industria y algunas comunidades. En Canarias, por ejemplo, el Gobierno aut¨®nomo se opone a los proyectos de b¨²squeda de petr¨®leo que Jos¨¦ Manuel Soria ha autorizado. En este contexto, el paso dado por la Junta, al haberse atribuido las competencias sobre derechos mineros, podr¨ªa haber sentado un precedente.
Una explotaci¨®n sin balsa de residuos
El desastre de Aznalc¨®llar, desencadenado por la rotura de la presa de lodos del complejo, ha marcado tambi¨¦n el concurso aprobado por la Junta de Andaluc¨ªa, en enero, para adjudicar la reapertura del yacimiento. Ni Boliden, responsable en 1998 de la explotaci¨®n, ni ninguna empresa relacionada con la multinacional sueca podr¨¢n optar a quedarse con la mina. La Junta reclama desde hace a?os a Boliden los 90 millones de euros que cost¨® la restauraci¨®n ambiental.
Adem¨¢s, en las bases del concurso se estableci¨®: ¡°El dise?o del complejo no podr¨¢ incluir la construcci¨®n de un dep¨®sito de lodos, ni de un ac¨²mulo de residuos l¨ªquidos t¨®xicos que puedan producir un vertido contaminante¡±. Ahora, la balsa del vertido de lodos est¨¢ sellada y colmatada. Los residuos que se recogieron durante las labores de limpieza se acumularon en la corta de Aznalc¨®llar, que est¨¢ agotada. La corta (perforaci¨®n para extraer el mineral) que se saca a concurso es la de Los Frailes, al este del complejo. En el pliego de condiciones tambi¨¦n se fija que la compa?¨ªa que gane el concurso deber¨¢ hacerse cargo de ¡°la posterior restauraci¨®n tras la finalizaci¨®n de la actividad¡±. Seg¨²n la patronal minera andaluza, tres compa?¨ªas est¨¢n preparando sus proyectos para presentarlos al concurso, aunque todav¨ªa ninguna lo ha formalizado.
Antes de iniciarse el concurso, otra sociedad, Qbis Resources, con sede en Granada, present¨® una solicitud para que se le concediera el permiso de investigaci¨®n. De no haberse iniciado el proceso de reserva, esta sociedad hubiera tenido un derecho preferente. La Ley de Minas, de 1973, establece que es el orden de llegada el que debe marcar el proceso de resoluci¨®n de las solicitudes.
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