Una justicia m¨¢s igual

Las probabilidades de que un presunto delincuente sea juzgado por un magistrado af¨ªn tienden a cero. Las de un pol¨ªtico corrupto se multiplican, sin embargo, de manera exponencial. Por eso, aunque produjo cierto esc¨¢ndalo, a pocos sorprendi¨® demasiado que el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, perseguido entonces por sus conexiones con la trama G¨¹rtel, declarara ser m¨¢s que amigo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan Luis de la R¨²a, el mismo que archiv¨® la querella del caso e ignor¨® el informe policial que relataba los indicios de financiaci¨®n irregular del PP valenciano.

A pesar de la incompatibilidad manifiesta ¡ªsi no legal, al menos l¨®gica¡ª, el entonces vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, no quiso relevar de su puesto a De la R¨²a, lo que tal vez se entienda mejor si se tiene en cuenta que De Rosa fue militante de Alianza Popular y ocupaba el puesto a propuesta del mismo partido de Camps.

En Sevilla, la juez Mercedes Alaya, que lleva m¨¢s de tres a?os investigando el caso de los ERE falsos de Andaluc¨ªa, tendr¨¢ que abandonar tan magna tarea en el caso de que se le ocurra imputar a un pol¨ªtico aforado implicado en el asunto, lo que, en contra del l¨®gico discurrir de sus pesquisas, no ha hecho todav¨ªa.

Los jueces decanos de toda Espa?a, que en los ¨²ltimos a?os se han convertido en una voz refrescante y esperanzadora, han puesto el dedo en la llaga denunciando la gran cantidad de aforados existentes, un extra?o privilegio que, como contaba ayer EL PA?S, apenas si existe en otros pa¨ªses de nuestro entorno. Ese aforamiento implica que los afectados no puedan ser juzgados por un tribunal ordinario y, en el caso de los pol¨ªticos (2.300 en total), es especialmente bochornoso por cuanto son ellos los que nombran, por afinidad ideol¨®gica, a los miembros de esos tribunales superiores que les han de juzgar en caso de delito.

Dicen algunos que el aforamiento no siempre es un privilegio. Y es verdad. Impide, por ejemplo, recurrir a una segunda instancia. Pero digo yo que de no gustarles solo tienen que renunciar a ello. Es, en todo caso, una distinci¨®n de trato (como declarar por escrito o sin moverse del sitio) poco comprensible para el resto. Los pol¨ªticos que abandonan el Congreso, por ejemplo, no siempre tienen derecho al paro. Pero basta que completen dos legislaturas para obtener la pensi¨®n m¨¢xima. Los parlamentarios europeos acceden muy f¨¢cilmente a elevadas pensiones sin necesidad de cotizar como los dem¨¢s y hay organismos, como el Consejo de Estado, que les ofrecen empleo y sueldo de por vida.

Exigir el fin de tales privilegios no pretende ser el discurso de la antipol¨ªtica. Es lo contrario: es pedir una pol¨ªtica m¨¢s cercana al ciudadano, al que no se le escapan estos detalles que les alejan de sus representantes. Esos beneficios minan la credibilidad de unos profesionales que deciden sobre las pensiones de los dem¨¢s o aseguran su ¡°vocaci¨®n de servicio¡± tratando de ignorar las ventajas de que disfrutan. Los pol¨ªticos espa?oles deben estar bien remunerados para dedicarse a una labor tan importante. Poner fin a tratos extraordinarios que, adem¨¢s, siembran sospechas de connivencia con el Poder Judicial mejorar¨¢ su reputaci¨®n social.