¡°No interesa dilucidar el asesinato de Gonzalo¡±

El 4 de agosto de 2013 el bi¨®logo c¨¢ntabro Gonzalo Alonso Hern¨¢ndez muri¨® de un balazo en la nuca a pocos metros de su buc¨®lica finca enclavada en el coraz¨®n del Parque Natural de Cunhambebe, en el Estado de R¨ªo de Janeiro. Todas las sospechas apuntaron en aquel momento a grupos que aparentemente tendr¨ªan motivos para sentirse amenazados por las investigaciones que Gonzalo desarrollaba en el terreno. Los asesinos se encargaron de robar su tel¨¦fono m¨®vil y su ordenador port¨¢til, donde almacenaba valiosa informaci¨®n sobre sus denuncias.

El caso gan¨® resonancia en la prensa y tanto la viuda, Mar¨ªa de Lourdes Pena Campos, como los hermanos de Gonzalo obtuvieron la garant¨ªa de las autoridades de R¨ªo de Janeiro de que los autores del crimen no quedar¨ªan impunes. Incluso les dieron plazos para presentarles alg¨²n resultado. Casi nueve meses m¨¢s tarde, los mismos responsables que empe?aron su palabra con la familia del bi¨®logo (el secretario de Medio Ambiente del Estado de R¨ªo, Carlos Minc, y la jefa de la Polic¨ªa Civil, Martha Rocha) han abandonado sus cargos. ¡°Nos encontramos m¨¢s perdidos que nunca, con la sensaci¨®n de que no hay inter¨¦s por dilucidar el asesinato de Gonzalo. Nadie los dice nada y ya no sabemos con qui¨¦n hablar¡±, comenta, apesadumbrada, Mar¨ªa de Lourdes Pena Campos.

El caso de Gonzalo retrata a la perfecci¨®n la situaci¨®n de impunidad que se vive en Brasil en los casos de cr¨ªmenes contra activistas rurales o medioambientales. Seg¨²n Global Witness, solo en el 10 % de los cr¨ªmenes alg¨²n acusado llega a responder ante los tribunales. Y solo en un 1 % de los casos ese imputado es condenado y llega a cumplir condena. A efectos pr¨¢cticos, la impunidad es casi total.

Los principales focos de conflicto siguen estando localizados en los Estados amaz¨®nicos de Mato Grosso y Par¨¢, ¨¢reas de alta densidad ind¨ªgena que concentran el 61 % de la deforestaci¨®n ilegal calculada en 2013.

Los focos de conflicto est¨¢n
en zonas de alta deforestaci¨®n ilegal

En Par¨¢ tuvo especial resonancia en 2011 el asesinato a sangre fr¨ªa de los activistas Jos¨¦ Claudio Ribeiro da Silva y de su pareja Maria do Esp¨ªrito Santo. A Z¨¦ Claudio (nombre por el que era conocido en su entorno) le descerrajaron dos tiros de escopeta y le cortaron la oreja derecha, probablemente para ofrec¨¦rsela de trofeo a quien orden¨® la barbarie. Una vez m¨¢s corri¨® la sangre, de la misma manera que corrieron r¨ªos de tinta. Pero hasta el d¨ªa de hoy ning¨²n acusado se ha sentado en el banquillo.

Esta es la realidad que hace que Brasil salga especialmente mal parado en el ¨²ltimo informe de la organizaci¨®n Global Witness, que le endosa casi la mitad de las muertes de activistas rurales y medioambientales (448 de 908 entre 2002 y 2013) registradas en todo el mundo. Los n¨²meros de la ONG brit¨¢nica parten de los datos recabados en el terreno por la Comisi¨®n Pastoral de la Tierra (CPT), la organizaci¨®n brasile?a ligada a la Iglesia cat¨®lica que defiende la causa medioambiental y los derechos de los campesinos y los ind¨ªgenas. ¡°Hemos contabilizado 34 muertes en 2013, de las cuales 31 guardan relaci¨®n con conflictos rurales. En 15 casos las v¨ªctimas han sido indios. Llama la atenci¨®n que el 64 % de los asesinatos en el campo se cobran la vida de ind¨ªgenas o de miembros de comunidades quilombolas que mantienen una relaci¨®n diferente con la tierra¡±, explica Antonio Canuto, Secretario de la Coordinaci¨®n Nacional de la CPT.

¡°La persecuci¨®n de la dictadura acab¨® hace tiempo, pero no podemos decir lo mismo de la persecuci¨®n que protagonizan los latifundistas¡±, afirma Canuto, para quien ¡°existen claros intereses del capital en avanzar hacia ¨¢reas rurales donde la relaci¨®n con la tierra no se mide en t¨¦rminos de mercado, sino como una forma de vida¡±.