Condenada casa

Jos¨¦ Le¨®n y su esposa, Carmen, acaban de pasar 25 d¨ªas en la c¨¢rcel. ?l, de 64 a?os, en la prisi¨®n de Sevilla I. Ella, de 59, en la de Alcal¨¢ de Guada¨ªra. Pr¨¢cticamente todo el mes de abril entre rejas por negarse a acatar la orden de derribo de la casita que levantaron en la urbanizaci¨®n Las Minas (Castilblanco de los Arroyos, Sevilla), uno de los asentamientos ilegales m¨¢s grandes de Andaluc¨ªa (alrededor de 241 hect¨¢reas). Se negaron por convicci¨®n y por falta de recursos econ¨®micos, aseguran. ?l es parado de larga duraci¨®n; ella, personal interino del Servicio Andaluz de Salud.

El lunes pasado, el juez decret¨® la libertad de la pareja. Su situaci¨®n ha llenado de inquietud a los vecinos de la urbanizaci¨®n, en la sierra norte sevillana, donde a¨²n hay una decena de contenciosos abiertos por construir en suelo no urbanizable. Pero solo Jos¨¦ y Carmen han acabado en la c¨¢rcel. Un hecho ins¨®lito y no solo en Castilblanco. ¡°Es el primer caso en el que tengo constancia de que se decrete la entrada en prisi¨®n. Adem¨¢s, normalmente, el juez nunca resuelve con la restauraci¨®n del lugar¡±, apunta el responsable de Ordenaci¨®n del Territorio de Ecologistas en Acci¨®n de Andaluc¨ªa, Juan Clavero, quien estima que en la regi¨®n hay m¨¢s de 300.000 casas ilegales.

La historia de este matrimonio sevillano es parecida a la de las 819 familias que, seg¨²n el Ayuntamiento, viven o tienen su segunda residencia en este paraje de bosque mediterr¨¢neo. Un entorno en el que, entre encinas, se mezclan chal¨¦s con porche y piscina cercados con alambradas, viviendas modestas o a medio acabar y chamizos de chapa en los que sus propietarios acumulan enseres. Seg¨²n relata la familia, a principios de 2002 el patriarca inici¨® la b¨²squeda de una parcela en la que poder construir una vivienda con piscina para ir en vacaciones. Tras buscar por toda la provincia de Sevilla, el matrimonio compr¨® en Las Minas un solar de 2.000 metros cuadrados ¡ªla superficie media de las parcelas en Las Minas es de 1.200¡ª. Su sue?o estaba cada vez m¨¢s cerca gracias a ¡°los ahorros de toda una vida y a un pr¨¦stamo personal¡±.

¡°El due?o de la parcela le asegur¨® a mi padre que pod¨ªa edificar, incluso un funcionario municipal se lo confirm¨® cuando fue a preguntarlo al ayuntamiento. Mis padres nunca actuaron de mala fe¡±, afirma Iv¨¢n Le¨®n, hijo mayor de la familia. A finales de 2002, la vivienda, de 70 metros cuadrados, qued¨® terminada, pero sin la proyectada piscina. El presupuesto no lleg¨® para todo.

Para entonces, la urbanizaci¨®n, a dos kil¨®metros del municipio de 5.075 habitantes, estaba ya consolidada. Naci¨® en los a?os setenta. Dos de sus primeros vecinos Eduardo G¨®mez, de 90 a?os, y Mar¨ªa Valenzuela, de 78 a?os, regentan hoy uno de los dos establecimientos que hay en Las Minas: un peque?o ultramarinos ¡ª¡°en el que se puede encontrar de todo¡±, mantiene Mar¨ªa¡ª que tambi¨¦n hace las veces de bar. Eduardo y Mar¨ªa tienen su vivienda junto a la tienda. La construyeron ¡°a su gusto¡± y con ¡°todos los papeles en regla¡± ¡ªel vendedor de la parcela les asegur¨® que se trataba de suelo urbanizable¡ª.

Seg¨²n cuenta este matrimonio, poco a poco fueron instal¨¢ndose en la zona m¨¢s familias, y entonces lleg¨® el momento de organizarse. ¡°Los amigos ven¨ªan a visitarnos y se perd¨ªan, no sab¨ªan c¨®mo llegar a nuestras casas. As¨ª que le propuse a los vecinos que le pusi¨¦ramos nombre a las calles. A una de las primeras le pusimos mi segundo apellido: calle Torralba¡±, dice orgulloso Eduardo antes de levantarse para atender a dos vecinos que se acaban de sentar en lo que llama ¡°la terracita del bar¡±, en el patio que une su casa con el establecimiento.

La urbanizaci¨®n creci¨® al margen de las Administraciones y bajo la organizaci¨®n de las propias familias. Solo en 1985, el Consistorio opt¨® por recalificar una peque?a parte del suelo. ¡°El Ayuntamiento animaba a la gente a construir, dec¨ªa que no hab¨ªa problemas, que estaba trabajando en su regularizaci¨®n¡±, explica Rom¨¢n Mo?ino, el presidente de la asociaci¨®n de vecinos La Arada, una de las ocho que hay en la urbanizaci¨®n.

En 2012 un juzgado de Sevilla conden¨® al que fue alcalde del municipio durante 27 a?os, Manuel Ruiz Lucas, a cuatro a?os de inhabilitaci¨®n por ¡°no tomar ninguna medida efectiva¡± contra la construcci¨®n desde 1976 de edificaciones que causaban ¡°graves consecuencias medioambientales¡± por su multiplicaci¨®n indiscriminada, la proliferaci¨®n de pozos ciegos, la sobreexplotaci¨®n de acu¨ªferos, la acumulaci¨®n de basuras y la degradaci¨®n o desaparici¨®n de especies arb¨®reas y fauna. El exregidor tiene recurrida la sentencia ante el Tribunal Supremo.

En la ¨²ltima d¨¦cada ha habido un centenar de contenciosos. A¨²n hay una decena de demoliciones pendientes

La masificaci¨®n, seg¨²n Mo?ino, se produjo en los 80. Las familias llegaban atra¨ªdas por la idea de vivir en medio de la naturaleza. ¡°Buscaba un sitio en el campo para estar a gusto. Me maravill¨® c¨®mo se ve¨ªan las estrellas desde all¨ª, me sedujo su masa verde¡±, explica Ana C¨®rdoba, de 64 a?os, otra de las vecinas y vicepresidenta de la asociaci¨®n Macarena. Pero para muchos, el sue?o se convirti¨® en pesadilla. ¡°Durante todos estos a?os, las Administraciones han mirado hacia otro lado y ahora la Justicia solo nos responsabiliza a nosotros. A nosotros, que pagamos nuestro recibo del IBI, para que nos recojan la basura...¡±, critica Ana C¨®rdoba.

A Jos¨¦ y Carmen la denuncia les lleg¨® en 2006. Y al igual que a ellos, a casi un centenar de familias. Seg¨²n cuenta Rom¨¢n Mo?ino, los afectados son aquellos vecinos que construyeron sus viviendas tras la aprobaci¨®n en diciembre de 2002 de la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa (LOUA), mucho m¨¢s dura y, es esta fecha, el principal punto de discusi¨®n en el caso del matrimonio encarcelado. La familia mantiene que la obra se acab¨® ese a?o, mientras que el juez considera que la vivienda se construy¨® en 2005.

El criterio dispar de los jueces ha ido marcando la suerte de cada familia. Seg¨²n cuentan Rom¨¢n Mo?ino y Ana C¨®rdoba, casi la mitad de las familias expedientadas han sido absueltas frente a los 30 derribos que se han ejecutado. En el menor de los casos, el magistrado ha determinado que el delito ha prescrito. ¡°En todos los casos, el Ayuntamiento ha informado al juez de turno de que se estaba trabajando en la regularizaci¨®n de gran parte de la zona, que estimamos est¨¦ en vigor en dos a?os¡±, explica el alcalde de la localidad, Segundo Ben¨ªtez (PSOE). El caso de Jos¨¦ y Carmen fue singular. El magistrado conden¨® a la pareja a un a?o de prisi¨®n, una multa de 7.300 euros por cabeza, y a derribar la vivienda. Y al no haber ¡°actitud reparadora¡± orden¨® el ingreso en prisi¨®n.

Actualmente, seg¨²n cuentan estos vecinos, el proceso sigue abierto para ocho familias, de ellas, la mayor¨ªa con una orden de demolici¨®n. Uno de los sentenciados, que prefiere ocultar su nombre, tiene desde 2012 orden de tirar la vivienda que compr¨® en 1992, y en la que en los a?os siguientes levant¨® una segunda planta. ¡°El proceso parece que se ha paralizado, pero tenemos miedo de que con casos como el de estos vecinos se reabra el nuestro¡±, precisa. ¡°Somos 15 de familia, si nos obligan a tirar la casa no tenemos adonde ir¡±. ?l, igual que Carmen y Jos¨¦, vive ahora con la incertidumbre de si su insumisi¨®n le llevar¨¢, como a sus vecinos, a cambiar la casa en el campo por la celda en la ciudad.