Espacios naturales protegidos en vano

La macrourbanizaci¨®n Marina Isla de Valdeca?as, en un pantano del noroeste de la provincia de C¨¢ceres, es ilegal. Sus 180 villas tur¨ªsticas, su hotel, su campo de golf y sus atraques para barcos nunca debieron construirse. Lo acaba de decir el Tribunal Supremo, igual que en 2011 lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Las organizaciones ecologistas llevaban avisando desde 2007, pero las obras siguieron adelante. Ahora que el Supremo ordena demolerlas, la Junta de Extremadura alega que es tarde, que devolver la zona a su estado natural ser¨ªa incluso m¨¢s perjudicial para el medio ambiente. El mayor complejo tur¨ªstico y de ocio de Extremadura se levantan en terrenos incluidos en Natura 2000, la red europea de protecci¨®n ambiental. Lo que no impidi¨® que se edificara, y quiz¨¢ tampoco pueda evitar que siga donde est¨¢.

El Supremo tambi¨¦n declar¨® ilegal en 2011 la carretera M-501, entre Madrid y ?vila, que atraviesa el parque regional del curso medio del r¨ªo Guadarrama. Para entonces, ya estaba construida. Cuando los tribunales pararon el proyecto de la Ciudad del Golf en un pinar protegido de ?vila, ya se hab¨ªan talado 3.000 pinos. Estar situados en terrenos de la Red Natura 2000, cuyo d¨ªa europeo se ha celebrado esta semana, no ha evitado que estos y otros proyectos de infraestructuras o de urbanizaci¨®n acabaran afectando a los h¨¢bitats que se intentaba proteger. El 27% del territorio de Espa?a es Natura 2000. Pero, como recuerdan las organizaciones ecologistas, la facilidad con la que se declaran los lugares de inter¨¦s comunitario (LIC) y las zonas de especial protecci¨®n de las aves (ZEPA) no se corresponde despu¨¦s con la protecci¨®n que se les presupone. Son los propios Estados los que designan estas zonas y los que deben gestionarlas.

La normativa europea proh¨ªbe construir en estas ¨¢reas si los proyectos suponen un ¡°impacto significativo¡± al h¨¢bitat en cuesti¨®n. Solo hay una excepci¨®n, como subray¨® la semana pasada una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE: cuando existen ¡°razones imperiosas de inter¨¦s p¨²blico¡± y no hay soluciones alternativas. De darse esas condiciones, el Estado tiene que tomar medidas para compensar el da?o creado. Las comunidades han abusado de la definici¨®n de esas excepciones, se?alan tanto ecologistas como consultores medioambientales, principalmente aprobando declaraciones de inter¨¦s p¨²blico para proyectos que no lo merec¨ªan.

¡°No es que se abuse, es que a menudo se ignora la Red Natura 2000¡±, afirma Paco Segura, de Ecologistas en Acci¨®n. Pone el ejemplo del plan de infraestructuras gubernamental 2005-2020, conocido por sus siglas PEIT. ¡°Pretend¨ªa construir 9.000 kil¨®metros de l¨ªneas de alta velocidad ferroviaria y 6.000 de autov¨ªas, a pesar de que atravesaban un total de 327 espacios incluidos de la Red Natura 2000... ?Y no se evalu¨® su impacto sobre la Red Natura 2000! Pusimos una queja en Europa que fue admitida a tr¨¢mite¡±. En ocasiones, las evaluaciones no se hacen, o se hacen mal. Otras veces, todo acaba siendo de inter¨¦s p¨²blico. ¡°A menudo no se justifica, simplemente se declara. Se dice que tal aeropuerto es de inter¨¦s general y se construye con todo tipo de facilidades, aunque luego no llegue a un n¨²mero m¨ªnimo de pasajeros y sea una ruina econ¨®mica¡±. Luis Su¨¢rez, de WWF, coincide: ¡°Se ha abusado; cualquier gran infraestructura se ha convertido en inter¨¦s general. Nunca se buscan alternativas, y en las declaraciones de impacto se incluyen todo tipo de medidas que no sirven para compensar. El aeropuerto de Ciudad Real se construy¨® sobre una ZEPA. La medida compensatoria era crear otra en unos terrenos al lado. ?Qui¨¦n te garantiza que los p¨¢jaros vayan a irse all¨ª? Es un ejemplo de medida absurda¡±.

No son pocos los casos de proyectos en Red Natura 2000 que ya han causado da?o. El hotel de la playa del Algarrobico (Almer¨ªa), que como recuerda Greenpeace acumula 17 pronunciamientos judiciales en su contra, es uno de ellos. La mole se levanta a apenas 20 metros del agua. Para cuando el Constitucional anul¨® la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, en diciembre pasado, 52 millones de dinero p¨²blico ya se hab¨ªan gastado en construir edificios en terreno protegido junto al Duero. El Tribunal de Justicia de la UE conden¨® a Espa?a por permitir las minas de carb¨®n a cielo abierto de Laciana (Le¨®n), una comarca donde habitan osos pardos y urogallos cant¨¢bricos, entre otras especies amenazadas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n anul¨® un parque e¨®lico en El Bierzo (Le¨®n) a finales del a?o pasado. No hab¨ªa tenido en cuenta en su declaraci¨®n de impacto ambiental que all¨ª habita el urogallo. Fue el cuarto proyecto e¨®lico de la zona anulado, pero, a diferencia de los otros tres, este ya llevaba tres a?os funcionando.

¡°En medio ambiente deber¨ªan concederse de oficio las medidas cautelares¡±, opina Juan Carlos Atienza, de SEO/BirdLife. Su organizaci¨®n, asegura, gana en los tribunales m¨¢s del 80% de los casos. ¡°Hay que impedir que se produzcan los da?os, porque despu¨¦s los fallos son muy dif¨ªciles de cumplir. El problema se presenta cuando la infraestructura est¨¢ hecha¡±, se?ala. Es complicado que se ejecuten sentencias que ordenan restituir parajes a su estado natural. ¡°Hay pocos casos ¡ªcreo que no conozco ninguno¡ª en los que los ecologistas hayan ganado una sentencia y esta se haya ejecutado¡±, se queja Atienza.

Y sin embargo, s¨ª se han conseguido victorias medioambientales que han paralizado obras. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias detuvo de forma indefinida los trabajos del puerto de Granadilla (Tenerife) para preservar un alga protegida. El de Castilla y Le¨®n anul¨® la urbanizaci¨®n de Las Navas del Marqu¨¦s (?vila) porque invad¨ªa una zona de cr¨ªa de la cig¨¹e?a negra, especie en peligro de extinci¨®n. El oso pardo permiti¨® vetar la estaci¨®n de esqu¨ª de San Glorio, decisi¨®n a la que han seguido varios procedimientos judiciales m¨¢s. En Navahondilla, ?vila, el TSJ de Castilla y Le¨®n declar¨® nulo hace unos meses el plan para construir m¨¢s de 1.100 viviendas en un municipio que apenas llega a 350 habitantes. Supon¨ªa recalificar suelo r¨²stico a urbanizable en una zona donde se intenta recuperar la poblaci¨®n de ¨¢guila imperial.

Espa?a es el pa¨ªs de la UE que m¨¢s superficie ha incluido en la Red Natura 2000: 27% frente al 12,5% de Francia; el 15,4% de Alemania o el 19% de Italia, seg¨²n datos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Sin embargo, solo el 10% de esos espacios tienen un plan de gesti¨®n espec¨ªfico, algo a lo que obliga la normativa. Espa?a cumple con sus informes de la directiva H¨¢bitats (la norma europea que cre¨® la Red Natura 2000), pero estos planes de gesti¨®n ¡°est¨¢n siendo un calvario¡±, explica Domingo Jim¨¦nez, ex director de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Sobre todo en regiones como Castilla y Le¨®n, Galicia y Murcia, a?ade.

Mientras tanto, se siguen arrastrando casos como el de El Algarrobico. O el de Marina de Cope, en Murcia, donde el Constitucional anul¨® el plan del Gobierno regional que desproteg¨ªa 11.000 hect¨¢reas de costa virgen para urbanizarlas. ¡°Si no hubiera sido por la crisis, las urbanizaciones como Marina de Cope estar¨ªan construidas. ?Y qui¨¦n las tira abajo, como con El Algarrobico?¡±, se pregunta Jim¨¦nez. ¡°No es extra?o que en los conflictos entre espacios naturales e intereses econ¨®micos primen los segundos, y esto afecta a todo el proceso, incluso a los procedimientos judiciales. La entrada en juego de los fiscales ambientales fue un gran avance, aunque har¨ªan falta m¨¢s y con m¨¢s medios¡±, concluye.