La financiaci¨®n estatal para la dependencia cae un 23%
Un informe del Tribunal de Cuentas (2011-2013) refleja los retrasos en los expedientes Los fondos finalistas del Gobierno solo sufragan el 19% del sistema de ayudas
Entre 2011 y 2013, el Gobierno ha reducido un 23% (361 millones de euros) la aportaci¨®n que inyecta a las autonom¨ªas para financiar la dependencia. Estos fondos (1.206,7 millones en 2013) apenas alcanzan para sufragar una quinta parte del coste total que supone mantener el sistema de ayudas para las personas que no pueden valerse por s¨ª mismas?(plazas de residencias para mayores, centros de d¨ªa, prestaciones econ¨®micas para los cuidadores familiares), seg¨²n un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas para fiscalizar la aplicaci¨®n de la ley.
La difusi¨®n de estas cifras coincide con el retroceso que reflejan los ¨²ltimos datos oficiales hechos p¨²blicos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. A finales de abril hab¨ªa menos personas amparadas por la ley que cuando Mariano Rajoy lleg¨® al Gobierno en diciembre de 2011 (734.187 usuarios ahora por 738.587 entonces).
El Tribunal de Cuentas constata en el informe ¡°importantes demoras¡± en la tramitaci¨®n de los expedientes -con diferencias entre autonom¨ªas-,? un aspecto que ya se reflejaba en un primer borrador del documento que trascendi¨® hace tres meses. El estudio tambi¨¦n se detiene en la lista de espera de personas con derecho a recibir una prestaci¨®n que a¨²n no tienen acceso a ella: ¡°Resulta particularmente llamativo el excesivo porcentaje de beneficiarios sin prestaci¨®n en Canarias, del 52%¡±. La "excesiva dispersi¨®n normativa", que da lugar a notables diferencias en la aplicaci¨®n de la ley en las diferentes comunidades, es otro de los problemas sobre los que el organismo fiscalizador advierte.
El cap¨ªtulo referido a la financiaci¨®n es el que m¨¢s cambios ha sufrido respecto a la versi¨®n inicial del informe, como advierte la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. El documento original se prestaba a cierta confusi¨®n la aportaci¨®n estatal al sistema, al no dejar del todo clara la diferencia entre fondos finalistas (aquellos dirigidos exclusivamente a financiar la dependencia) y los no finalistas (aportaciones dirigidas a sufragar gastos variados, que pueden ser de servicios sociales, pero tambi¨¦n de educaci¨®n o sanidad o de cualquier otra cosa, seg¨²n las prioridades del Gobierno auton¨®mico).
El informe definitivo deja patente que los presupuestos estatales finalistas han ca¨ªdo un 23% entre 2011 y 2013 (de 1.584 millones de euros a 1.206 millones). Y que con ello, ni siquiera se alcanza el 20% de la financiaci¨®n p¨²blica del sistema (llega al 19,7%). Frente a ello, como destaca la asociaci¨®n integrada por responsables de servicios sociales, son las autonom¨ªas las que soportan el peso de la dependencia "con una aportaci¨®n del 80%".
Al margen de los fondos finalistas, se encuentran los recursos adicionales contemplados en la ley que regula el sistema de financiaci¨®n de las autonom¨ªas de r¨¦gimen com¨²n. Esta ayuda indirecta asciende a 2.472 millones en 2013, un 17% m¨¢s que en 2011. Pero se trata de una partida que las autonom¨ªas no est¨¢n obligadas a gastar en ninguna parcela en particular, por lo que no se puede considerar como un dinero destinado a la dependencia.? En el informe original se sumaba esta partida y la inversi¨®n del gobierno en dependencia sal¨ªa mucho m¨¢s alta de lo que es en realidad.
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