La oscuridad del aborto en Chile

El aborto en Chile est¨¢ penalizado en todos los supuestos, incluso por violaci¨®n. El a?o pasado Bel¨¦n, una chica de 11 a?os, qued¨® embarazada por los abusos reiterados de su padrastro. No tuvo otra opci¨®n que tener al ni?o, pese al riesgo para su salud y la situaci¨®n de pobreza que la rodea. Su caso provoc¨® la reacci¨®n de varios pa¨ªses que organizaron manifestaciones para apoyar a Bel¨¦n.?

Se sabe muy poco de esta peque?a madre cuyo verdadero nombre nunca se ha conocido. Vive al cuidado de su abuela en una localidad de escasos recursos al sur de Chile. Y se ha transformado en un s¨ªmbolo de una realidad dram¨¢tica que viven las mujeres de este pa¨ªs sudamericano desde 1989, cuando entr¨® en vigor una de las leyes m¨¢s restrictivas del mundo en esta materia. En la regi¨®n, otros cuatro pa¨ªses est¨¢n en la misma situaci¨®n: El Salvador, Honduras, Rep¨²blica Dominicana y Nicaragua. La presidenta Michelle Bachelet busca despenalizar el aborto en tres supuestos: cuando peligra la vida de la madre, malformaci¨®n fetal y violaci¨®n.

En Chile exist¨ªa el derecho al aborto terap¨¦utico desde 1931. Seis meses antes de que terminara la dictadura de Augusto Pinochet, en septiembre de 1989, se dictamin¨®: ¡°No podr¨¢ ejecutarse ninguna acci¨®n cuyo fin sea provocar un aborto¡±. La ley lo proh¨ªbe y tambi¨¦n lo persigue.

De acuerdo con los ¨²ltimos datos disponibles, en 2012 hab¨ªa 221 chilenas cumpliendo alg¨²n tipo de pena por abortar o ayudar a realizar esta pr¨¢ctica. Los gobiernos democr¨¢ticos en 24 a?os no han evitado que se realice el aborto de manera clandestina. Seg¨²n los registros del Ministerio de Salud, cada a?o existen unos 33.000 egresos hospitalarios por aborto, tanto en el sistema p¨²blico como privado, aunque no se distingue entre los espont¨¢neos y provocados. Estos n¨²meros son solo la punta del iceberg.

Las chilenas que se lo pueden permitir optan por viajar a Miami, Argentina o Cuba

La mayor¨ªa de las mujeres que interrumpe su embarazo no llega a los centros de salud. Se estima que cada a?o se producen 70.000 abortos provocados, seg¨²n el informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP). Por su parte, Ramiro Molina, acad¨¦mico de la Universidad de Chile y fundador del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, calcula que estos llegan a los 140.000.

Los m¨¦todos para llevar acabo un aborto provocado son variados. La presidenta del Colegio de Matronas de Chile, Anita Rom¨¢n, se?ala que existen mujeres que a¨²n se autorealizan abortos con mecanismos de alto riesgo: utilizan hierbas, sondas, tijeras, lavados y alambres. ¡°Sobre todo en lugares apartados, de alta vulnerabilidad y extrema pobreza. Son casos aislados¡±, espec¨ªfica Rom¨¢n.

Las chilenas que se lo pueden permitir optan por viajar a Miami, Argentina o Cuba, seg¨²n un ginec¨®logo que trabaja en una zona acomodada de Santiago y que prefiere guardar el anonimato.

En Chile tambi¨¦n hay m¨¦dicos que realizan raspajes y aspiraciones uterinas en sus propias consultas. Las mujeres que optan por este camino generalmente tienen m¨¢s de 12 semanas de gestaci¨®n. De acuerdo con la profesora Lidia Casas, una de las autoras del informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, un procedimiento puede costar hasta 7.000 d¨®lares.

La clandestinidad, sin embargo, se presta para grandes abusos. ¡°Lo que m¨¢s me espant¨® fue escuchar que un m¨¦dico, adem¨¢s de exigir dinero para realizar un aborto, intent¨® cobrar un favor sexual. O el relato de otra mujer que desmay¨® y el m¨¦dico la amenaz¨® con que, si le ocurr¨ªa de nuevo, no le iba a realizar el aborto. Las mujeres en Chile est¨¢n sometidas a este tipo de violencia estructurada¡±, cuenta Casas.

El m¨¦todo m¨¢s barato y de mayor acceso es el misoprostol, un f¨¢rmaco para tratar ¨²lceras g¨¢stricas y que ha sido reconocida por la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS) para su uso ginecol¨®gico. El medicamento, sin embargo, no se puede comprar en farmacias y se consigue en el extranjero o a trav¨¦s del mercado negro.

Una b¨²squeda sencilla por la web conduce a p¨¢ginas que lo ofrecen y distribuyen en todo Chile y su precio por dosis, es de unos 70 d¨®lares. Y aunque existe cierto consenso m¨¦dico en que se trata de un mecanismo seguro si se controla por un experto, la falta de informaci¨®n aumenta considerablemente el riesgo para la mujer. No existen organismos del Estado que ayuden a saber la dosis recomendable, ni las semanas de gestaci¨®n que se debe tener como m¨¢ximo para su utilizaci¨®n, (tres meses). En 2009, una red de lesbianas y feministas se organizaron para difundir informaci¨®n telef¨®nicamente sobre el uso del medicamento a mayores de 18 a?os, un proyecto conocido como L¨ªnea aborto seguro. No venden misoprostol ni ayudan a conseguirlo, pero han sido objeto de tres investigaciones policiales.

En 1998, una mujer casada de 28 a?os muri¨® por una sobredosis de misoprostol. Se hab¨ªa introducido 56 pastillas en la vagina. De acuerdo con las cifras del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, de las 50 defunciones maternas que se produjeron en 2009, tres fueron por aborto. La ministra de Salud, Helia Molina, ha se?alado que ¡°es la tercera causa de mortalidad materna en Chile¡±. Y aunque los m¨¦todos inseguros afectan m¨¢s a las mujeres con menos recursos, el drama llega a todos los estratos socioecon¨®micos.

El informe de la UDP recogi¨® el testimonio de una mujer que ayud¨® a abortar con misoprostol a una pariente de 16 a?os. La joven era de una familia conservadora, iba a un buen colegio y minti¨® sobre la cantidad de semanas de gestaci¨®n, ya ten¨ªa alrededor de 14. ¡°La ni?a se encerr¨® en el ba?o y cuando entr¨® [la persona que la estaba ayudando] la encontr¨® sentada con el feto colgando¡±.

Las mujeres que abortan en Chile tienen miedo a morir, a sufrir graves da?os colaterales y a ser perseguidas penalmente. Un estudio de la Defensor¨ªa Penal P¨²blica que abarca el periodo 2001-2009 indica que las tres cuartas partes de las denuncias de las mujeres imputadas por aborto fueron efectuadas por los centros m¨¦dicos. Para el investigador Ramiro Molina, ¡°no se trata s¨®lo de un problema de salud, sino de un asunto de derechos¡±.