El fiscal advierte de que el sindicato Otras es ¡°una v¨ªa para legalizar la prostituci¨®n¡±

?Podr¨ªa llamarse emprendedores a los sin techo que recogen cartones en la basura y los llevan a las plantas de reciclaje? Es la comparaci¨®n que este mi¨¦rcoles ha hecho Sara Vicente, una de las abogadas que solicita la nulidad de los estatutos del sindicato de prostitutas OTRAS, durante la vista del juicio en la Audiencia Nacional, que ha quedado visto para sentencia. La respuesta de la letrada fue negativa. "Ser¨ªa un sarcasmo¡±, ha dicho, y asegura que defender la prostituci¨®n como trabajo sexual o a las prostitutas como trabajadoras sexuales es exactamente lo mismo que pensar que un indigente es un empresario del reciclaje.

¡°Este sindicato no pretende otra cosa que legalizar la prostituci¨®n por cuenta ajena y establecer un marco legal para el proxenetismo¡±, arguy¨® la abogada. Un argumento compartido por la Comisi¨®n para la Investigaci¨®n de Malos Tratos a Mujeres y por la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla ¡ªde la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolici¨®n de la prostituci¨®n¡ª, que fueron quienes presentaron las demandas el 11 de septiembre. El fiscal Benito Ejido coincide con ello. En sus argumentos se?ala que la Organizaci¨®n de Trabajadoras Sexuales ha sido creada ¡°en fraude de ley¡±. Como consecuencia jur¨ªdica, alegaron, viene la disoluci¨®n del sindicato al quedarse vac¨ªo de contenido y su baja del registro correspondiente; una inscripci¨®n que el propio Gobierno reconoci¨® como "un gol por la escuadra", en palabras de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

Mariola Felipe, abogada de Otras, arguy¨® que la prostituci¨®n es alegal en Espa?a, que el sindicato defiende a las mujeres y "no a los explotadores ni a los empresarios", y que no se explica por qu¨¦ entra en conflicto con las asociaciones que han presentado la demanda: ¡°El sindicato no est¨¢ fundado por prostitutas [¡°o no solo¡±, matiz¨® despu¨¦s] y la actividad sexual va mucho m¨¢s all¨¢ de la prostituci¨®n, por ejemplo la industria del porno, los centros de masajes, los bares de alterne o los espect¨¢culos er¨®ticos¡±.

Las abogadas de la demanda le recordaron que "todas esas profesionales ya est¨¢n reguladas dentro de otras categor¨ªas, como podr¨ªan ser las actrices o las camareras o las masajistas". Justo antes de comenzar la vista, el juez pregunt¨® a Mariola Felipe si quer¨ªa, manteniendo las profesiones se?aladas, excluir de los estatutos la prostituci¨®n, algo que ella rechaz¨®. "?Por qu¨¦ no se ha excluido expresamente la prostituci¨®n [de estos estatutos]?", pregunt¨® el fiscal. "Porque se pretende utilizar esa v¨ªa para que se legalice".

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Las abogadas de las organizaciones de mujeres explicaron: ¡°Una cosa es que en nuestras sociedades existan nichos de injusticia y otra que las contradicciones del sistema social est¨¦n avaladas por el marco normativo, aun cuando haya consentimiento de las personas afectadas¡±.

El ordenamiento jur¨ªdico internacional y nacional, seg¨²n las demandantes, colisiona con el objetivo de la organizaci¨®n Otras. ¡°El uso de la mujer a cambio de dinero¡±, sintetiz¨® Charo Carracedo, otra de las abogadas de las organizaciones de mujeres. ¡°Explotaci¨®n¡±, remach¨® el fiscal, quien apunt¨® al art¨ªculo 1.275 del C¨®digo Civil ¡ªpara que sea v¨¢lido un contrato tiene que serlo su objeto¡ª y al C¨®digo Penal: ¡°Para que haya explotaci¨®n basta con que se saque provecho o beneficio de algo, como es este caso, y el art¨ªculo 187 pena el proxenetismo. Si una mujer firmara este contrato, adem¨¢s, estar¨ªa renunciando, entre otros [como el derecho a la dignidad o a la igualdad], a su derecho a la libertad sexual¡±.

El resumen para las demandantes y la Fiscal¨ªa es que se trata de una cuesti¨®n de Derechos Humanos. "No puede existir un sindicato en este ¨¢mbito porque se estar¨ªa legitimando al proxeneta como empresario¡±. "?Entonces qu¨¦ ocurrir¨ªa? Que los proxenetas podr¨ªan decidir las tarifas, el n¨²mero de invasiones que puede sufrir una mujer... Para fijar los criterios de productividad, ?no? No, no cabe una actividad econ¨®mica para obtener plusval¨ªas del uso del cuerpo de las mujeres", espet¨® la abogada Carracedo.

Para este mi¨¦rcoles estaba prevista una segunda vista relacionada con Otras: la demanda de L¡¯Escola A. C. contra el Ministerio de Trabajo por considerar que el organismo no cumpli¨® con su funci¨®n cuando permiti¨® que el sindicato se registrara, pero ha sido suspendida hasta que haya sentencia firme sobre la legalidad de los estatutos del sindicato.