Las organizaciones de infancia reclaman juzgados especializados en violencia contra los ni?os

Las organizaciones de infancia consideran que el anteproyecto de Ley de Protecci¨®n de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia supone un ¡°avance muy importante¡± en la protecci¨®n de ni?os y ni?as en Espa?a, pero reclaman que vaya acompa?ada de la suficiente dotaci¨®n presupuestaria. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes en primera lectura el texto, que ampliar¨¢ los plazos de prescripci¨®n de los delitos sexuales contra menores, plantea cambios en el procedimiento judicial para reducir el n¨²mero de declaraciones de las v¨ªctimas y un amplio paquete de medidas de prevenci¨®n en el ¨¢mbito familiar, educativo y sanitario. Las organizaciones de infancia demandan la especializaci¨®n de los juzgados en violencia contra los menores, algo que no se encuentra entre los anuncios que ha trasladado el Gobierno este viernes.

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Tras el Consejo de Ministros, el presidente Pedro S¨¢nchez, ha comparecido para dar cuenta de los acuerdos alcanzados y realizar un balance de su mandato. S¨¢nchez ha reafirmado que la aprobaci¨®n de este anteproyecto es un ¡°compromiso personal¡± que ten¨ªa con el colectivo. Ha informado de que el plazo de prescripci¨®n de los delitos m¨¢s graves contra los menores ¨Centre ellos, los abusos sexuales¨C se ampliar¨¢. El tiempo comenzar¨¢ a correr cuando la v¨ªctima tenga 30, y no 18, como sucede ahora, lo cual quiere decir que ser¨¢n imprescriptibles, como m¨ªnimo, hasta que los afectados tengan 40. Tambi¨¦n ha informado de que el texto modifica la agravante gen¨¦rica de discriminaci¨®n para incluir en ella la edad de la v¨ªctima, razones de aporofobia o exclusi¨®n social o cualquier otro motivo basado en un prejuicio discriminatorio.

El presidente ha destacado la creaci¨®n de un nuevo cat¨¢logo de delitos contra menores y adolescentes cometidos a trav¨¦s de Internet y tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y la comunicaci¨®n, que incluye la incitaci¨®n al suicidio, la autolesi¨®n o la promoci¨®n o facilitaci¨®n de trastornos alimenticios, como la anorexia y la bulimia. ¡°Se crean nuevos tipos delictivos para evitar impunidad de conductas realizadas a trav¨¦s de medios tecnol¨®gicos y de comunicaci¨®n¡±, ha dicho.

¡°Se van a establecer tambi¨¦n programas espec¨ªficos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia contra la infancia y la adolescencia para combatir la reincidencia, as¨ª como el seguimiento para la concesi¨®n de permisos y la libertad condicional¡±, ha a?adido S¨¢nchez. La norma tambi¨¦n recoger¨¢ la obligatoriedad de aplicar la prueba preconstituida para menores de 14 a?os, es decir, que solo deban declarar una vez durante el proceso judicial, no como hasta ahora, cuando los ni?os se ven obligados a hacerlo en algunos casos hasta en cuatro ocasiones. El anteproyecto supone un cambio de paradigma, implica la modificaci¨®n de 11 leyes y sit¨²a al menor en el centro de las pol¨ªticas de los poderes p¨²blicos como titular de derechos subjetivos. Si se cumplen los plazos previstos, la tramitaci¨®n parlamentaria podr¨ªa comenzar en febrero.

¡°A¨²n no conocemos el texto definitivo, pero si salen adelante las medidas que se han planteado, Espa?a ser¨¢ un pa¨ªs pionero, tendr¨ªamos el marco regulatorio m¨¢s avanzado de la Uni¨®n Europea en materia de derechos de infancia¡±, afirma Andr¨¦s Conde, director general de Save the Children Espa?a, una de las organizaciones que m¨¢s se ha movilizado para reclamar una ley que proteja a los ni?os frente a la violencia. ¡°Lo m¨¢s importante es que la norma va a suponer un marco de prevenci¨®n mucho m¨¢s elevado que el que exist¨ªa hasta ahora. No solo vamos a castigar los delitos, sino a prevenir que se cometan. Lo que mejor combate la violencia son los mecanismos de prevenci¨®n¡±, dice.

Conde apunta que la ONG ha echado en falta medidas concretas de protecci¨®n para colectivos vulnerables como los ni?os y ni?as v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero o de trata y hace especial hincapi¨¦ en la necesidad de la especializaci¨®n de los juzgados y de la fiscal¨ªa en violencia contra la infancia. ¡°Este punto nos parece cr¨ªtico. Si el texto no lo recoge, perderemos una oportunidad muy importante¡±, sostiene. Esta es una de las peticiones que las organizaciones de infancia llevan tiempo reclamando. ¡°Si entendemos que en lo que se refiere a la violencia contra la mujer es imprescindible contar con ¨®rganos especializados, ?por qu¨¦ no ocurre lo mismo con la infancia? Lo necesitan. Uno de cada dos casos de abusos y agresi¨®n sexual en nuestro pa¨ªs es sufrido por un menor. Hay 38.000 denuncias al a?o por delitos violentos, y solo son la punta del iceberg porque muchos no se denuncian¡±, indica.

Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, que aglutina a 66 organizaciones especializadas en la materia ¡ªentre las que se encuentra Save the Children¡ª, concuerda con Conde. Solicita adem¨¢s que la estrategia integral que deber¨¢ desarrollarse una vez aprobada la ley vaya acompa?ada de una suficiente dotaci¨®n presupuestaria. ¡°Si es as¨ª, ser¨¢ un texto muy garantista¡±, afirma. ¡°Aunque no conocemos el articulado definitivo, los borradores que hemos ido trabajando con el Gobierno desde hace dos a?os s¨ª van en la l¨ªnea de mejorar significativamente el modelo de protecci¨®n de la infancia¡±, se?ala.

Las organizaciones de infancia consideran positivo el avance que supone la obligatoriedad de la prueba preconstituida para menores de 14 a?os y la ampliaci¨®n del plazo de prescripci¨®n de delitos sexuales, aunque lamentan que la prueba no se generalice para menores de 16, como ped¨ªan ellos, y que el tiempo para la prescripci¨®n comience a correr a los 30 a?os, y no a los 50, como tambi¨¦n hab¨ªan solicitado. El director de la Plataforma de Infancia se declara, no obstante, optimista respecto a la posibilidad de que la prescripci¨®n de estos delitos pueda ampliarse durante el tr¨¢mite en el Congreso de los Diputados.

"Para nosotros lo m¨¢s importante ahora es que la tramitaci¨®n parlamentaria sea de urgencia y que todos los grupos pol¨ªticos tengan visi¨®n de Estado. Hay un consenso parlamentario y social importante¡±, apunta Ibarra. ¡°Nuestro mayor miedo es que el texto no se apruebe en esta legislatura, por eso pedimos celeridad a los partidos¡±, concluye.