Los delitos sexuales contra menores no prescribir¨¢n hasta que la v¨ªctima cumpla al menos los 40
El Gobierno eleva la edad en que empiezan a extinguirse los abusos de los 18 a los 30 a?os. Los menores de 14 no declarar¨¢n m¨¢s de una vez en el proceso judicial
El plazo de prescripci¨®n de los abusos sexuales a menores comenzar¨¢ a correr cuando la v¨ªctima cumpla 30 a?os, y no 18, como sucede ahora. Este es uno de los principales cambios que contempla el anteproyecto de Ley Org¨¢nica para la Protecci¨®n Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes en primera lectura. La medida responde a una de las principales peticiones de las v¨ªctimas de delitos sexuales, aunque las organizaciones de infancia hab¨ªan solicitado que el tiempo comenzara a correr a los 50.
El texto recoge tambi¨¦n que los menores de 14 a?os no tendr¨¢n que declarar m¨¢s de una vez durante el proceso judicial, si bien las asociaciones hab¨ªan pedido que esa eximente se extendiera hasta los 16. Adem¨¢s, el texto supone un cambio de paradigma y sit¨²a a los ni?os y a los adolescentes como titulares de derechos subjetivos.
La vicepresidenta, Carmen Calvo, en una visita al Vaticano en octubre y con el tel¨®n de fondo de los abusos a menores en la Iglesia, asegur¨® que el Gobierno trabajaba para ¡°conseguir que estos delitos sean imprescriptibles¡±, seg¨²n la nota que public¨® el Ejecutivo. El anteproyecto recoge, finalmente, que prescribir¨¢n entre 10 y 20 a?os, en funci¨®n de la gravedad del delito, una vez que la v¨ªctima cumpla 30. Esto ampl¨ªa el plazo de denuncia hasta que quienes hayan sufrido abusos tengan 40 o 50 a?os.
Las organizaciones de infancia llevan tiempo solicitando la ampliaci¨®n de los plazos de prescripci¨®n porque las v¨ªctimas suelen tardar en procesar los abusos y en ser capaces de hablar de ello, por lo que en muchas ocasiones los culpables quedaban indemnes.
Fuentes del Gobierno apuntan que con este cambio se garantiza en la pr¨¢ctica la ¡°imprescriptibilidad¡± anunciada por Calvo dado que se ampl¨ªa el plazo. ¡°La imprescriptibilidad es una medida muy excepcional en nuestro ordenamiento jur¨ªdico¡±, defienden.
El Gobierno trabaja, adem¨¢s, en una reforma penal para agravar las condenas por delitos sexuales. Y los condenados por agresiones sexuales a menores no podr¨¢n acceder a los permisos penitenciarios o al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la pena. Tambi¨¦n se agrava su acceso a la libertad condicional, impidiendo que el juez pueda anticiparla a las dos terceras partes de la condena.
El anteproyecto modifica 11 leyes y contempla medidas para la prevenci¨®n, detecci¨®n de los casos y protecci¨®n del menor frente a la violencia en diferentes ¨¢reas. Fue una de las medidas anunciadas por Pedro S¨¢nchez y podr¨ªa llegar al Congreso en febrero.
El texto recoge otra de las principales peticiones de las organizaciones de infancia: la obligatoriedad de la prueba preconstituida. Es decir, que los ni?os solo declaren en el proceso judicial una vez, durante la fase de instrucci¨®n; seg¨²n c¨¢lculos de Save the Children, algunos se ven obligados a hacerlo hasta en cuatro ocasiones. Las asociaciones quer¨ªan eximir de ello a los menores de 16, pero el Ejecutivo lo rebaja a los 14 y a las personas con discapacidad. En caso de mayores de 14 a?os especialmente vulnerables, el juez tambi¨¦n podr¨¢ recomendarlo. Se adoptar¨¢n, adem¨¢s, medidas para evitar la victimizaci¨®n secundaria de los menores (la derivada de una mala atenci¨®n durante el proceso judicial), como la adopci¨®n inmediata de medidas provisionales, que solo se practiquen diligencias que sean imprescindibles y que se impida cualquier contacto entre v¨ªctima y agresor. Las organizaciones de infancia han solicitado reiteradamente la especializaci¨®n de los juzgados en violencia contra la infancia, como sucede con la violencia de g¨¦nero.
El anteproyecto del Gobierno incorpora una definici¨®n amplia de violencia que abarca cualquier tipo de maltrato f¨ªsico, psicol¨®gico y emocional, incluidas las agresiones o abusos sexuales, los castigos f¨ªsicos, el descuido o el trato negligente. El texto supondr¨¢ la inclusi¨®n en el C¨®digo Penal de un nuevo cat¨¢logo de delitos contra menores y adolescentes cometidos a trav¨¦s de Internet, que incluye la incitaci¨®n al suicidio, a la autolesi¨®n, a la comisi¨®n de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, y la promoci¨®n o facilitaci¨®n de trastornos alimenticios.
La norma tambi¨¦n obliga a la creaci¨®n de unidades especializadas en la prevenci¨®n, detecci¨®n y actuaci¨®n ante casos de violencia contra menores en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las comunidades y de las entidades locales. Y se crea la figura de un tercer adjunto al defensor del menor. El juez tambi¨¦n podr¨¢ retirar contenidos il¨ªcitos de p¨¢ginas web como medida cautelar en la investigaci¨®n de los casos. En todos los delitos sexuales y de trata, la condena conllevar¨¢ la inhabilitaci¨®n para cualquier profesi¨®n u oficio que suponga contacto regular y directo con menores.
El anteproyecto especifica que cualquier persona que detecte indicios de violencia tendr¨¢ el deber de denunciar. Se garantizar¨¢ la confidencialidad y el anonimato. El texto contempla, adem¨¢s, la instauraci¨®n de protocolos espec¨ªficos en centros escolares, sanitarios, deportivos (en centros de alto rendimiento, federaciones y escuelas municipales) y de ocio. Los protocolos en los hospitales se elaborar¨¢n en colaboraci¨®n con las comunidades. La historia cl¨ªnica recoger¨¢ adem¨¢s los casos de violencia contra los menores.
Se dotar¨¢ a los centros educativos de protocolos de actuaci¨®n ante el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de g¨¦nero y cualquier otra forma de violencia. Los colegios e institutos dispondr¨¢n de un coordinador de bienestar y protecci¨®n que se encargar¨¢ de la correcta aplicaci¨®n de los protocolos y de la actuaci¨®n en casos de violencia.
Los trabajadores de servicios sociales tendr¨¢n la condici¨®n de autoridad p¨²blica y estar¨¢n habilitados para adoptar medidas de protecci¨®n necesarias, coordinando los recursos de que dispongan en su territorio, como por ejemplo, m¨¦dicos o polic¨ªas. Adem¨¢s, se crear¨¢ un registro central de informaci¨®n sobre violencia contra la infancia y la adolescencia.
Nuevos indicadores de riesgo para los ni?os y adolescentes
El anteproyecto de Ley Org¨¢nica para la Protecci¨®n Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que est¨¢ previsto que hoy apruebe el Consejo de Ministros especifica los indicadores seg¨²n los cuales se considerar¨¢ que un menor est¨¢ en riesgo. Hasta ahora, la regulaci¨®n era mucho m¨¢s general. Entre los indicadores se incluye la falta de alojamiento alternativo en caso de desahucio y la existencia de un conflicto abierto y cr¨®nico entre los progenitores o entre los tutores. Tambi¨¦n que se den pr¨¢cticas discriminatorias por parte de los padres contra los ni?os o adolescentes que conlleven un perjuicio para su bienestar y su salud, incluyendo la no aceptaci¨®n de la condici¨®n o identidad sexual del menor, o la ejercida contra menores con discapacidad.
En el texto se especifica que en las situaciones de riesgo ser¨¢ precisa la intervenci¨®n de la Administraci¨®n sin que el menor tenga que ser apartado de su entorno familiar. Se contemplan m¨¢s de una veintena de indicadores para considerar que un ni?o o adolescente est¨¢ en riesgo. Entre ellos, el sometimiento a terapias de aversi¨®n a menores de edad pertenecientes al colectivo LGTBI, el empleo del castigo f¨ªsico o psicol¨®gico y la utilizaci¨®n de pautas de correcci¨®n violentas. Los castigos f¨ªsicos a los menores ya estaban prohibidos. La novedad que aporta el anteproyecto es que se contemplen como un factor de riesgo. Adem¨¢s, tambi¨¦n se establece como un factor de riesgo la sobreexposici¨®n de los menores a la opini¨®n p¨²blica a trav¨¦s de la difusi¨®n generalizada de su imagen o de informaci¨®n personal, el absentismo, el embarazo precoz o la identificaci¨®n de las madres como v¨ªctimas de trata o de violencia de g¨¦nero. Tambi¨¦n ser¨¢n considerados en situaci¨®n de riesgo los menores de 14 que hubieran cometido actos constitutivos de delito.
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