Vox pide a la Junta andaluza los nombres de trabajadores contra la violencia de g¨¦nero

El diputado de Vox Francisco Serrano ha registrado en el Parlamento andaluz una petici¨®n para que el Gobierno de la comunidad entregue la relaci¨®n de todos los trabajadores, con sus nombres y apellidos, de las Unidades de Valoraci¨®n Integral de Violencia de G¨¦nero. Se tratar¨ªa de empleados en equipos psicosociales de los juzgados de Familia y de Menores que eval¨²an el riesgo que sufren las v¨ªctimas de la violencia machista, la posibilidad de reincidencia del agresor y qui¨¦n debe tener la custodia del menor. Serrano ha pedido que se le facilite el n¨²mero de colegiados de sus respectivos colegios profesionales, ¡°si estuvieran dados de alta en ellos con la rese?a de dichos colegios profesionales, y de todos los psic¨®logos, trabajadores sociales y m¨¦dicos forenses¡± que prestan o han prestado servicios en esos departamentos entre 2012 y 2019.

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¡°Nos han llegado denuncias de afectados que aseguran que estos trabajadores no cuentan con las capacitaciones necesarias para ejercer sus funciones en materia de violencia de g¨¦nero o de decisi¨®n sobre las custodias de los menores y de que, en algunos casos no est¨¢n ni siquiera colegiados¡±, explican desde Vox sobre esta petici¨®n, que este viernes adelant¨® Abc.

Durante su etapa como juez de Familia, primero, y luego como abogado, Serrano ha cuestionado reiteradamente la capacidad y efectividad de estos departamentos, a los que ha acusado de perjudicar a los menores en la concesi¨®n de las custodias. El diputado ha escrito en las redes sociales: ¡°Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de ni?os¡±.

Las Unidades de Valoraci¨®n Integral de Violencia de G¨¦nero dependen de los Institutos de Medicina Legal, adscritos a Justicia, una cartera que en Andaluc¨ªa ha quedado en manos de Ciudadanos, en concreto del vicepresidente de la Junta, Juan Mar¨ªn. El dirigente asegur¨® este viernes que ¡°en absoluto¡± peligran esas plantillas de trabajadores e insisti¨® en que Vox ¡°no va a conseguir que Ciudadanos se mueva ni un mil¨ªmetro de sus posiciones en materia de violencia de g¨¦nero¡±. La consejera de Igualdad, Roc¨ªo Garc¨ªa, tambi¨¦n de Ciudadanos, ha reiterado en ocasiones que tampoco peligran las subvenciones a organismos de igualdad, muy atacados tambi¨¦n por Vox.

Cursada la petici¨®n, ahora ser¨¢ la Mesa del Parlamento, en la que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox tienen mayor¨ªa, la que determinar¨¢ si solicita esa informaci¨®n al Gobierno. ¡°El letrado mayor deber¨¢ estudiar si la solicitud es pertinente y no va contra la ley de protecci¨®n de datos¡±, se?alan desde la C¨¢mara.

Borja Adsuara, experto en protecci¨®n de datos, explica que un parlamentario tiene derecho a pedir y a que se le den los datos de trabajadores p¨²blicos ¡°para ejercer su funci¨®n de fiscalizaci¨®n¡±. ¡°El uso que se haga despu¨¦s de esos datos puede incurrir en delito o no, pero la petici¨®n es leg¨ªtima y la Administraci¨®n no puede prejuzgar si lo har¨¢ bien o mal¡±, dice. Y recuerda, asimismo, que la Ley de Protecci¨®n de Datos convive con la Ley de Transparencia.

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hern¨¢ndez, justific¨® esta petici¨®n en la necesidad ¡°de fiscalizar el destino de las ayudas y fondos recibidos en los ¨²ltimos a?os¡± por distintos organismos. Un tuit del partido a?ad¨ªa este viernes que desean saber si esos trabajadores ¡°est¨¢n realmente cualificados o son meros agentes pol¨ªticos de la izquierda dedicados a potenciar la industria de g¨¦nero¡±.

El PP se posiciona con Ciudadanos en cuanto a violencia de g¨¦nero. ¡°No se van a coartar las disposiciones ni se va a dar un paso atr¨¢s¡±, asegur¨® este viernes Toni Mar¨ª, vicesecretario del partido en Andaluc¨ªa. La expresidenta Susana D¨ªaz (PSOE) ha equiparado la solicitud de Vox de ¡°depurar a trabajadores sociales de la Junta¡± con ¡°las listas negras de hace 40 a?os¡±.

Rechazo al aborto

Entre las 100 propuestas del programa electoral de Vox se incluye la derogaci¨®n de la Ley de Violencia de G¨¦nero ¡°y de toda norma que discrimine a un sexo de otro¡±, el rechazo al aborto financiado por la sanidad p¨²blica o las listas paritarias de los partidos.

Serrano ¡ªinhabilitado en 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa por prevaricar al modificar a favor del padre un turno de visita de un menor en un caso de divorcio¡ª ya ha dicho que no renunciar¨¢n a eliminar la ley de violencia de g¨¦nero. Ese es uno de los principales puntos de fricci¨®n entre Ciudadanos, socio de Gobierno del PP en la Junta, y Vox, valedor del bipartito.

Las unidades de valoraci¨®n andaluzas atendieron el primer semestre de 2018 un total de 7.257 actuaciones en Andaluc¨ªa, seg¨²n datos de la anterior Consejer¨ªa de Justicia e Interior. El funcionamiento de estos organismos est¨¢ muy cuestionado en todas las autonom¨ªas por la falta de homogeneidad en su estructura organizativa. Andaluc¨ªa no es una excepci¨®n. Asociaciones de mujeres, abogados e incluso trabajadores de las propias unidades han criticado la sobrecarga de trabajo y las dificultades para ejercer su tarea, al no tener claros los par¨¢metros de actuaci¨®n por su dependencia de las instrucciones de los jueces.

Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno para la violencia de g¨¦nero y art¨ªfice de la puesta en marcha de las primeras unidades en Espa?a, advierte de que el control del juez sobre la actuaci¨®n de los profesionales limita la efectividad de su trabajo y restringe el ¨¢mbito de sus funciones: ¡°Funcionan a demanda, seg¨²n lo que acota el juez, lo que favorece que los informes sean m¨¢s incompletos¡±. Sobre la petici¨®n de Vox, se?ala: ¡°?Por qu¨¦ no se extiende a los agentes de la polic¨ªa o Guardia Civil, a los profesionales sanitarios o los equipos de los Ayuntamientos que atienden a las v¨ªctimas en primer lugar?¡±, ironiza.

El Defensor del Pueblo andaluz ya ha reclamado m¨¢s medios para esos profesionales.?