Las valoraciones de riesgo de las v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero funcionan a medio gas
En 2004 se crearon las unidades espec¨ªficas en los juzgados para evaluar el peligro, pero a¨²n no han terminado de implantarse
"Llevo aqu¨ª desde el 30 de diciembre de 2004 y nunca nos han pedido una valoraci¨®n del riesgo como tal". Lo cuenta Cristina Pozo, psic¨®loga de la Unidad de Valoraci¨®n Forense Integral (UVFI) de Ciudad Real. La Ley Org¨¢nica de Medidas de Protecci¨®n Integral contra la Violencia de G¨¦nero, de 2004, recomend¨® la creaci¨®n de estas oficinas, ideadas para analizar mejor el riesgo potencial de las mujeres que denuncian violencia machista con la ayuda de especialistas. Pero 14 a?os despu¨¦s ni est¨¢n implantadas en todas las provincias ni funcionan de manera uniforme en las que s¨ª existen. Trabajadores de estas unidades, fiscales y forenses alertan de que faltan medios, fondos, coordinaci¨®n y formaci¨®n pese a su importancia.
El 25 de septiembre Maguette Mbeugou muri¨® a manos de su marido. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco, Juan Luis Ibarra, pidi¨® perd¨®n tras ese caso. Y se refiri¨® a la saturaci¨®n, que parece una constante, como una de las razones por las que la justicia "no actu¨® bien". La juez deneg¨® la protecci¨®n que pidi¨® la asesinada porque no pudo contar para hacerlo con un informe pericial del riesgo; ni tampoco con un informe forense de urgencia, ni con el auxilio de la unidad de valoraci¨®n integral, que concede cita a varios meses vista por la carga de trabajo, seg¨²n Ibarra.
En Castell¨®n, ese mismo d¨ªa un padre mat¨® presuntamente a sus hijas. La ¨²nica valoraci¨®n de riesgo en la que se bas¨® la juez que rechaz¨® dar la protecci¨®n reclamada por la madre fue la que hizo la Polic¨ªa Nacional, que calificaba su riesgo como bajo. Los informes policiales realizados mediante cuestionario son muchas veces las ¨²nicas herramientas con las que cuentan los juzgados para decidir, pese a que ya la norma de 2004 inclu¨ªa la opci¨®n de analizar desde varios ¨¢mbitos en estas unidades forenses la situaci¨®n f¨ªsica, psicol¨®gica, emocional y social de las v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero. Un trabajo policial que, adem¨¢s, est¨¢ centrado exclusivamente en la v¨ªctima. Octavio Salazar, jurista experto en materia de g¨¦nero, lo apunta: "No se tienen en cuenta criterios sobre el agresor, ?c¨®mo se valora el riesgo as¨ª?". Dif¨ªcil. Y a?ade otra vara a esta camisa: "No vale un cursito, eso no acredita ni sensibiliza para trabajar con un delito en el que entran dimensiones emocionales, relacionales, de poder...".
La recomendaci¨®n de crear esas unidades forenses qued¨® incluida en la ley, pero de forma ambigua. No se dise?¨® una normativa com¨²n ni se dej¨® clara la estructura ni el desarrollo de las funciones. En la disposici¨®n adicional segunda de aquella norma solo se apunt¨® "dise?ar protocolos de actuaci¨®n global e integral en casos de violencia de g¨¦nero". As¨ª empezaron a crearse unos equipos que fueron incorporando profesionales de medicina forense, trabajo social y psicolog¨ªa bajo el paraguas de los institutos de medicina legal (IML).
Esa falta de precisi¨®n ha favorecido, por ejemplo, que no existan en todas las provincias ¡ªen Madrid ni siquiera se ha constituido a¨²n un instituto¡ª. Y aunque existe un protocolo com¨²n desde 2011, no se aplica de forma homog¨¦nea. La Fiscal¨ªa General del Estado, en su memoria de 2018, advierte de que su uso sigue siendo muy escaso: "Se han emitido exclusivamente 175 informes de conformidad con el protocolo, 109 menos que en el a?o anterior y, a todas luces, insuficiente e insignificante si se tiene en cuenta el n¨²mero de solicitudes en las que su utilizaci¨®n podr¨ªa haber sido de gran utilidad".
Competencias transferidas
"La implantaci¨®n de las unidades ha sido irregular por el desarrollo de las transferencias de las competencias en materia de justicia", ahonda Rafael M. Ba?¨®n, presidente del Comit¨¦ Cient¨ªfico T¨¦cnico del Consejo M¨¦dico Forense y director del IML de Murcia. Los institutos forman parte de esas transferencias y en cada comunidad se han desarrollado de forma diferente y con presupuestos distintos.
Desde el Ministerio de Justicia se?alan que solo tienen capacidad de actuaci¨®n en las comunidades donde las competencias a¨²n no est¨¢n transferidas (Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n, Extremadura, Baleares y Murcia, adem¨¢s de Ceuta y Melilla). Ba?¨®n a?ade que en algunos casos las unidades est¨¢n compuestas por funcionarios; en otros por personal laboral externo. Hay incluso algunas que "existen sobre el papel, pero no tienen un funcionamiento espec¨ªfico".
"Trabajamos a salto de mata", resume Isabel Herrera, trabajadora social desde 2008 de la unidad de Ciudad Real. Junto con la psic¨®loga Cristina Pozo, concretan algunas de esas carencias. Falla desde la caja de cart¨®n que usan para colocar la impresora hasta las "pegas" que les ponen para adquirir publicaciones especializadas. Hace tres meses compart¨ªan un despacho entre cuatro, el espacio para entrevistar a los menores est¨¢ decorado con dibujos y mu?ecos que ellas han llevado de casa y durante un tiempo se ubicaron al lado de un juzgado de guardia del que las separaba una pared de pladur. "Si est¨¢bamos trabajando y llegaba un detenido dando voces, lo ten¨ªamos que aguantar, estuvi¨¦semos con un menor, una mujer v¨ªctima de violencia de g¨¦nero o haciendo informes", explica.
La Fiscal¨ªa reclama una y otra vez la implantaci¨®n de las unidades en todo el territorio para contar con informes elaborados conjuntamente por los profesionales que la componen en los procedimientos penales y civiles y que tengan la capacidad de atender a todos los juzgados.
Laura Asensi es profesora asociada en la Universidad de Alicante y psic¨®loga cl¨ªnica y forense, y no forma parte de la UVFI de su provincia, pero emite informes cuando le toca a trav¨¦s del listado oficial del Colegio de Psic¨®logos del que se sirven los juzgados. "?Por qu¨¦? Ni idea", comenta. "Yo tampoco lo entiendo habiendo una unidad a tal efecto. De lo que me doy cuenta es de que los jueces no recurren mucho a este servicio".
"Cuando hablo con compa?eros, la mayor¨ªa dicen que no se solicitan todos los informes que se deber¨ªan. No solo de lesiones, sino de valoraci¨®n del riesgo", corrobora Eugenia Prendes, la fiscal delegada de Violencia de G¨¦nero en Asturias.
La delegada del Gobierno para la Violencia de G¨¦nero, Pilar Llop, insiste en la necesidad de utilizar los instrumentos legales que llevan a?os creados: "El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendr¨¢ que asumir el reto de dar a conocer su existencia all¨ª donde hay y promover la coordinaci¨®n entre los distintos organismos". Y hace referencia al Pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero, ya aprobado y del que se est¨¢n desarrollando distintas medidas, como un documento pol¨ªticamente vinculante: "Las unidades de valoraci¨®n est¨¢n ah¨ª. Hay que cumplir esas medidas, desde las comunidades y desde el ministerio. Y de forma correcta".
Sin equipos de guardia
La presidenta del Observatorio contra la Violencia de G¨¦nero del Consejo General del Poder Judicial, ?ngeles Carmona, apunta otro problema. Solo los forenses tienen guardias; el resto del equipo no pese a que "la valoraci¨®n de riesgo es algo que hay que hacer de forma inmediata". Pide aumentar el presupuesto para engrosar las plantillas. La fiscal de sala de Violencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo, Pilar Mart¨ªn N¨¢jera, tambi¨¦n aludi¨® a este tema hace unos d¨ªas: "Las ¨®rdenes de protecci¨®n se deben adoptar en 72 horas. Al no existir un equipo que tenga el mismo horario que el juzgado de guardia o el de violencia sobre la mujer, no se pueden adoptar las medidas teniendo en cuenta ese informe porque no da tiempo a hacerlo".
Para algunos expertos, las diligencias est¨¢n mal planteadas desde el principio, cuando una v¨ªctima decide denunciar. Y, por fin, cada vez se hace m¨¢s. M¨¢s conciencia y menos miedo. El pasado a?o se registr¨® el m¨¢ximo hist¨®rico de denuncias, 166.260, seg¨²n datos oficiales.
Isabel Herrero y Cristina Pozo, de la unidad de Ciudad Real, aseguran no llegar: "No damos abasto y podemos retrasarnos para hacer un informe hasta cuatro meses. As¨ª no se puede trabajar con la diligencia que requiere esto¡±. La sobrecarga es una queja com¨²n de estos equipos que, en su mayor¨ªa, no tienen exclusividad. En Galicia, Beatriz Otero, la directora del Instituto de Medicina Legal, explica: ¡°Tenemos las agendas programadas para toda la semana con valoraciones de otras cuestiones y hay que coordinarlo con lo que aparece de repente. Eso retrasa m¨¢s los procedimientos".
Los datos de los informes periciales
Datos oficiales de 2017 de las Unidades de Valoraci¨®n Forense Integral (UVFI).
Comunidades sin las competencias transferidas:
Con valoraci¨®n de riesgo. En Castilla-La Mancha hay cinco unidades ¡ªuna por provincia¡ª, que sumaron seis valoraciones de riesgo a denunciantes de maltrato. Las nueve unidades de Castilla y Le¨®n alcanzaron las cinco y en Extremadura estos organismos que emiten informes psicosociales y forenses ¡ªuno C¨¢ceres y otro en Badajoz¡ª practicaron 31 an¨¢lisis del peligro en el que puede encontrarse una mujer que ha denunciado ser v¨ªctima. En Melilla hubo cinco; cuatro en Baleares y 124 en Murcia.
Sin valoraci¨®n de riesgo. En Ceuta no consta en los registros que se haya practicado valoraci¨®n del riesgo alguna.
Comunidades con las competencias transferidas:
Con valoraci¨®n de riesgo. En la Comunidad Valenciana, Valencia emiti¨® 16 an¨¢lisis detallados del riesgo.
Sin valoraci¨®n de riesgo. En Arag¨®n, hasta noviembre de 2017, no consta en los registros que la ¨²nica unidad de toda la comunidad haya realizado ninguna valoraci¨®n del riesgo. Lo mismo ocurre con Andaluc¨ªa, Galicia ¡ªdonde hay siete unidades¡ª, Cantabria y Pa¨ªs Vasco.
Sin datos. Este diario no ha logrado localizar datos actualizados en los casos de Asturias, Navarra, Catalu?a y Canarias. En la Comunidad de Madrid no existe, ni siquiera, instituto. Las cifras no tienen un registro nacional continuo y las comunidades no las emiten de forma peri¨®dica. No existe un conteo general.
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