Juristas e internautas piden que se recurra la ley que permite crear perfiles ideol¨®gicos

La proximidad de las elecciones generales del 28 de abril ha reabierto el debate sobre la ley que permite a los partidos pol¨ªticos recopilar en p¨¢ginas web y redes sociales opiniones pol¨ªticas de los ciudadanos para confeccionar perfiles electorales. Varios juristas expertos en protecci¨®n de datos y cuatro organizaciones especializadas en la defensa de los derechos digitales han presentado este lunes al Defensor del Pueblo una solicitud para que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Org¨¢nica del R¨¦gimen Electoral General (LOREG).

El art¨ªculo que ha desatado una fuerte contestaci¨®n entre asociaciones de usuarios de Internet est¨¢ recogido en la nueva Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos (LOPD), aprobada a finales del a?o pasado. La disposici¨®n final tercera de esta norma incorpora el art¨ªculo 58 bis en la LOREG, que hace referencia a la utilizaci¨®n de medios tecnol¨®gicos y datos personales en actividades electorales, en general, y en la propaganda pol¨ªtica, en particular. Este art¨ªculo prev¨¦ que los partidos pol¨ªticos, coaliciones y agrupaciones electorales podr¨¢n recopilar, en p¨¢ginas web y redes sociales, datos personales vinculados a las opiniones pol¨ªticas de los ciudadanos para la realizaci¨®n de todo tipo de actividades pol¨ªticas durante el periodo electoral.

Seg¨²n las organizaciones que se han dirigido al Defensor del Pueblo, esta medida posibilita realizar perfiles ideol¨®gicos y personalizar la propaganda electoral (microtargeting) con tecnolog¨ªas de big data y de inteligencia artificial. Y no solo para enviar spam por correos electr¨®nicos personalizados, sino tambi¨¦n para contratar en las redes sociales mensajes personalizados para cada usuario en funci¨®n de sus tendencias ideol¨®gicas.

Este fue el origen el esc¨¢ndalo protagonizado por la empresa Cambridge Analytica, que utiliz¨® la informaci¨®n obtenida de Facebook y de otras fuentes para enviar mensajes a los usuarios, fomentando la difusi¨®n de noticias falsas durante la campa?a presidencial de EE UU de 2016 que dieron la victoria a Donald Trump.

Entre los impulsores de esta solicitud figuran Borja Adsuara Varela, abogado y profesor de Derecho Digital; Jos¨¦ Luis Pi?ar, abogado y catedr¨¢tico de Derecho Administrativo, y Lorenzo Cotino, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional. Adem¨¢s, suscriben la petici¨®n representantes de la Asociaci¨®n de Internautas, la Asociaci¨®n de Usuarios de Internet, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Informaci¨®n (PDLI) y la Asociaci¨®n de Expertos Nacionales de la Abogac¨ªa Digital (ENATIC).

Seg¨²n estos expertos y organizaciones el art¨ªculo introducido en la legislaci¨®n espa?ola vulnera el Reglamento General de Protecci¨®n de Datos (RGPD) y podr¨ªa conculcar derechos fundamentales. Este mismo planteamiento fue defendido por Unidos-Podemos en el Senado, el ¨²nico grupo que se opuso a esta reforma. El mismo d¨ªa de la votaci¨®n anunci¨® que presentar¨ªa recurso de inconstitucionalidad.

Para los juristas que ahora solicitan al Defensor del Pueblo que siga esos pasos, los derechos constitucionales afectados afectar¨ªan a la protecci¨®n de datos personales, la libertad ideol¨®gica, la libertad de expresi¨®n e informaci¨®n y el derecho a la participaci¨®n pol¨ªtica.

Quienes defienden la ley insisten en que tal y como est¨¢ redactado el art¨ªculo 58 bis no se pueden crear bases de batos ideol¨®gicas para enviar propaganda electoral personalizada ni se ampara el spam masivo, ya que en todo caso, el rastreo de datos solo se podr¨¢ llevar a cabo si existen las garant¨ªas adecuadas y en aras del inter¨¦s general. Si los partidos husmean ilegalmente en las opiniones de los electores pueden sancionados con multas de hasta 20 millones de euros.

La Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos ya ha advertido que estar¨¢ especialmente vigilante. Este organismo ha iniciado el tr¨¢mite de audiencia de una circular, en la que realiza una interpretaci¨®n restrictiva de este precepto y establece distintas garant¨ªas, ¡°dada la tipolog¨ªa de los datos que se tratar¨ªan y que existe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas¡±.

Algunos de los firmantes de la petici¨®n han lanzado la campa?a #NoConMisDatos, en protesta por la utilizaci¨®n de su rastro digital para elaborar perfiles.