Las emisiones de CO2 llegan al Tribunal Supremo de Holanda
El Gobierno no acepta que la justicia imponga medidas tras la victoria de Urgenda, la ONG que gan¨® en 2015 una demanda pidiendo una reducci¨®n del 25% para 2020
En junio de 2015, la justicia holandesa sent¨® un precedente hist¨®rico al ordenar al Gobierno que redujera en un 25% para 2020, comparado con 1990, los gases causantes del efecto invernadero (CO2). Urgenda, una ONG especializada en sostenibilidad ambiental, gan¨® la demanda que hab¨ªa interpuesto aduciendo que las autoridades estaban obligadas a proteger la salud del ciudadano. En 2018, el Ejecutivo perdi¨® su primera apelaci¨®n, y la abogac¨ªa del Estado dijo entonces que los tribunales se hab¨ªan entrometido en pol¨ªtica al se?alar que ¡°si los gobernantes no act¨²an contra las actividades industriales da?inas, peligrar¨¢ la vida de la generaci¨®n actual¡±. Como la cuota de emisiones se?alada por los jueces sigue lejos de cumplirse, a finales de a?o se ver¨¢ de nuevo el caso en el Supremo.
Cumplir con la petici¨®n de Urgenda para 2020 precisa, seg¨²n el Gobierno, una inversi¨®n de miles de millones de euros, y aunque el ministerio de Econom¨ªa y Clima no rechaza la sentencia, ha decidido acudir al Tribunal Supremo. ¡°Es por una cuesti¨®n de principios: queremos saber si los jueces ocupar¨¢n all¨ª el lugar de los pol¨ªticos con su veredicto¡±, ha dicho Eric Wiebes, titular del departamento.
La ruta judicial seguida por el caso ha coincidido con el an¨¢lisis del acuerdo holand¨¦s sobre el clima, a cargo de la Oficina Central del Planificaci¨®n, especializada en macro econom¨ªa. Presentado en diciembre tras nueve meses de negociaciones entre 300 organizaciones p¨²blicas y privadas, el Ejecutivo y las industrias, el pacto aspira a una reducci¨®n del CO2 del 49% para 2030, comparado con 1990. El coste calculado puede ascender hasta 1.900 millones de euros anuales. Sin embargo, la Oficina indic¨® este mi¨¦rcoles que las medidas previstas, incluida la supresi¨®n del uso de gas natural y los subsidios para los coches el¨¦ctricos, ¡°tal vez no basten¡±. Tambi¨¦n se?ala que la clase media y media baja, los pensionistas y ciudadanos con subsidios perder¨¢n poder adquisitivo por los impuestos derivados del plan.
El Gobierno reaccion¨® de inmediato y propuso reducir dichas tasas a partir de 2020 para la poblaci¨®n. A cambio, fijar¨¢ unas ¡°moderadas¡± para la industria, en particular la pesada. El apoyo al coche el¨¦ctrico de segunda mano, y la lucha contra la contaminaci¨®n por parte de la agricultura ¡°a cambio de dinero extra¡±, adem¨¢s de almacenar menos CO2, aparecen a su vez entre las nuevas propuestas. Sindicatos y grupos ecologistas mostraron su satisfacci¨®n ante el cambio de actitud gubernamental, aunque el acuerdo retocado volver¨¢ a los expertos para que calculen su precio. Se espera una respuesta en abril.
Mientras llega la llamada del Supremo para la apelaci¨®n final, a Urgenda no le convence el argumento econ¨®mico del Gobierno sobre su caso. Tampoco el posible rechazo ciudadano ante medidas impopulares. ¡°Somos un Estado constitucional, no una rep¨²blica bananera. Los fallos judiciales se cumplen¡±, dice Marjan Minnesma, su directora. En su opini¨®n, ¡°el cierre de todas las centrales el¨¦ctricas de carb¨®n del pa¨ªs¡± contribuir¨ªa a reducir el CO2.
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