La ¡°doble condena¡± de los 4.800 presos con discapacidad en Espa?a

Los reclusos con discapacidad sufren "un maltrato y una discriminaci¨®n institucional" que se plasma en "frecuentes vulneraciones de derechos", seg¨²n un informe presentado este viernes por el Comit¨¦ Espa?ol de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Al menos 4.800 personas con discapacidad est¨¢n internas en c¨¢rceles espa?olas, aunque en el estudio se reconoce que probablemente la cifra sea mayor, dado que muchos casos no est¨¢n reconocidos como tal. En el texto, que estudia la normativa penitenciaria y su adaptaci¨®n a los est¨¢ndares de la ONU para personas con discapacidad, se plasma que los presos viven en unas condiciones "de privaci¨®n de libertad que terminan siendo m¨¢s intensas, de peor calidad y de mayor duraci¨®n" que la del resto de reclusos. Por ello suponen un "doble castigo".

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El informe, elaborado por la doctora en Derecho Patricia Cuenca, investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolom¨¦ de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, urge al cambio de la legislaci¨®n penitenciaria en Espa?a para adaptarla a la Convenci¨®n de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Espa?a entr¨® en vigor en 2008. El texto pone de manifiesto la "escasa sensibilidad del legislador" en relaci¨®n con las necesidades y experiencias de las personas con discapacidad en las c¨¢rceles, que "abre la puerta a la proliferaci¨®n de discriminaciones indirectas".

En Espa?a, 4.823 presos tienen alguna discapacidad, seg¨²n datos de 2017 facilitados por Instituciones Penitenciarias. En 1.603 de los casos es ps¨ªquica (33%), es decir, derivada de una enfermedad mental; en 1.356, f¨ªsica (28%); 1.411 presentan multidiscapacidad (29%); 114, discapacidad sensorial (2%), y 339, intelectual (7%).?

El informe habla de la "inaccesibilidad generalizada de los entornos, debido no solo a la presencia de barreras f¨ªsicas, sino tambi¨¦n en la comunicaci¨®n e informaci¨®n y la persistencia de prejuicios, que conducen a la estigmatizaci¨®n de las personas con discapacidad". En el texto se insta a promover ajustes y apoyos de asistencia, as¨ª como a mejorar la formaci¨®n de los profesionales. El estudio pone de manifiesto que las personas con discapacidad no pueden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, y que su participaci¨®n en labores cotidianas de la prisi¨®n y, en especial, el desarrollo de actividades laborales, formativas y ocupacionales que posibilitan la progresi¨®n al tercer grado y el acceso a beneficios penitenciarios, se ven restringidos. "El doble castigo que padecen se debe a que a la pena de c¨¢rcel se suma la falta de adaptaci¨®n del entorno penitenciario, que supone que no puedan participar en la vida en prisi¨®n, y que se vean vulnerados los derechos que s¨ª tiene el resto de reclusos", cuenta la autora del informe.? ?

"La legislaci¨®n est¨¢ obsoleta. La Ley Org¨¢nica General Penitenciaria fue la primera ley org¨¢nica de la democracia. Y en 1996 se modific¨® el reglamento. La convenci¨®n, que establece que las personas con discapacidad no son objetos de cuidado y protecci¨®n, sino de derecho, es de 10 a?os despu¨¦s. Aunque en 2018 se public¨® un protocolo sobre discapacidad para paliar esos d¨¦ficits, a¨²n no se est¨¢ cumpliendo", manifiesta esta experta. El "maltrato institucional" deriva de la propia normativa. Por eso, la autora plantea que se incluyan 46 recomendaciones como la prohibici¨®n?de discriminar por discapacidad o que se garantice la asistencia adecuada.

"Muchos de los espacios no son accesibles, como por ejemplo aulas en las que se imparten talleres, o salas de visitas", prosigue. "Tambi¨¦n faltan facilitadores que ayuden a las personas con discapacidad intelectual a comunicarse con los letrados, que manejan un lenguaje jur¨ªdico", explica. "O una adaptaci¨®n del r¨¦gimen disciplinario, por el que a veces se aplican sanciones, por ejemplo, a personas con discapacidad intelectual que no pueden cumplir las ¨®rdenes del personal porque no las entienden", a?ade.

Reformar el sistema y acabar con los m¨®dulos especiales

Cuenca insiste en que las personas con discapacidad intelectual o psicosocial no deber¨ªan estar en la c¨¢rcel y en que debe mejorarse el proceso penal para que se detecten los casos que ahora pasan desapercibidos. "Propongo que se creen servicios sociosanitarios dependientes de las comunidades aut¨®nomas para que estas personas puedan recibir un tratamiento. No quiere decir que se fomente un espacio de impunidad ni de privilegio, sino que se tenga en cuenta que la c¨¢rcel no es el entorno adecuado, que no favorece la reinserci¨®n. As¨ª que podr¨ªan desarrollarse recursos, con distintos grados de seguridad. Por ejemplo, un piso tutelado o un centro residencial. La privaci¨®n de libertad deber¨ªa ser la ¨²ltima alternativa", dice.?

Sostiene que, para cumplir con el modelo de la convenci¨®n, que aboga por no segregar a las personas con discapacidad, hay que promover un cambio de modelo. En Espa?a hay dos m¨®dulos especiales, uno en Estremera y otro en Segovia, adem¨¢s de otro en Catalu?a ¡ªque tiene las competencias en la materia¡ª para presos con discapacidad intelectual. "Ahora mismo las c¨¢rceles son un entorno hostil, pueden estar expuestos a ser v¨ªctimas de violencia o abusos. Ante esto, una medida puntual puede ser separarlos, pero no puede ser la tendencia", explica.

"Hay que reformar el sistema para que las prisiones sean accesibles para todos. Entonces s¨ª podr¨ªan desaparecer los m¨®dulos especiales, a los que se deriva a los internos de todo el pa¨ªs, muchas veces lejos de sus familias, por lo que se incumple la normativa, que habla de garantizar el arraigo social. Mientras, propongo abrir m¨¢s m¨®dulos y que en ellos se fomente la autonom¨ªa personal", cuenta. Tambi¨¦n aboga por cerrar progresivamente los hospitales psiqui¨¢tricos penitenciarios ¡ªactualmente hay uno en Catalu?a, otro en Sevilla y otro en Alicante¡ª, "que est¨¢n superpoblados y tienen problemas asistenciales, como falta de psiquiatras". "All¨ª la prioridad es la seguridad, no la asistencia", prosigue.?