Argentina gasta 40 millones de d¨®lares al a?o en perseguir a usuarios de drogas
A 30 a?os de sancionada la ley de drogas, una ONG interdisciplinaria revela que cada causa por consumo cuesta 2.000 d¨®lares al Estado
La ley de drogas de Argentina cumple 30 a?os este fin de semana, y a pesar de que la Corte Suprema de Justicia recomend¨® hace una d¨¦cada dejar de perseguir a los usuarios de sustancias psicoactivas con el trascendental fallo Arriola, las estad¨ªsticas muestran que hay casi tantos detenidos por tenencia de sustancias o cultivo de cannabis que por comercializaci¨®n. El ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich es s¨®lo un eslab¨®n m¨¢s del mecanismo de fondos p¨²blicos que en los ¨²ltimos tres a?os gast¨® 122 millones de d¨®lares en perseguir a usuarios de drogas y cultivadores de marihuana, seg¨²n un informe realizado por RESET,? una organizaci¨®n compuesta por abogados, psic¨®logos, trabajadores sociales, soci¨®logos, polit¨®logos, licenciados en comunicaci¨®n y estudiantes.
El mecanismo que tambi¨¦n incluye al poder judicial y las c¨¢rceles, donde la ley mantiene encerradas por estos delitos a miles personas -en su mayor¨ªa mujeres extranjeras y pobres-, hace que Argentina gaste unos 2.000 d¨®lares en promedio en abrir causas que por lo general se cierran antes de llegar al juicio. Seg¨²n datos del Ministerio P¨²blico Fiscal (MPF) de la Naci¨®n, entre 2016 y 2018 se iniciaron 294.516 causas, de las cuales 30.185 fueron tr¨¢mites abiertos por tenencia simple o para consumo de drogas, el cargo que se le imputa, c¨®mo se dice en la jerga policial argentina, los ¡°perejiles¡± que s¨®lo sirven para ¡°hacer estad¨ªstica¡±.
As¨ª, y contando tambi¨¦n a cultivadores para consumo o solidarios, en 2016 el Estado gast¨® 42,5 millones de d¨®lares, con un costo unitario promedio de 2.600 d¨®lares por causa; en 2017, el costo ascendi¨® a unos 45 millones de d¨®lares, y con un costo por causa 3.300 d¨®lares; y en 2018, la erogaci¨®n lleg¨® a los 34,4 millones de d¨®lares y el costo unitario promedio por causa fue de 2.500 d¨®lares. Es que el art¨ªculo 14 de la ley de drogas argentina establece que se debe detener a toda aquella persona que ¡°tuviere en su poder estupefacientes¡±, para luego dejarla libre una vez que se constate que es para uso personal.
Para graficar la actividad que estos cargos sugieren en una oficina p¨²blica, basta con recurrir a los datos de la fiscal¨ªa que dirige Federico Delgado, que en 15 d¨ªas de agosto de 2018 -¨²ltimo mes analizado- vio como el 73% del total de causas iniciadas por infracci¨®n a la ley 23.737 lo fueron por tenencia de drogas para consumo personal. Para calcular el ¡°costo promedio por causa¡±, RESET tom¨® el 80% del presupuesto asignado en cada a?o para el MPF y lo dividi¨® por la cantidad de procesos iniciados en el ¨®rgano de forma correspondiente a cada a?o, para contemplar as¨ª los gastos regulares de la oficina y que no tienen que ver con los procesos. ¡°Hay una cuesti¨®n de clase que indica que el pobre no tiene derecho al placer, porque si uno analiza los casos, son esas las personas criminalizadas por la pol¨ªtica de drogas y perseguidas por el prohibicionismo¡±, opina Riccardo Ancillai Pont, quien realiz¨® la investigaci¨®n junto a otros cinco integrantes de RESET.
Fomento al mercado ilegal
La imposibilidad de cultivar cannabis o portar otras sustancias prohibidas tiene un beneficiario directo: el mercado ilegal. Seg¨²n otro informe del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) difundido por RESET, en Argentina existen 1.482.165 usuarios de cannabis que, en promedio, consumen 4,8 gramos de esa hierba por mes. Ese mercado mueve en total unos 200 millones de d¨®lares al a?o. Para contrastar la cifra s¨®lo es necesario cruzar un r¨ªo: desde la legalizaci¨®n del cannabis en 2013, Uruguay arrebat¨® unos 25 millones de d¨®lares al crimen organizado que se nutre del tr¨¢fico.
La discusi¨®n sobre despenalizaci¨®n en Argentina cumpli¨® una d¨¦cada en agosto. El fallo Arriola, firmado por todos los integrantes de la Corte Suprema, estableci¨® en un caso particular que el consumo personal de sustancias en el ¨¢mbito privado ¡°est¨¢ exento de la autoridad de los magistrados¡±, como indica el art¨ªculo 19 de la Constituci¨®n Nacional. Sin embargo, y a pesar de veinticinco proyectos de ley presentados para hacer lugar a la demanda del m¨¢ximo tribunal, la ley no se toc¨®.
¡°Se trata de un defecto institucional grav¨ªsimo, que es causa de este como de otros problemas¡±, dice Eugenio Zaffaroni, uno de los integrantes de aquella Corte. ¡°C¨®mo cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, su sentencia llegar¨¢ despu¨¦s de a?os a la ¨²ltima instancia, que mantendr¨¢ su jurisprudencia si no cambi¨® su composici¨®n. Tenemos un Estado constitucional de derecho bastante rengo¡±, afirma. Ancillai Pont completa: ¡°Uno tiene que buscar las razones de semejante despilfarro en las meta intenciones y ah¨ª se ve que la persecuci¨®n y la guerra contra las drogas sirve para buscar un chivo expiatorio y poder mantener un argumento para que el Estado pueda entrometerse en la vida privada de los ciudadanos¡±.
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