La justicia europea da la raz¨®n a Google y limita el derecho al olvido a la UE

El ciberespacio no tiene fronteras, pero el derecho al olvido de los europeos en Internet s¨ª lo tiene. Y esas fronteras son las que delimitan la Uni¨®n Europea. Google se ha hecho con su segunda victoria ante la corte europea en apenas dos semanas despu¨¦s de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) le haya dado la raz¨®n este martes en un litigio que manten¨ªa con la agencia de datos de Francia. Un lustro despu¨¦s de que los jueces dictaran que los usuarios europeos pueden solicitar la eliminaci¨®n de los resultados del buscador vinculados a su nombre, el TJUE, que sigue la opini¨®n del abogado general, ha considerado que "el gestor de un motor de b¨²squeda no est¨¢ obligado a retirar los enlaces en todas las versiones". Solo en las de la UE.

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Google deber¨¢ borrar los enlaces a noticias si la justicia dicta que son err¨®neas

La pelea por ese derecho empez¨® en Espa?a, cuando un abogado recurri¨® a la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos para que Google retirara una informaci¨®n publicada en el diario La Vanguardia relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social. El caso lleg¨® a Luxemburgo, que aval¨® que los ciudadanos europeos puedan solicitar "directamente" al buscador que "en determinadas condiciones" eliminen de sus motores su nombre. La compa?¨ªa debe valorar si la queja es fundada o no. En caso contrario, el usuario puede recurrir a la justicia. Apenas un mes despu¨¦s de la sentencia, Google recib¨ªa m¨¢s de 70.000 solicitudes.

Un usuario franc¨¦s, sin embargo, recurri¨® a la Comisi¨®n Nacional de Inform¨¢tica y Libertades de su pa¨ªs al constatar que algunos enlaces que hab¨ªa solicitado segu¨ªan apareciendo cuando se tecleaba su nombre en el buscador. El motivo era que Google los elimaba de los motores de sus filiales europeas, pero no en el resto del mundo. La autoridad francesa exigi¨® entonces a Google que accediera a la petici¨®n de su ciudadano, pero el gigante norteamericano solo procedi¨® a suprimirlos de las b¨²squedas efectuadas dentro de la UE. A cambio, puso en marcha un bloque geogr¨¢fico para que esa informaci¨®n problem¨¢tica no pudiera ser consultada desde dispositivos del pa¨ªs de residencia del afectado.

La Comisi¨®n Nacional de Inform¨¢tica y Libertades consider¨® insuficientes esas medidas y mult¨® a la multinacional con 100.000 euros. Google recurri¨® y se justifici¨® en que, a su juicio, no est¨¢ obligado a retirar los enlaces de todo el mundo. La justicia europea, que deb¨ªa pronunciarse hasta d¨®nde llegan sus decisiones, le da la raz¨®n.

Equilibrio con el derecho a la informaci¨®n

La Corte de Luxemburgo admite que, en un espacio global y sin fronteras, la retirada de los enlaces ser¨ªa la f¨®rmula que "responder¨ªa plenamente al objetivo de protecci¨®n que persigue el Derecho de la Uni¨®n". A continuaci¨®n, no obstante, puntualiza que muchos pa¨ªses terceros no contemplan el derecho al olvido, y si lo hacen, lo abordan de forma diferente. El TJUE tambi¨¦n recuerda que no se trata de un "derecho absoluto", sino que est¨¢ sujeto al "principio de proporcionalidad". Es decir, el respeto a la vida privada y a la protecci¨®n de datos deben guardar un equilibrio con la libertad de informaci¨®n.

El tribunal concluye, pues, que la legislaci¨®n comunitaria "no prev¨¦ instrumentos y mecanismos de cooperaci¨®n en lo que se refiere al alcance de la retirada de enlaces fuera de la Uni¨®n", por lo que Google "no est¨¢ obligado" a "proceder con dicha retirada en todas las versiones de su motor". Pero que las leyes no obliguen no significa necesariamente que proh¨ªban, recuerda el Tribunal. Pero ese es un terreno que escapa a sus competencias y en el que deber¨¢n nadar los pa¨ªses de la UE.

Hace apenas una semana, Google gan¨® otra batalla en Luxemburgo, despu¨¦s de que el tribunal invalidara la ley alemana que le proh¨ªbe mostrar en sus resultados los res¨²menes de noticias de medios de comunicaci¨®n sin antes haber pagado a sus editores.

La empresa estadounidense celebr¨® la decisi¨®n del alto tribunal, asegurando que, desde 2014, trabaja "arduamente" para "lograr un equilibrio razonable entre los derechos de las personas al acceso a la informaci¨®n y a la privacidad", informa AFP.