62 organizaciones piden que acosar a mujeres y sanitarios en las cl¨ªnicas abortivas sea delito

Gritos, pintadas en las paredes ¡ª¡°Asesinas, asesinos¡±, ¡°aqu¨ª matan ni?os¡±, ¡°aqu¨ª mueren mujeres¡±¡ª o insultos. El acoso a las mujeres a las puertas de las cl¨ªnicas donde se practican abortos y a los profesionales que trabajan en ellas no es nuevo y, en los ¨²ltimos dos a?os, ha ido recrudeci¨¦ndose. Lo denuncian las 62 organizaciones feministas, sindicales y civiles que se han agrupado en la Plataforma Pro-Derechos, presentada este martes, para denunciar ese hostigamiento y pedir que se cree un nuevo tipo penal para actuar contra ¡°los grupos antiderechos y antielecci¨®n¡± que lo llevan a cabo. Calculan que alrededor de 8.000 mujeres han sufrido estas "coacciones" desde que entr¨® en vigor la ley de plazos del aborto, en 2010. Se producen un centenar de veces al a?o, "siendo conservadores en las cifras"; y alertan de "su intensificaci¨®n".

Amparados en la libertad de reuni¨®n y manifestaci¨®n y expresi¨®n, indicaba Sonia Lamas, de Enclave Feminista, "los antiabortistas se ponen frente a los IVE (centros donde se practica la interrupci¨®n voluntaria del embarazo), difunden informaci¨®n falsa, tratan de impedir el acceso poni¨¦ndose en medio, insultan y coaccionan". Cristina Col¨®n, vicepresidenta de la Asociaci¨®n de Mujeres Juristas Themis, tambi¨¦n parte de la Plataforma, explica que hay ¡°hostigamiento por proximidad, f¨ªsica y verbal¡±. Adem¨¢s, ¡°se vulnera el derecho a la libertad de las mujeres, tanto a adoptar la decisi¨®n como a mantenerla, a la intimidad sobre su imagen y sus actos, y tambi¨¦n el derecho a la igualdad y la no discriminaci¨®n y constituye un delito de injurias cuando se producen los insultos y de coacciones, ya tipificadas penalmente¡±.

Colom asegura que el tipo existente ahora por el que se podr¨ªa regular, el de coacciones, es insuficiente y se archivan continuamente las denuncias. ¡°Adem¨¢s, no podemos depender de que la mujer sea parte de un proceso penal cuando se produce el hecho delictivo. Y queremos una soluci¨®n para todas las v¨ªctimas. Por eso la petici¨®n es una iniciativa legislativa, que se pueda actuar de oficio. Que no haya impunidad¡±, a?adi¨®. Algo que sucede, por ejemplo, con la violencia de g¨¦nero, donde instituciones y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden actuar sin que medie una denuncia por parte de la v¨ªctima. Actuaciones que, insisti¨® Ana S¨¢nchez, secretaria de Igualdad de UGT Madrid, tambi¨¦n son para los trabajadores de esos centros. ¡°Estamos hablando de profesionales a los que vulneran el respeto al trabajo digno, continuamente hostigados en un pa¨ªs en el que todav¨ªa hay quien piensa que el aborto no deber¨ªa estar legalizado¡±, manifest¨®.

M¨¢s informaci¨®n

Varias organizaciones denuncian el acoso a mujeres en las cl¨ªnicas para interrumpir el embarazo

Vox pide revisar ¡°el drama del aborto¡±

Jos¨¦ Antonio Bosch, abogado de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del Embarazo (ACAI) y uno de los representantes de la plataforma presentes hoy en la rueda de prensa ?¡ªcelebrada en la sede de la asociaci¨®n Derecho a Morir Dignamente, en Madrid¡ª, apunt¨® que, adem¨¢s de esta primera soluci¨®n, la de la tipificaci¨®n de un nuevo delito para estos hechos, ¡°como ha hecho Francia, que ya lo recoge en su C¨®digo Penal¡±, puede haber otras, como establecer un per¨ªmetro de seguridad. Algo que ya ha ocurrido en Reino Unido. ¡°En Londres, el Tribunal Supremo dio por v¨¢lida una orden municipal para que estas personas no se pudiesen acercar a determinada distancia de las cl¨ªnicas¡±. Una medida que tambi¨¦n contemplan ¡°en Alemania, Austria e Irlanda¡±, enumera el abogado.

Adem¨¢s, a?ade Bosch, hay tres instituciones que pueden poner soluci¨®n a este conflicto en mayor o menor medida. Por un lado los Ayuntamientos, ¡°que tienen potestad sobre la ocupaci¨®n de la v¨ªa p¨²blica que hacen estos grupos contra el aborto y por lo general sin permiso¡±, apunta el abogado. Por otro lado, las Comunidades Aut¨®nomas, que son las encargadas de garantizar la prestaci¨®n de esta asistencia sanitaria. Y por ¨²ltimo el Estado, que tiene que garantizar los derechos de la ciudadan¨ªa. En Espa?a, el aborto es legal durante las primeras 14 semanas de gestaci¨®n, seg¨²n la ley de plazos de 2010.

Durante la rueda de prensa, a la que tambi¨¦n asistieron como portavoces Ana S¨¢nchez de la Coba, secretaria de Igualdad de UGT y Maribel Teigell, de Derecho a Morir Dignamente, explicaron que se hab¨ªan reunido con todos los grupos parlamentarios exceptuando el Partido Popular, que, seg¨²n Sonia Lamas, ¡°ten¨ªa la misma petici¨®n de reuni¨®n que el resto¡± pero nunca los recibi¨®. ¡°El resto manifest¨® su total desconocimiento del asunto, bastante sorpresa, y manifestaron su inter¨¦s por hacer algo al respecto¡±, a?adi¨® Colom.

Bajo el lema #abortosinacoso, las 62 organizaciones que forman parte de la Plataforma Pro-Derechos se concentrar¨¢n este mi¨¦rcoles alrededor de la Cl¨ªnica Dator, en Madrid, la primera en Espa?a que recibi¨® la acreditaci¨®n para practicar el aborto, entre las 12.30 y las 13.30. Quieren hacer frente ¡°a los 40 d¨ªas de vigilia que los grupos en contra del aborto van a comenzar ma?ana [por este mi¨¦rcoles] y que no es otra cosa que 40 d¨ªas de acciones de acoso entre las ocho de la ma?ana y las ocho de la tarde en los IVE¡±, aludi¨® Maribel Teigell, de DMD. En resumen, seg¨²n Teigell, esto es un llamamiento a las administraciones porque ¡°nadie debe perder de vista que el aborto es una prestaci¨®n sanitaria del Sistema Nacional de Salud, con una ley que refrenda y de la que hacen uso mujeres que han tomado una decisi¨®n libre¡±.