Cerca de 1,5 millones de espa?oles dice tener dificultades en sus actividades diarias. Para solventarlas, ese 3% de la poblaci¨®n acude al sistema de atenci¨®n a la dependencia, el aparato p¨²blico encargado de, en teor¨ªa, cuidar de sus necesidades. Pero, seg¨²n los expertos, el modelo se ahoga por falta de financiaci¨®n suficiente y no tiene capacidad para atender a todos los solicitantes, lo que provoca que una gran parte de los cuidados recaiga sobre los familiares y, en menor medida, sobre el sector privado. Extender la cobertura pasa por inyectar fondos y mejorar unos servicios que, con el envejecimiento del pa¨ªs, encierran un gran potencial de empleo. ?Qu¨¦ cifras hay que conocer de este sistema?
?Cu¨¢nto cuesta la dependencia?
8.252 millones de euros. Es el coste de los servicios y prestaciones que recibieron las personas dependientes en Espa?a en 2018, seg¨²n estima el Observatorio Estatal para la Dependencia. De ellos, 6.992 millones fueron aportados por las administraciones y 1.330 por los usuarios mediante copago. Un gasto total que rond¨® el 0,7% del PIB, alejado del 1,4% de media de los pa¨ªses de la OCDE, y a todas luces "insuficiente" para garantizar unos cuidados universales, entiende Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, presidente de la Asociaci¨®n Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales: "Hemos pedido al Gobierno que como m¨ªnimo se dedique el 2% del PIB a la dependencia. Con esa cuant¨ªa se podr¨ªa absorber la lista de espera y recuperar la cantidad y la calidad de los servicios y prestaciones".
Para 2020, el coste ascender¨¢ a 11.339 millones de euros, seg¨²n las proyecciones de la Comisi¨®n para el An¨¢lisis de la Situaci¨®n del Sistema de la Dependencia. "Es un gasto que tiene tendencia a crecer y adem¨¢s cimienta su futuro crecimiento. Se dice que tiene capacidad expansiva infinita", explica Valeriano G¨®mez, exministro de Trabajo y economista, que entiende que Espa?a, por razones demogr¨¢ficas, se situar¨¢ a corto plazo en la banda alta de gasto para esta partida. Aproximadamente en 2035, predice el INE, m¨¢s de 12 millones de espa?oles superar¨¢n los 65 a?os por los nueve millones de hoy. "En nuestro caso las proyecciones son m¨¢s exigentes que la media europea. En la medida que cuidemos mejor a nuestros mayores y enfermos alargaremos su esperanza vida. Y con ella aumentar¨¢ la inversi¨®n para alimentarla. Eso en dependencia se traduce en m¨¢s gasto. Pero la clave est¨¢ en proporcionar un nivel de vida adecuado y digno".
Cobertura insuficiente
"El principal problema del sistema es que la financiaci¨®n es insuficiente. Es la causa de que los derechos reconocidos no puedan hacerse efectivos", apunta Susana Rold¨¢n, profesora de Econom¨ªa Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos y una de las tres autoras de un trabajo publicado por el Instituto de Estudios Fiscales que estima los costes e impactos de adoptar el modelo sueco de dependencia, uno de los pa¨ªses m¨¢s avanzados en esta materia. "La atenci¨®n a los dependientes ha reca¨ªdo tradicionalmente en Espa?a sobre las familias ante la pr¨¢ctica inexistencia de servicios p¨²blicos de cuidados de larga duraci¨®n", a?ade Mercedes Sastre, profesora de Econom¨ªa Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y tambi¨¦n part¨ªcipe de la investigaci¨®n, para la que se tiene en cuenta a la poblaci¨®n mayor de 65 a?os. Expertos como la soci¨®loga y estudiosa de los cuidados Mar¨ªa ?ngeles Dur¨¢n calculan que este trabajo invisible, que supone un 30% m¨¢s de tiempo que el total de la jornada laboral y es desempe?ado en un 80% por mujeres, equivaldr¨ªa a 28 millones de empleos directos.
Esa escasez de financiaci¨®n provoca que 257.487 personas de las 1.355.478 con dependencia reconocida sigan esperando a recibir la prestaci¨®n. A ellas hay que sumarles otras 146.198 que aguardan a que su solicitud sea valorada, seg¨²n las ¨²ltimas estad¨ªsticas del Imserso. En 2018, las listas se aligeraron en 60.000 personas. "Pero se ha producido un espejismo estad¨ªstico: en general, y especialmente en algunas Comunidades, la lista ha disminuido a costa de atender a los dependientes leves, de grado uno, con prestaciones low-cost", alerta Ram¨ªrez. "Se llega a m¨¢s gente pero con menos dinero. Y los dependientes m¨¢s graves [aproximadamente el 40% de los desatendidos son grados dos y tres, siendo el tres el m¨¢ximo] siguen esperando". Al a?o, 30.000 personas fallecen aguardando el cumplimiento de este derecho.
El sistema no solo desprotege a aquellos que engordan el limbo de la dependencia. Algunos ciudadanos desisten antes de empezar el proceso, sobre todo en las Comunidades con peores ratios de atenci¨®n, como Catalu?a o Canarias: "No inician los tr¨¢mites por desesperaci¨®n. Una persona que vive en Canarias y ve que van a tardar dos o tres a?os en reconocerle el grado, que le van a dar un servicio barato y que va a pasar por una log¨ªstica inmisericorde... abandona antes de empezar", lamenta Ram¨ªrez.
Una gran oportunidad de empleo
Unas 540.000 personas trabajan en el sector de la dependencia: 330.000 en centros de d¨ªa y residencias y 210.000 en servicios sin alojamiento, como puede ser la ayuda a domicilio, seg¨²n datos de CC OO. Un nicho de empleo al que la demograf¨ªa, de nuevo, obligar¨¢ a expandirse. Y a ser rentable. "Pocas inversiones p¨²blicas generan tanto trabajo como el sistema de dependencia. Por cada mill¨®n de euros gastados se pueden crear 38 puestos de trabajo directos, estables y no deslocalizables", incide Ram¨ªrez. CC OO, por su parte, simula varios escenarios de crecimiento de empleo en funci¨®n de c¨®mo se atendiese a la lista de espera. Si las personas que la engrosan optasen por acudir a un centro de d¨ªa, por ejemplo, ser¨ªan necesarios unos 150.000 nuevos empleos a tiempo completo para satisfacer esta demanda.
"La atenci¨®n profesionalizada y basada en los servicios p¨²blicos tendr¨¢ sin duda efectos positivos sobre el empleo. No olvidemos que el sistema se basa en prestaciones de cuidados personales y estas son muy intensivas en mano de obra", afirma la economista Rold¨¢n, que en su trabajo estima que se podr¨ªan crear m¨¢s de 500.000 plazas (para atender a mayores de 65 a?os) siguiendo el patr¨®n de la cobertura sueca. Una mejora del sistema traer¨ªa de la mano impulsos adicionales, como la "previsible disminuci¨®n en las prestaciones por desempleo, el aumento de las cuotas a la Seguridad Social y aumentos en la recaudaci¨®n del IVA, IRPF e impuesto de sociedades", enumera Rold¨¢n. En el caso de los servicios de ayuda a domicilio, aunque no existen cifras oficiales ni concretas, algunas empresas dedicadas al cuidado estiman que un alto porcentaje del gasto p¨²blico en estos servicios (Clece, por ejemplo, lo sit¨²a en cerca de un 50%, seg¨²n un c¨¢lculo propio) revierten a la sociedad en impuestos como el IRPF, el IVA o la Seguridad Social, entre otros.
Otro aspecto a revisar son las condiciones del empleo actual. Valeriano L¨®pez Af¨¢n, presidente de la Asociaci¨®n Estatal de Entidades de Servicios de Atenci¨®n a Domicilio, advierte de que la situaci¨®n difiere entre servicios. "En el residencial, mayoritariamente privado, la dificultad est¨¢ en la definici¨®n de las funciones de la gerocultura. En la ayuda a domicilio, mayoritariamente p¨²blico, hay dos objetivos claros: la visibilizaci¨®n y la dignificaci¨®n del sector. Hay que lograrlo subiendo los salarios y adecuando los precios-hora al trabajo realizado. Que las condiciones est¨¦n suficientemente cubiertas por la financiaci¨®n de las administraciones p¨²blicas, y que por otro lado mejore la parcialidad de las jornadas".
La gesti¨®n de servicios como la ayuda a domicilio y los centros de d¨ªa y residencias tiene dos v¨ªas: la directa, a cargo de la Administraci¨®n, y la indirecta, a cargo de entidades privadas. En la segunda opci¨®n, la Administraci¨®n convoca un concurso p¨²blico en el que se oferta su gesti¨®n.
ampliar foto
Contra la brecha de g¨¦nero
En Espa?a, el cuidador tipo es mujer y familiar de la persona dependiente. M¨¢s del 75% de toda la atenci¨®n no remunerada es femenina, cifran las ¨²ltimas encuestas de uso del tiempo. "Cuidar a alguien tiene que ser una opci¨®n personal, no una condena a causa de un Estado que no aporta prestaciones y servicios en espacios de libertad y decisi¨®n. Es necesario un estudio del impacto de g¨¦nero que han tenido los recortes en dependencia", reclama Ram¨ªrez.
Tan solo en 2018, seg¨²n el Instituto de la Mujer, 326.000 mujeres se acogieron a la jornada reducida para cuidar. Solo 16.000 hombres lo hicieron. "Una sociedad desarrollada no se puede permitir perder ese capital laboral", argumenta Susana Rold¨¢n. "El creciente nivel formativo de las mujeres no siempre se ve acompa?ado de posibilidades reales de progreso profesional. Esto se debe al desigual reparto de las tareas dom¨¦sticas y de cuidados en el hogar". De nuevo, la profesionalizaci¨®n y financiaci¨®n del sistema ayudar¨ªa a revertir esta brecha. "Y permitir¨ªa el afloramiento de la econom¨ªa sumergida donde ahora trabajan muchas mujeres sin derechos y en condiciones muy precarias", remata Rold¨¢n.
