El sistema n¨®rdico en el que caben m¨¢s dependientes
Un informe encargado por el Instituto de Estudios Fiscales plantea un modelo de asistencia a los mayores similar al sueco que elevar¨ªa el n¨²mero de usuarios atendidos
Si Espa?a fuera Suecia, las personas mayores de 65 a?os acreedoras de una ayuda de dependencia ser¨ªan 1,6 millones, seg¨²n datos de 2016. Aumentar¨ªa, por tanto, el n¨²mero de usuarios con derechos, actualmente castigados por unas evaluaciones cicateras que dejan fuera a muchos solicitantes, un baremo que se endureci¨® con la crisis. Los cuidados de la familia ser¨ªan muy residuales porque se garantizar¨ªan los servicios p¨²blicos, habr¨ªa m¨¢s plazas de residencias, m¨¢s centros de d¨ªa... Pero Espa?a no es Suecia. Y la diferencia no solo radica en la financiaci¨®n p¨²blica para cuidados de larga duraci¨®n, muy superior en los pa¨ªses n¨®rdicos ¡ª0,7% del PIB espa?ol de 2014 frente al 3,2% sueco¡ª, sino en la mentalidad de la sociedad, acostumbrada en el sur de Europa a depositar los cuidados de los mayores sobre los hombros de las familias, muy especialmente de las mujeres. La cuesti¨®n es: ?podr¨ªa aplicarse en Espa?a un modelo a la sueca? Un estudio encargado por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, calcula que las Administraciones tendr¨ªan que inyectar al sistema unos 7.200 millones de euros m¨¢s (una inversi¨®n que supondr¨ªa pr¨¢cticamente el doble que en la actualidad), de los cuales retornar¨ªan al erario cerca de 5.000.
El informe ¡ªelaborado por las economistas Rosa Mart¨ªnez, Susana Rold¨¢n y Mercedes Sastre¡ª propone un modelo totalmente p¨²blico y universal. Estaba previsto que se presentara en un acto el pasado 15 de noviembre, pero finalmente el Instituto de Estudios Fiscales opt¨® por publicarlo en su p¨¢gina web, sin m¨¢s publicidad.
En su an¨¢lisis, las acad¨¦micas escogen a la poblaci¨®n mayor de 65 a?os y estudian el modelo de la dependencia en Espa?a, donde dentro de tres lustros uno de cada cuatro personas estar¨¢ en este tramo de edad, seg¨²n las proyecciones del Instituto Nacional de Estad¨ªstica. M¨¢s de 12 millones tendr¨¢n 65 o m¨¢s, frente a los alrededor de nueve que hay en la actualidad. En 2016, el 10,3% de la poblaci¨®n en este tramo de edad ten¨ªa alg¨²n grado de dependencia reconocido.?
Cuidadores familiares
En el documento se plantea adem¨¢s que el sistema de la dependencia espa?ol est¨¢ volcado indebidamente ¡°hacia la prestaci¨®n econ¨®mica para cuidados familiares, concebidos en la ley como excepcionales¡±. En la actualidad, casi un tercio de los cuidados corren a cargo de familiares.
¡°Planteamos un sistema con car¨¢cter p¨²blico, de una cobertura universal y suficiente, de tal forma que no se recurra a familiares para asegurar las necesidades b¨¢sicas de la vida diaria¡±, explica Mar¨ªa Pazos, que dirige la l¨ªnea de investigaci¨®n de pol¨ªticas p¨²blicas e igualdad de g¨¦nero en el Instituto de Estudios Fiscales y ha supervisado el informe.
La investigaci¨®n, realizada a partir de datos de 2016, cuantifica qu¨¦ recursos ser¨ªan necesarios para atender la demanda real. Para ello plantean dos escenarios. El primero aplica el baremo actual de valoraci¨®n de la dependencia a los resultados de la Encuesta de Envejecimiento, Salud y Retiro en Europa (SHARE, por sus siglas en ingl¨¦s) y deduce las necesidades reales de ayuda. El segundo proyecta el panorama espa?ol si se aplicara el nivel de cobertura sueco, modelo utilizado como referencia ¡°dado su liderazgo en pol¨ªtica social¡±.
M¨¢s de 400.000 plazas en residencias p¨²blicas
El informe encargado por el Instituto de Estudios Fiscales prev¨¦ un significativo aumento en el n¨²mero de plazas en residencias p¨²blicas en Espa?a. En los dos modelos sobre los que se sustenta el informe se contempla una subida de las 113.000 plazas p¨²blicas o concertadas que, seg¨²n el documento, estaban habilitadas en 2016 para mayores de 65 a?os hasta m¨¢s de 400.000 plazas p¨²blicas.
Este aumento exigir¨ªa un esfuerzo presupuestario, pero las responsables del informe contemplan que la implantaci¨®n puede ser progresiva. ¡°Con la oferta llegar¨¢ la demanda¡±, asegura Mar¨ªa Pazos, supervisora del estudio y directora de la l¨ªnea de investigaci¨®n de pol¨ªticas p¨²blicas e igualdad de g¨¦nero en el Instituto de Estudios Fiscales.
¡°En Espa?a las residencias tienen un estigma porque la calidad es baja y son como una antesala de la muerte, solo van los m¨¢s graves¡±, explica. ¡°En Suecia el modelo es distinto, cambi¨® en los sesenta. En Espa?a quiz¨¢s se necesite una transici¨®n, pero tambi¨¦n ocurrir¨¢, a medida que la oferta sea mayor y de mejor calidad¡±, concluye.
Con la primera simulaci¨®n, las investigadoras concluyen que, tomando como referencia 2016, la cifra real de dependientes ser¨ªa de 1,2 millones y no de 894.000, como hab¨ªa ese a?o. Con el segundo modelo, el sueco, calculado a partir del porcentaje de poblaci¨®n que tiene alguna cobertura all¨ª, la cifra ser¨ªa a¨²n mayor: 1,6 millones de personas deber¨ªan tener reconocida la dependencia en Espa?a.
Para hacer frente a este aumento de usuarios, las autoras del informe calculan que har¨ªan falta m¨¢s de medio mill¨®n de empleos a tiempo completo, cerca de 400.000 de nueva creaci¨®n. Las investigadoras estiman que en 2016 unas 155.000 personas trabajaban en el sistema.
Una de las claves del estudio es el aumento presupuestario que recoge para mejorar los servicios y aumentar el n¨²mero de usuarios. Calculan que en ambos modelos ser¨ªa precisa una inversi¨®n superior a los 17.000 millones de euros anuales. El coste de la atenci¨®n a los mayores de 65 a?os en 2016 era de unos 5.800 millones de euros. Es decir, volverse suecos implicar¨ªa un aumento presupuestario de alrededor de 12.000 millones.
M¨¢s de 7.200 millones
En la propuesta, el dependiente afronta un copago por alojamiento y comida en las residencias o centros de d¨ªa ¡ªsi no puede costearlo, se propone una ayuda del Estado¡ª. Restando ese copago, el gasto p¨²blico superar¨ªa en ambos modelos los 7.200 millones de euros.
Adem¨¢s, la propuesta contempla eliminar determinados incentivos fiscales asociados a la edad, la discapacidad y la dependencia en el IRPF, que suman unos 1.700 millones de euros. A estos c¨¢lculos debe a?adirse el retorno calculado en cerca de 5.000 millones en cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos empleados y sus impuestos. ¡°Esto solo en retornos directos. Hay que calcular los indirectos, habr¨ªa m¨¢s gente accediendo al mercado laboral y, por tanto, m¨¢s consumo¡±, afirma Mar¨ªa Pazos.
¡°Las cuentas salen. La propuesta es factible. Quiz¨¢s no de golpe, pero s¨ª con un calendario progresivo¡±, expone Pazos. ¡°Se propone aqu¨ª un cambio de modelo, no un calendario de aplicaci¨®n. Tampoco opinamos c¨®mo debe financiarse, que lo decidan las Administraciones¡±, explica Mercedes Sastre, profesora de Econom¨ªa Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y una de las autoras del informe.
¡°En lugar del sistema actual, cuyo pilar fundamental es el cuidado proporcionado por las mujeres en condiciones precarias, este estudio propone universalizar el derecho a la atenci¨®n suficiente y de calidad por parte de los servicios p¨²blicos. La virtud fundamental de este trabajo es situar el debate sobre el modelo de cuidados que se requiere para atender las crecientes necesidades asegurando a la vez los derechos de todas las personas implicadas¡±, prosigue Pazos. ¡°Esto requiere un pacto de los poderes p¨²blicos implicados¡±, a?ade. ¡°El problema no es solo cu¨¢nto se gasta, sino c¨®mo se gasta. Y en Espa?a se ha gastado muy mal¡±, concluye.
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