Condenado el exmarido de M¨®nica Oltra por abusar de una menor tutelada

La Audiencia de Valencia ha condenado a cinco a?os de prisi¨®n a Luis Eduardo Ram¨ªrez, educador de un centro religioso de acogida, de car¨¢cter privado pero con plazas concertadas con la Administraci¨®n, por un delito continuado de abuso sexual a una menor tutelada por la Generalitat entre finales de 2016 y principios 2017, cuando ella ten¨ªa 13 a?os. La sala, que le impone la petici¨®n reclamada por el fiscal, le proh¨ªbe adem¨¢s acercarse a ella o a su domicilio a menos de 200 metros o comunicarse con ella durante 10 a?os y el pago de una indemnizaci¨®n de 6.000 euros a la menor.

El acusado trabajaba en el centro, regido por monjas y ubicado en Valencia, como educador y, de acuerdo con el tribunal, en ese periodo de tiempo, aprovechando que estaba en el turno de noche, acud¨ªa a la habitaci¨®n donde dorm¨ªa la menor (aislada al estar castigada por mal comportamiento) y le masajeaba la zona del cuello ante la petici¨®n de esta, que ten¨ªa dificultades para conciliar el sue?o. Una vez cre¨ªa que estaba dormida, le cog¨ªa la mano y se masturbaba con ella.

La sentencia se?ala que el acusado "manten¨ªa en la fecha de los hechos una relaci¨®n de parentesco con un alto cargo de la Generalitat, algo que era conocido por todos en el centro, lo que representaba para la menor una dificultad a?adida a la hora de formular la denuncia ante el temor de que no ser¨ªa cre¨ªda". El condenado fue marido de M¨®nica Oltra, actual vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Igualdad e Inclusi¨®n Social, competente en la materia. La pareja se hab¨ªa separado meses antes de que sucedieran los hechos, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la l¨ªder de Comprom¨ªs. Ram¨ªrez trabajaba en el centro mucho antes de que Oltra fuera nombrada consejera.

La sala sostiene que los hechos han quedado probados por la declaraci¨®n de la v¨ªctima, de dos agentes de polic¨ªa, de una prueba pericial y de otras declaraciones que corroboran los abusos para enervar la presunci¨®n de inocencia "m¨¢s all¨¢ de toda duda razonable". La sentencia recalca que la menor hab¨ªa estado en contacto con las instituciones desde los cuatro a?os y declarada en desamparo desde los 14.

Los magistrados descartan m¨®viles espurios o de resentimiento de la menor hacia el acusado o cualquier tipo de alteraci¨®n personal o psicol¨®gica en ella que arroje dudas sobre su credibilidad, algo que corrobor¨® un informe del Instituto de Medicina Legal. Los jueces destacan que el procedimiento se inici¨® por una denuncia del fiscal ante las reticencias de la ni?a a hacerlo. Adem¨¢s, se?ala que cuando finalmente la menor le cuenta al novio qu¨¦ estaba ocurriendo, este fue a pedirle explicaciones al educador y la reacci¨®n de este ante una acusaci¨®n tan grave no fue la de negar los hechos de una manera vehemente.

Respecto a su testimonio, la sentencia considera que es veros¨ªmil, por resultar coherente e ir reforzado por corroboraciones perif¨¦ricas como la declaraci¨®n de los agentes de la polic¨ªa, el novio de la menor, una amiga en el centro y otro cuidador. La sala tambi¨¦n se centra en la admisi¨®n del acusado de que realizaba masajes a la ni?a cuando lo solicitaba, un hecho que considera "absolutamente inusual" y en el que abundar¨ªa la declaraci¨®n de otro educador que precisamente asegur¨® que no era lo habitual.

Sorprendentemente, el educador ha seguido trabajando en el mismo centro privado tras la denuncia de los hechos, al no haberse dictado ninguna medida preventiva. En un primer momento, el centro abri¨® una investigaci¨®n interna durante la cual el condenado fue apartado del trabajo. Posteriormente, volvi¨® al centro, pero fue ubicado en una planta diferente.

Estas circunstancias centraron toda la conferencia de prensa de M¨®nica Oltra posterior al consejo de Gobierno del 8 de noviembre, un d¨ªa despu¨¦s de concluir el juicio de su exmarido. La vicepresidenta del Consell respondi¨® a los periodistas que la Generalitat no puede apartar a un trabajador de un centro privado de su puesto de trabajo sin que exista una condena o alguna medida cautelar que as¨ª lo ordene, aunque est¨¦ acusado o existan sospechas de supuestos abusos sexuales.

Sistema mayormente privatizado

Oltra a?adi¨® que "cuando los centros no son p¨²blicos, la consejer¨ªa no puede actuar. Es el problema de tener un sistema de protecci¨®n de menores mayoritariamente privatizado, de no contar pr¨¢cticamente con centros de gesti¨®n p¨²blica". "Cuando esto pasa en un centro p¨²blico, la Generalitat puede, con el consentimiento del trabajador si tiene la plaza, trasladarle a otro destino, pero cuando pasa en un centro privatizado la gesti¨®n de personal no depende de la consejer¨ªa", explic¨®.

Preguntada sobre la actuaci¨®n de la Consejer¨ªa de Igualdad en este caso concreto, Oltra indic¨® que, tras sospechar de la actuaci¨®n del educador, el propio centro alert¨® a la direcci¨®n territorial, que puso a una psic¨®loga en el caso para evaluar a la menor. La Generalitat orden¨® el traslado de la adolescente a otro centro, aunque finalmente no se produjo porque judicialmente se dictamin¨® su ingreso en otras dependencias porque la ni?a ten¨ªa pendientes otras causas (por robo).?

Oltra se?al¨® que, despu¨¦s de conocer en septiembre de 2017 los hechos, la Consejer¨ªa de Igualdad, "tras analizar el protocolo vigente en estos casos, remiti¨® una instrucci¨®n a todos los centros en la que se orden¨® informar inmediatamente a Fiscal¨ªa de Menores y a la direcci¨®n territorial ante cualquier sospecha". "La instrucci¨®n enfatizaba informar a la Fiscal¨ªa porque es a quien corresponde valorar las posibles actuaciones cautelares y otras medidas", agreg¨®.

En la Consejer¨ªa de Igualdad y Pol¨ªticas Inclusivas han se?alado a este peri¨®dico que el protocolo de actuaci¨®n viene marcado por la Ley del Menor. En cuanto se tiene conocimiento o sospecha de un abuso, el centro ha de comunicarlo a la Fiscal¨ªa de Menores para que act¨²e. Ahora, insisten, se ha ampliado el protocolo y se ha de comunicar autom¨¢ticamente tanto a Fiscal¨ªa como a la Consejer¨ªa, sea el centro p¨²blico o privado, sin demora.

Esta tarde, tras conocerse la sentencia, Oltra, ha reiterado que cuando la resoluci¨®n sea notificada la consejer¨ªa instar¨¢ al centro a que se aplique "en sus propios t¨¦rminos". "Nosotros no hacemos valoraciones de las sentencias, lo que tenemos que hacer es aplicarlas, y lo que la consejer¨ªa obviamente est¨¢ esperando es que con urgencia notifique el tribunal los t¨¦rminos concretos de la sentencia y, a partir de ah¨ª, instar al centro a que se aplique en sus propios t¨¦rminos", ha dicho.