Las excarcelaciones contra la pandemia impulsan una ola de malestar social en Argentina

En numerosos pa¨ªses se ha reducido r¨¢pidamente la poblaci¨®n encarcelada, para evitar contagios masivos en las prisiones. Tambi¨¦n en Argentina. En este pa¨ªs, sin embargo, la concesi¨®n de arrestos domiciliarios y excarcelaciones ha provocado un formidable esc¨¢ndalo: en la noche del jueves sonaron cacerolas como protesta, las redes sociales llevan d¨ªas hirviendo y una diputada opositora lleg¨® a acusar al presidente, Alberto Fern¨¢ndez, de querer formar bandas de delincuentes al servicio del poder, como en Venezuela.

Varios errores de comunicaci¨®n por parte del Gobierno, las caracter¨ªsticas de las leyes que rigen los beneficios penitenciarios y la extrema sensibilidad social ante las cuestiones de seguridad explican la reacci¨®n de los medios de comunicaci¨®n y de la opini¨®n p¨²blica. Otro factor esencial es la voluntad de la oposici¨®n de acorralar a un presidente reforzado hasta ahora por sus medidas contra la pandemia.

A mediados de abril, en varias c¨¢rceles argentinas se iniciaron huelgas de hambre. Los presos reclamaban salir para no infectarse con el virus. El problema afectaba muy especialmente a la provincia de Buenos Aires, donde m¨¢s de 52.000 personas se hacinaban en centros con capacidad para acoger a 24.000. En Devoto, una prisi¨®n federal emblem¨¢tica de la ciudad de Buenos Aires, se organiz¨® un mot¨ªn violento que la opini¨®n p¨²blica pudo seguir en directo gracias a la distribuci¨®n de celulares entre los reclusos. El 22 de abril, el Tribunal de Casaci¨®n de la provincia de Buenos Aires orden¨® a los jueces que dieran ¡°de forma inmediata¡± arresto domiciliario a los presos que formaran parte de grupos de riesgo (por edad o patolog¨ªas) y hubieran cometido delitos leves. La orden se basaba en un fallo emitido el 8 de abril.

Los jueces actuaban en cumplimiento de la ley, seg¨²n la cual las condenas imponen privaci¨®n de libertad pero no pueden someter al preso al riesgo de perder la salud o la vida. Los Gobiernos de la naci¨®n y la provincia estuvieron muy de acuerdo: quer¨ªan evitar a toda costa que un contagio masivo en las c¨¢rceles desbordara el sistema hospitalario. Apoy¨¢ndose en el fallo del Tribunal de Casaci¨®n bonaerense, aseguraron que solo saldr¨ªan de prisi¨®n los reclusos que no entra?aran peligro. Insistieron en ello: solo delitos leves. Fue un grave error de comunicaci¨®n.

Seg¨²n la ley argentina, son los jueces quienes, de forma individual, deben decidir sobre la concesi¨®n de beneficios. Y la ley es tambi¨¦n clara al se?alar que no debe tenerse en cuenta la gravedad de los delitos, sino de forma exclusiva las condiciones (edad, salud, comportamiento en la c¨¢rcel) de cada preso. En los ¨²ltimos d¨ªas se han beneficiado del arresto domiciliario m¨¢s de 1.700 reclusos. Entre ellos hay condenados por delitos de lesa humanidad (como el m¨¦dico Carlos Capdevila, de 74 a?os, torturador durante la dictadura), por homicidio y por violaci¨®n. Carlos Dalmasso, condenado en 2012 por violar a dos de sus hijos, est¨¢ en su casa. Igual que un abuelo condenado por violar a su nieta, quien reside a 60 metros de distancia. Tambi¨¦n han salido numerosos homicidas m¨²ltiples.

Furia opositora

La oposici¨®n lanz¨® feroces acusaciones contra el Gobierno. Felicitas Beccar Varela, senadora macrista en Buenos Aires, fue tan lejos como para acusar a Alberto Fern¨¢ndez de formar bandas de delincuentes a su servicio, al estilo venezolano: ¡°Los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que los largan para tomar tu capital¡±, proclam¨®. El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Larreta, calific¨® de ¡°indignante¡± que salieran presos a la calle ¡°mientras la gente est¨¢ encerrada por la cuarentena¡±. Algunas reacciones populares fueron tambi¨¦n muy crispadas. Un hombre cuyo hijo fue violado dijo que si el culpable era enviado a cumplir condena en su domicilio ser¨ªa necesario ¡°salir a cazar gente¡±, evocando los escuadrones de la muerte de la dictadura.

El presidente, Alberto Fern¨¢ndez, tuvo que defenderse a trav¨¦s de su cuenta en Twitter. ¡°Es conocida mi oposici¨®n a ejercer la facultad del indulto, digo esto en momentos en que una campa?a medi¨¢tica se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados¡±, escribi¨®. ¡°Organismos como la ONU o la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las c¨¢rceles ponga en riesgo la vida de los reclusos. En el mundo, muchos Gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo¡±. En cierta forma, Fern¨¢ndez se lav¨® las manos: ¡°En Argentina la soluci¨®n del problema est¨¢ en manos de los tribunales¡±.

¡°Seg¨²n la ley argentina, el peor delincuente tiene los mismos derechos que el mejor ciudadano, salvo el derecho a votar o ser candidato. Y en materia de arresto domiciliario no hay distinci¨®n de delitos. Los jueces no pueden hacer otra cosa que aplicar la ley¡±, explica el penalista Gustavo Feldman.

El fiscal federal, Fernando Dom¨ªnguez, se?ala que esta crisis ha destapado las ¡°condiciones infrazool¨®gicas¡± en las prisiones, especialmente desde que en 2017 el Gobierno conservador de Mauricio Macri reformara la ley para imponer c¨¢rcel de forma obligatoria por delitos de poca entidad. ¡°Desde la oposici¨®n se buscan discursos efectistas y los otros tratan de evadir responsabilidades, y el debate termina siendo ficticio y superficial¡±, afirma Dom¨ªnguez. ¡°Se trata de un problema profundo que no se resuelve en cinco minutos, porque el sistema penal est¨¢ en crisis desde hace mucho tiempo, en una sociedad con graves problemas de fragmentaci¨®n social y marginalidad¡±.

El abogado Roberto Cipriano Garc¨ªa, secretario de la Comisi¨®n Provincial por la Memoria, impuls¨® la campa?a para que se concedieran arrestos domiciliarios. ¡°El Gobierno sufre ahora una embestida medi¨¢tica porque las clases media y alta son muy sensibles a la cuesti¨®n de la seguridad¡±, dice Garc¨ªa, ¡°pero las cifras indican que Argentina est¨¢ en 5,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los niveles m¨¢s bajos de la regi¨®n¡±. Subraya que en Espa?a, cuya poblaci¨®n penitenciaria (unos 50.000 presos) es muy similar a la de la provincia de Buenos Aires, unos 2.200 reclusos han recibido beneficios por el coronavirus. ¡°Aqu¨ª no son tantos [se estiman en menos de mil, aunque no hay listas oficiales], pero los medios hegem¨®nicos insisten en la pol¨ªtica de mano dura¡±.

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