El 15% de los residentes de centros de servicios sociales han muerto en Madrid durante la pandemia

Las residencias son uno de los epicentros de esta pandemia y las de la Comunidad de Madrid han sido duramente golpeadas. El 15,31% de las personas que viv¨ªan en centros de servicios sociales de la regi¨®n murieron entre el 8 de marzo y el pasado 15 de mayo, seg¨²n los datos remitidos por las comunidades aut¨®nomas al Gobierno y a los que ha tenido acceso EL PA?S. Son fallecimientos por cualquier causa, no solo por covid-19, en residencias de mayores, de discapacidad o salud mental. El porcentaje, un c¨¢lculo de este diario en base a las cifras facilitadas, da una idea del impacto del virus: Madrid es la comunidad m¨¢s golpeada, en t¨¦rminos absolutos y relativos. De los 7.690 fallecidos, solo a 1.203 se les realiz¨® el test. Muchos ancianos murieron con s¨ªntomas compatibles, sin que una prueba confirmara el diagn¨®stico. En este tiempo, el Gobierno regional ha intervenido 14 centros. El n¨²mero contrasta, por ejemplo, con los 112 de Asturias.

El goteo era incesante durante los d¨ªas m¨¢s duros. Se suced¨ªan las noticias de fallecimientos y centros desbordados. Las residencias han sido uno de los grandes focos de contagio y su gesti¨®n y la de las comunidades, competentes en servicios sociales, ha estado en el punto de mira. A¨²n no se ha publicado la cifra oficial de fallecidos. Seg¨²n los datos a los que ha accedido este diario, solo nueve comunidades han remitido al Gobierno la informaci¨®n solicitada, que est¨¢n obligadas a enviar desde el 8 de abril.

Se trata de Madrid, Catalu?a, Comunidad Valenciana, Asturias, Andaluc¨ªa, Murcia, Navarra, Galicia y Baleares. En ellas, entre el 8 de marzo y el 15 de mayo murieron 5.346 personas a quienes se hab¨ªa realizado un test. Pero la cifra de decesos por cualquier causa asciende a 19.243. Muchos murieron sin que una prueba confirmara el diagn¨®stico. Seg¨²n el ¨²ltimo recuento de este diario con informaci¨®n de las 17 autonom¨ªas, son m¨¢s de 19.000 muertes, bien con coronavirus confirmado o con s¨ªntomas compatibles. A al menos la mitad no se les realiz¨® el test.

La falta de pruebas fue uno de los grandes problemas durante la ¨¦poca m¨¢s dura de la pandemia, y aun hoy las patronales y sindicatos critican que no en todas las comunidades ha habido test para todos los residentes y trabajadores. De hecho, hay una gran diferencia entre el n¨²mero total de muertes en las residencias, por cualquier causa, y de quienes tuvieron un diagn¨®stico gracias a un test. En Catalu?a murieron 4.702 personas, 2.387 de ellas con covid-19 confirmada; en Andaluc¨ªa, 2.150 por cualquier causa, 524 con coronavirus confirmado.

La comparaci¨®n de los datos entre las comunidades es compleja, dado que no son homog¨¦neos. Madrid, por ejemplo, solo informa de fallecimientos en los propios centros. Galicia incluye tambi¨¦n los decesos de los residentes en el hospital. El porcentaje de fallecidos es un c¨¢lculo de este diario en base a los datos remitidos por las autonom¨ªas al Gobierno sobre los residentes en los centros y el n¨²mero total de decesos. En Madrid, donde ahora viven 42.523 personas, han muerto 7.690 en las residencias (no solo por covid-19). Sin contar variables como quienes hayan fallecido en hospitales o se hayan marchado a casa, los fallecidos suponen el 15,31% de quienes viv¨ªan en residencias. En Galicia, con 23.862 residentes y 759 decesos, son el 3,08%. En Asturias, seg¨²n las cifras facilitadas, con 13.632 residentes y 864 decesos, son el 5,96%.

Madrid ha copado el centro del debate pol¨ªtico. El Gobierno regional vive una guerra interna, con los dos socios del Gobierno, PP y Ciudadanos, enfrentados por la gesti¨®n en estos centros. El consejero de Pol¨ªticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), advirti¨® al inicio de la crisis al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), del riesgo de que ¡°muchos residentes fallecieran de forma indigna¡± y de las posibles ¡°graves consecuencias legales¡± de los protocolos que restring¨ªan la derivaci¨®n de dependientes a los hospitales. La presidenta, Isabel D¨ªaz Ayuso, asegura que uno de esos pol¨¦micos protocolos fue un borrador y culpa de la gesti¨®n de las residencias al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, quien a su vez ha acusado al Gobierno regional de ¡°un posible crimen¡±.

El pasado domingo, Pedro S¨¢nchez record¨® durante su intervenci¨®n en La Moncloa que la gesti¨®n es competencia de las comunidades, y que del 18 de marzo y el 17 de mayo se hab¨ªa enviado al Ej¨¦rcito a realizar 5.200 actuaciones de desinfecci¨®n en geri¨¢tricos por toda Espa?a dentro del marco de la operaci¨®n Balmis. ¡°El Gobierno no ha mirado para otro lado en esta crisis, y no solamente porque hemos aprobado ¨®rdenes sino porque hemos enviado al Ej¨¦rcito. Mayor compromiso con la seguridad de nuestros mayores que ha mostrado este Gobierno a m¨ª me parece imposible¡±, asegur¨® S¨¢nchez.

En ello ha insistido tambi¨¦n Iglesias, que coordina la actuaci¨®n en servicios sociales. Ha reiterado que las competencias en residencias han sido de las comunidades y que durante la pandemia desde su departamento han impulsado que los trabajadores de estos centros fueran considerados esenciales y la orden ministerial, aprobada por el Ministerio de Sanidad, que obligaba a separar a los usuarios de las residencias en grupos, para tratar de frenar la expansi¨®n del virus. Tambi¨¦n la orden por la que, a final de marzo, se facultaba a las comunidades a intervenir los centros que se vieran desbordados. Esto quiere decir que pod¨ªan ordenar la reubicaci¨®n o el traslado de residentes, la creaci¨®n de nuevos centros o modificaci¨®n de su capacidad, e incluso nombrar a un funcionario p¨²blico para que dirigiera la actividad asistencial.

En este tiempo, las nueve comunidades mencionadas han abierto 428 expedientes de intervenci¨®n en residencias de servicios sociales, es decir, que los Gobiernos regionales han emprendido alg¨²n tipo de actuaci¨®n en las mismas. Pero para todas las comunidades ¡°intervenci¨®n¡± no significa lo mismo. En Madrid, por ejemplo, implica cambiar la direcci¨®n. En la regi¨®n, los 14 expedientes coinciden con el n¨²mero de residencias intervenidas por la comunidad en este tiempo (lo que puede significar que otras actuaciones m¨¢s leves no se hayan comunicado). Suponen el 2% de los 710 centros de servicios sociales. En Asturias son 112 intervenciones en centros, incluso en algunos que estaban libres de covid pero en los que se actu¨® con car¨¢cter preventivo. Es decir, que se actu¨® en el 38,8% de las 289 residencias. En Catalu?a han sido 209 actuaciones, lo cual supone el 19,1% de los 1.092 centros. La Generalitat precisa que, de ellas, 13 son las residencias propiamente intervenidas.

300 millones para servicios sociales

EL PA?S tambi¨¦n ha podido acceder al destino detallado del fondo social extraordinario de 300 millones que el Gobierno aprob¨® el 19 de marzo para paliar los efectos de la covid-19. Las comunidades lo han distribuido para reforzar las plantillas de las residencias de mayores y los centros de servicios sociales, la asistencia al domicilio de las personas mayores dependientes o personas con discapacidad, as¨ª como para asistir a las personas sin hogar.

Un tercio de los 300 millones ¡ª100,6 millones (33,5%)¡ª se han dedicado a ampliar la dotaci¨®n de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias y la cobertura de sus necesidades b¨¢sicas. Otros 60,1 millones (20,3%) son para el refuerzo de las plantillas de centros sociales y residenciales. 58,2 millones (19,4%) servir¨¢n para los servicios de proximidad de car¨¢cter domiciliario. Para la compra de equipos de protecci¨®n individual (EPI) se reservan 37 millones (12,3%). 24 millones (8%) son para medidas que las comunidades, en colaboraci¨®n con los Ayuntamientos, consideren para personas especialmente vulnerables.

Andaluc¨ªa es la comunidad que recibe m¨¢s fondos con 51,7 millones. Le siguen Catalu?a (45,5 millones), Madrid (38,7 millones) y la Comunidad Valenciana (30 millones). Castilla y Le¨®n cuenta con 17,6 millones, una cifra ligeramente superior a Castilla-La Mancha (14,6 millones). Entre medias se sit¨²a Galicia (17 millones). Canarias cuenta con 14 millones, en la l¨ªnea de Pa¨ªs Vasco (13,4 millones). Para Murcia son 9,3 millones y Arag¨®n 9,9 millones. En el caso de Extremadura la partida es de 7,8 millones. Semejante a la de Baleares (7,4 millones). Asturias consigue 6,6 millones, La Rioja y Navarra 4,5 millones, y Cantabria 4 millones. Ceuta y Melilla tienen 1,6 millones cada una.

El sector de los servicios sociales se ha mostrado molesto por que el Gobierno eliminara los 1.000 millones con car¨¢cter finalista para esta materia del fondo de 16.000 millones no reembolsables reci¨¦n aprobado. Aunque hay comunidades que esgrimen que esta cantidad se compensa con el ingreso m¨ªnimo vital.

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