El frente judicial tras las muertes en las residencias: ¡°Mi t¨ªa de 85 a?os merec¨ªa una oportunidad¡±
Las comunidades registran m¨¢s de 19.000 fallecimientos por covid-19 o con s¨ªntomas compatibles en estos centros. El Ejecutivo no ha informado de los datos que recaba desde hace m¨¢s de un mes
En Espa?a han muerto 19.194 personas con covid-19 confirmada o con s¨ªntomas compatibles en las residencias de servicios sociales. La cifra es el resultado de un recuento de este diario con informaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas. El Gobierno recaba la informaci¨®n desde hace m¨¢s de un mes, pero a¨²n no ha hecho p¨²blicos los datos. No todos son fallecimientos en residencias de mayores ¡ªtambi¨¦n incluyen de discapacidad y de salud mental¡ª, pero probablemente sean la mayor¨ªa. En ellas el virus ha sido devastador. Tras la grave crisis sanitaria en estos centros donde vive poblaci¨®n especialmente vulnerable a esta enfermedad, ahora se abre un frente judicial, con familiares, asociaciones e incluso partidos pol¨ªticos recurriendo a los tribunales.
Familiares, sindicatos, trabajadores y patronales coinciden en que la situaci¨®n ha mejorado en las residencias respecto a la ¨¦poca m¨¢s cruda de la pandemia, que pill¨® a todos por sorpresa. Ahora la obsesi¨®n es que algo as¨ª no vuelva a ocurrir. Por ello se decidi¨® Ana Cristina G¨®mez a participar en la denuncia que la Marea de Residencias, plataforma que aglutina a familiares y trabajadores, present¨® este mi¨¦rcoles en Madrid contra el consejero de Justicia, Enrique L¨®pez, y cinco directores de residencias. Se suma a otra que ya hab¨ªa impulsado esta plataforma contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y 10 directores de residencias.
La ¨²ltima vez que G¨®mez vio a su t¨ªa fue d¨ªas antes de que se decretara el estado de alarma. Ten¨ªa 85 a?os y se mov¨ªa en silla de ruedas. Llevaba un a?o en la residencia Parque de los Frailes, p¨²blica pero gestionada por la empresa Aralia, sobre la que la Comunidad abri¨® a principios de a?o un expediente de rescisi¨®n de contrato. ¡°Mi t¨ªa era como mi segunda madre. Ten¨ªa alzh¨¦imer, pero nos conoc¨ªa perfectamente¡±, recuerda esta mujer de 39 a?os. ¡°Me llamaron del centro a finales de marzo y me informaron de que ten¨ªa una baja saturaci¨®n de ox¨ªgeno en sangre¡±, dice. ¡°Me explicaron en el centro que no la pod¨ªan derivar al hospital porque no estaban aceptando a ancianos de residencias¡±, a?ade. En esos d¨ªas trascendi¨® un protocolo de la Comunidad por el cual se restring¨ªa la derivaci¨®n de mayores con grandes dependencias y enfermedades terminales al hospital. ¡°Pero ella no ten¨ªa una enfermedad terminal¡±, se queja. Un portavoz de la Consejer¨ªa de Sanidad replica que ha habido m¨¢s de 8.000 traslados de residentes a hospitales durante la pandemia. La t¨ªa de G¨®mez muri¨® el 9 de abril. La ¨²ltima vez que hablaron por tel¨¦fono solo le dijo ¡°hola¡±. ¡°Siempre nos hab¨ªa hablado, siempre nos hab¨ªa conocido¡±, lamenta. ¡°Que esto no vuelva a pasar. Mi t¨ªa se merec¨ªa una oportunidad¡±, dice.
Las comunidades env¨ªan los datos de fallecidos en las residencias de servicios sociales dos veces por semana al Ministerio de Sanidad, que asegura que har¨¢ p¨²blica la informaci¨®n cuando la haya analizado. El presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, afirm¨® el s¨¢bado que est¨¢n pendientes de la evoluci¨®n de los centros, pero ¡°una vez pasada la epidemia¡± se podr¨¢ conocer mejor lo ocurrido.
Las autonom¨ªas remiten datos tanto de fallecidos a quienes se les realiz¨® una prueba como de quienes presentaban s¨ªntomas compatibles. Aunque los expertos matizan que no todas estas ¨²ltimas han muerto a causa del virus, la falta de test durante esta pandemia ha hecho que tambi¨¦n se recabe informaci¨®n sobre casos sospechosos: a 9.625 de los fallecidos que viv¨ªan en residencias no se les realiz¨® una prueba diagn¨®stica. Madrid est¨¢ a la cabeza en n¨²mero de muertes, seguida de Catalu?a, Castilla y Le¨®n y Castilla-La Mancha. Adem¨¢s, en este tiempo se han registrado cerca de 36.000 contagios confirmados con test en estos centros.
Tras la grave crisis sanitaria en los centros, ahora se abre un frente judicial. La Fiscal¨ªa General del Estado ha informado este mi¨¦rcoles de que tiene abiertas m¨¢s de 170 diligencias penales y 190 civiles en residencias de mayores. Aunque no precisa en cada caso de qu¨¦ delito se trata, fuentes fiscales explican que entre ellos est¨¢n el de homicidio por imprudencia, maltrato y abandono. Algunos expertos consideran probable, sin embargo, que muchas se acaben archivando por falta de pruebas que permitan demostrar que hubo delito. Lidera la lista Madrid, con m¨¢s de 80 investigaciones penales. Entre los asuntos que tendr¨¢n que examinar figura la denuncia que ha presentado la asociaci¨®n de familiares Pladigmare, que se muestra convencida de que ¡°muchas residencias no aplicaron los protocolos de aislamiento¡± a tiempo y habla de ¡°cat¨¢strofe¡± en estos centros. Adem¨¢s, hay al menos una veintena de causas judiciales abiertas.
Jes¨²s Cubero, secretario general de la patronal Aeste, asegura que los centros actuaron ¡°como dictaron los protocolos¡± de las comunidades y recalca que el principal problema es que durante unas tres semanas no se aceptaron derivaciones de residencias en los hospitales. Ahora comienza a normalizarse la situaci¨®n en los centros, en los que la desescalada es m¨¢s complicada, pero se avanza a medida que las comunidades as¨ª lo van determinando.
¡°Hay menos personal de baja, m¨¢s equipos de protecci¨®n individual, y m¨¢s test, aunque a¨²n no para todos los residentes y trabajadores en todas las comunidades¡±, explica Mar¨ªa Victoria G¨®mez, responsable de negociaci¨®n colectiva de la federaci¨®n de Sanidad de CC OO. ¡°En muchos casos se hacen solo a los sintom¨¢ticos¡±, a?ade. ¡°Hace falta aumentar la ratio de gerocultoras y de enfermeras en los centros¡±, prosigue Gracia ?lvarez, responsable de dependencia de UGT. ¡°Es necesario regular la coordinaci¨®n con la atenci¨®n primaria de salud. Y una monitorizaci¨®n de los centros que permita un sistema de alerta temprana¡±, reclama Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, director de la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, experto en el sector. Teme un rebrote sin que esto est¨¦ asegurado.
Ramiro Berrocal explica que se ha decidido a ir a los tribunales por lo que pueda venir en el futuro. A ¨¦l le contaron que su padre, de 85 a?os, ten¨ªa un poco de fiebre. Que lo aislaban por protocolo, por la pandemia que arreciaba, pero que estuviese tranquilo, que en la residencia donde estaba no hab¨ªa casos. Cuando un equipo m¨¦dico logr¨® entrar al centro, varios d¨ªas despu¨¦s y tras ser intervenido por la Generalitat de Catalu?a al registrar 24 fallecidos, una doctora explor¨® a su padre. ¡°Estaba desnutrido y desatendido. Estaba sufriendo¡±, lamenta. Seg¨²n su relato, una doctora le comunic¨® que presentaba una baja saturaci¨®n de ox¨ªgeno en sangre. La familia autoriz¨® aplicarle cuidados paliativos y el anciano, que ten¨ªa un alzh¨¦imer avanzado, falleci¨® pocos d¨ªas despu¨¦s, el 13 de abril. ¡°A la larga nos hemos enterado de que, desde que se cay¨®, lo ten¨ªan sentado en una silla. No le cambiaban el pa?al. Estaba desatendido y no le daban de comer¡±, lamenta.
El Govern catal¨¢n intervino a principios de abril la residencia despu¨¦s de las denuncias por irregularidades de algunas familias y de las quejas del Ayuntamiento de Premi¨¤ del Mar por la falta de comunicaci¨®n del centro. Tras realizar PCR a 180 de los residentes, 133 dieron positivo por covid-19. Berrocal y otras 60 familias se han aglutinado en una plataforma de Facebook y han decidido interponer una denuncia conjunta. ¡°El lunes tenemos una reuni¨®n para decidir si ser¨¢ una querella penal, una demanda civil o ambas. Hay que hacerlo por ellos, que los dejaron morir a prop¨®sito, sufriendo; pero tambi¨¦n hay que hacerlo por los residentes actuales y por nosotros, que alg¨²n d¨ªa tambi¨¦n seremos mayores¡±, zanja.
Con informaci¨®n de Jessica Mouzo.
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