Sindicatos y empresas proponen m¨¢s personal y mejores inspecciones en residencias

Sindicatos y empresas del sector de la dependencia proponen un plan de choque urgente ante una posible segunda ola de la pandemia en Espa?a. Con las residencias como uno de los principales focos de contagio, han presentado este lunes un informe que pone de manifiesto la necesidad de aumentar la calidad del servicio y llama la atenci¨®n sobre la precariedad del empleo. Por ello, piden un aumento de la financiaci¨®n de un sistema que a¨²n sigue lastrado por los recortes; subir las ratios del personal, que deben establecerse en funci¨®n de la categor¨ªa profesional; la realizaci¨®n de una auditor¨ªa sobre la actuaci¨®n durante la crisis y de un mapeo de los recursos disponibles; la mejora de los salarios y de las inspecciones, y el establecimiento de un modelo de coordinaci¨®n sociosanitaria que garantice la atenci¨®n sanitaria p¨²blica.

Lo urgente es elaborar un plan de acci¨®n ante una posible segunda ola. As¨ª lo ponen de manifiesto CC OO, UGT y las patronales Aeste ¡ªque agrupa a los grandes grupos de residencias¡ª y Asade ¡ªde ayuda a domicilio¡ª. Y as¨ª lo han planteado este lunes en una reuni¨®n con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio ?lvarez. Para ello, apuntan, es preciso conocer con qu¨¦ medios se cuenta y cu¨¢les son las estrategias que se aplicar¨¢n. A?aden que debe priorizarse la atenci¨®n en los domicilios o en las residencias de los mayores, siempre que sea posible, pero respetando las recomendaciones del Ministerio de Sanidad: ¡°No se puede ni debe relegar a los mayores en la asistencia sanitaria solo por el criterio de la edad, como lamentablemente se ha producido en algunos casos ante la insuficiencia de recursos y la ausencia de planificaci¨®n previa¡±, se lee en el informe. El sector ha criticado que durante lo peor de la pandemia en las comunidades m¨¢s tensionadas se restringi¨® la derivaci¨®n de los mayores desde residencias a los hospitales y no se les atendi¨® adecuadamente.

Esta crisis, que ha costado la vida a miles de mayores en las residencias ¡ªcuya cifra oficial a¨²n se desconoce porque la informaci¨®n que recaba Sanidad de las comunidades es poco fiable, seg¨²n un documento del propio ministerio¡ª, ha puesto negro sobre blanco las fragilidades del sistema. ¡°La financiaci¨®n de la dependencia corre a cargo de la Administraci¨®n General del Estado en un 17% y de las comunidades en un 83%¡±, ha afirmado este lunes Carlos Bravo, secretario de Pol¨ªticas P¨²blicas y Protecci¨®n Social de CC OO, en una rueda de prensa telem¨¢tica en la que ha solicitado que se reviertan los recortes de 2012. Por ello, adem¨¢s de la actuaci¨®n urgente, proponen un ¡°acuerdo pol¨ªtico y social amplio¡±, liderado por el Gobierno en colaboraci¨®n con las autonom¨ªas, competentes en la materia, cuyo resultado sea la creaci¨®n de un marco de colaboraci¨®n sociosanitaria. Para ello, piden unidades de coordinaci¨®n entre el sistema p¨²blico de salud y los responsables de dependencia, bajo la supervisi¨®n de los primeros.

Estas unidades, seg¨²n el documento, deber¨¢n realizar un mapeo de los recursos disponibles en su unidad territorial (provincia o municipio). De esta forma, podr¨¢ saberse cu¨¢ntas residencias hay, cu¨¢ntas personas viven en ellas, su modelo de gesti¨®n o ratios; cu¨¢l es la cobertura de los servicios de ayuda a domicilio o centros de d¨ªa y cu¨¢ntas horas trabajan sus empleadas (la mayor¨ªa son mujeres), o, en el ¨¢mbito de la salud, cu¨¢les son los centros con servicio de geriatr¨ªa y qu¨¦ pautas de comunicaci¨®n y derivaci¨®n de pacientes covid-19 existen. Tambi¨¦n establecer¨¢n los protocolos de identificaci¨®n y atenci¨®n de estos casos, as¨ª como de su derivaci¨®n hospitalaria, cuando sea necesario.

Una vez realizado esto, as¨ª como una auditor¨ªa del impacto y respuesta a la crisis sanitaria, plantean que el Gobierno impulse ¡°un proceso de negociaci¨®n con las comunidades¡± sobre el modelo de coordinaci¨®n sociosanitaria en el que intervengan ¡°los actores sociales y pol¨ªticos¡± que establezca un cat¨¢logo de prestaciones que conecte ambos sistemas. Adem¨¢s, proponen mejorar la acreditaci¨®n, es decir, por la cual se autoriza a una empresa a tener plazas concertadas con la Administraci¨®n, que debe contemplar ¡°ratios de plantilla superiores a las previstas en las normativas auton¨®micas, y que estas est¨¦n desglosadas por categor¨ªas profesionales, y que sean acordes al grado de dependencia de los residentes¡±. Tambi¨¦n consideran que se debe agilizar el procedimiento por el cual una persona en situaci¨®n de dependencia solicita una revisi¨®n del grado que le ha sido reconocido, as¨ª como una reorganizaci¨®n de los centros en funci¨®n del grado de los usuarios a los que atienden.

¡°Ha sido un desprop¨®sito lo sucedido [durante la crisis sanitaria]¡±, ha descrito Adela Carri¨®, secretaria confederal de UGT. Tambi¨¦n ha reclamado mejoras en la formaci¨®n de las trabajadoras, en los salarios y en las ratios, as¨ª como en las inspecciones, para que dejen de ser puntuales y haya m¨¢s implicaci¨®n en el seguimiento de los casos. En el documento se plantea, de hecho, el modelo de Reino Unido, donde estas se articulan a trav¨¦s de un organismo independiente en un proceso de evaluaci¨®n continua, con revisiones peri¨®dicas y planes de actuaci¨®n para revertir las deficiencias detectadas. Jes¨²s Cubero, de la patronal Aeste, ha reclamado transparencia en los datos, con un sistema p¨²blico centralizado de informaci¨®n y un ¨²nico procedimiento con el que las residencias comuniquen su situaci¨®n a las Administraciones. De esta forma, podr¨¢n ¡°disponer de informaci¨®n a tiempo real¡±, un mecanismo que deber¨ªa estar ¡°dise?ado por el propio ministerio¡±.

El informe tambi¨¦n aborda la ayuda a domicilio, como v¨ªa para permitir que los mayores permanezcan en sus casas el mayor tiempo posible. As¨ª, solicitan una ¡°mayor intervenci¨®n de la Administraci¨®n central, sin que esto suponga una recentralizaci¨®n¡±, ha valorado Valeriano L¨®pez, de la patronal Asade. ¡°Que haya unos m¨ªnimos iguales en todo el Estado¡±. Entre sus propuestas destaca que los criterios de valoraci¨®n para licitar los servicios no est¨¦n basados solo en la oferta econ¨®mica, que se aseguren de que la financiaci¨®n cubre los costes y que se tenga en cuenta el proyecto t¨¦cnico. Tambi¨¦n se aboga por reducir la precariedad de contratos parciales.

Ante este panorama, los sindicatos y patronales firmantes han reclamado al secretario de Estado de Derechos Sociales que convoque la mesa de di¨¢logo social, en la que se sentar¨¢n a negociar todas las patronales de la dependencia y los sindicatos. El ministerio ha informado de que lo har¨¢ ¡°en los pr¨®ximos d¨ªas¡±.

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