Misi¨®n: sancionar fraudes en luz, gas o cl¨¢usulas abusivas

El consumo ganar¨¢ peso en el nuevo Gobierno con la creaci¨®n de un ministerio espec¨ªfico, la primera vez que ocurre en democracia -hasta ahora estaba dentro de Sanidad como una direcci¨®n general-. ?A qu¨¦ retos se enfrentar¨¢ el nuevo ministro, que seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la negociaci¨®n ser¨¢ Alberto Garz¨®n? Las principales asociaciones de consumidores piden al Ejecutivo recuperar competencias sancionadoras -ahora en manos de las comunidades aut¨®nomas- para que el departamento pueda multar a empresas que realizan fraudes masivos en toda Espa?a, clarificar cu¨¢les son los consumidores vulnerables que necesitan una especial protecci¨®n, poner en marcha una ley de transparencia en los contratos e impulsar el consumo responsable.

Rub¨¦n S¨¢nchez, portavoz de Facua, valora el nuevo ministerio como algo muy positivo y pide aprovechar la oportunidad para avanzar en la defensa de los consumidores: ¡°No tendr¨ªa l¨®gica tener un ministerio con competencia exclusiva en consumo que no desarrollar¨¢ pol¨ªticas efectivas¡±. Para eso, opina, hace falta que el Gobierno tambi¨¦n pueda multar. ¡°La competencia sancionadora en materia de consumo la tienen las comunidades aut¨®nomas y nosotros pedimos que las competencias sean compartidas, es decir, que el Ministerio de Consumo tambi¨¦n pueda sancionar a compa?¨ªas que cometen fraudes en varias comunidades aut¨®nomas, como las grandes empresas de telefon¨ªa, de gas, de electricidad, los bancos¡­¡±, explica S¨¢nchez. ¡°Tal y como est¨¢ la legislaci¨®n hoy, si los consumidores sufren un fraude, habr¨ªa que abrir un expediente en cada comunidad, es decir, 17 expedientes. Eso es poco operativo y absurdo. Ser¨ªa m¨¢s eficaz que el Ministerio de Consumo tuviera esa capacidad sancionadora a nivel nacional, sin quitarle la capacidad sancionadora a las comunidades¡±, a?ade.

Este cambio requerir¨ªa de una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que data de 2007. Enrique Garc¨ªa, portavoz de la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU), coincide en que si el ministerio recuperara la capacidad de sanci¨®n se podr¨ªa luchar mejor contra los fraudes de ¨¢mbito nacional. Adem¨¢s, solicita eliminar los obst¨¢culos con los que se encuentran las acciones colectivas para llevar a los tribunales este tipo de abusos.

Mientras se cambia la ley, el portavoz de Facua considera que el nuevo ministro deber¨ªa aprovechar las competencias que ya tiene el departamento para emprender acciones judiciales contra las cl¨¢usulas abusivas. ¡°El Gobierno puede llevar a los tribunales este tipo de fraudes, pero no se hace. Llevamos d¨¦cadas viendo c¨®mo hay pr¨¢cticas fraudulentas de grandes empresas y el Gobierno de turno no actuaba contra ellas¡±, dice S¨¢nchez.

La OCU pide sancionar la obsolescencia programada o sobrevenida. ¡°Se debe obligar a los fabricantes a que informen sobre la vida ¨²til del producto y favorecer las alternativas m¨¢s eficientes para usar mejor los recursos¡±, dice Garc¨ªa. La OCU pone el foco tambi¨¦n en que es necesario definir qu¨¦ es un consumidor vulnerable, es decir, aquel que por sus capacidades econ¨®micas necesita de una especial protecci¨®n. ¡°Eso permitir¨ªa establecer niveles superiores de amparo y exigir requisitos espec¨ªficos para los contratos destinados a estas personas¡±, a?ade el portavoz.

Manuel Pardos, presidente de la Asociaci¨®n para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), considera que ¡°Espa?a se puede poner a la vanguardia de la defensa de los consumidores¡± si el nuevo departamento consigue desarrollar normativas en materias transversales como energ¨ªa, bancos, telecomunicaciones, transportes¡­ ¡°En primer lugar, tiene que poner en marcha la Agencia de Protecci¨®n de los Consumidores Bancarios y Financieros, que se deber¨ªa haber creado en 2017 a instancias de la Uni¨®n Europea y seguimos esperando¡±, dice Pardos. Con este organismo, ¡°ser¨¢ m¨¢s f¨¢cil luchar contra problemas como los de las cl¨¢usulas suelo o las preferentes, que han afectado a cientos de miles de espa?oles¡±. Adem¨¢s, el presidente de Adicae pide aprobar una ley de transparencia en los contratos para clarificar este tipo de documentos e impedir las cl¨¢usulas abusivas.

La presidenta de la Confederaci¨®n de Consumidores y Usuarios (CECU), Itziar Mar¨ªn, pide por su parte cambiar la normativa para que las resoluciones de los distintos organismos de consumo -estatales, auton¨®micos y municipales- sean vinculantes. ¡°Si me cancelan un vuelo por ¡®overbooking¡¯ y la Agencia Estatal de Seguridad A¨¦rea me da la raz¨®n, puede decir que la compa?¨ªa me devuelva el dinero. Pero si la empresa se niega, tengo que ir a juicio para hacer valer mis derechos. Para evitarlo y facilitar las cosas, las resoluciones de este tipo de organismos tienen que ser vinculantes¡±, dice Mar¨ªn. Adem¨¢s, considera que se puede avanzar en la regulaci¨®n de las actividades de consumo en internet: ¡°La tecnolog¨ªa va m¨¢s r¨¢pido que la regulaci¨®n, as¨ª que hay que actualizarse continuamente¡±. En su opini¨®n, el futuro ministro tiene competencias ¡°de sobra¡±: ¡°etiquetados de alimentos, p¨¢ginas web, seguridad de los productos, fomentar la protecci¨®n del consumidor, impulsar el arbitraje¡­¡±. Adem¨¢s, hace falta ¡°mayor coordinaci¨®n con las comunidades aut¨®nomas¡±.

Otro de los temas que adquirir¨¢ mayor relevancia ser¨¢ el consumo responsable. ¡°El consumo ecol¨®gico se ha convertido ya en una cuesti¨®n vital para toda la sociedad y se puede impulsar desde el nuevo departamento¡±, explica Pardos. ¡°Se deber¨ªa fomentar un tipo de consumo m¨¢s racional, pero sobre todo que los consumidores se organicen¡±, se?ala S¨¢nchez. En este sentido Concepci¨®n Fabeiro, presidenta de la Sociedad Espa?ola de Agricultura Ecol¨®gica (SEAE), opina que entre las competencias del ministerio se deber¨ªa incluir "promocionar y dar mucha informaci¨®n a la ciudadan¨ªa sobre consumo responsable, ecol¨®gico, de temporada y local", para lo cual deber¨ªa contar con las entidades del sector.

Seg¨²n fuentes conocedoras de la negociaci¨®n, el Ministerio de Consumo incorporar¨¢ competencias para regular el juego y las casas de apuestas, que en la actualidad dependen de Hacienda y est¨¢n en gran parte transferidas a las comunidades aut¨®nomas. Aunque no es un tema cl¨¢sico de consumo, las asociaciones de consumidores se muestran favorables a una mayor regulaci¨®n. ¡°Hay que acabar cuanto antes con los anuncios de juego en horario infantil, que en la actualidad se permiten por falta de normativa¡±, dice Garc¨ªa, de la OCU. ¡°Habr¨ªa que prohibir la publicidad del juego al mismo nivel que la de tabaco¡±, a?ade S¨¢nchez. ¡°Es fundamental que se regule mejor el sector, que est¨¢ arruinando a miles de familias, y que los chavales no se encuentren una sala de juego al salir del instituto¡±, tercia Mar¨ªn, de CECU.