El Constitucional suspende la ley gallega que abr¨ªa la puerta a multar a quienes se negaran a vacunarse

El Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno contra la ley de salud aprobada por el Ejecutivo de Galicia, que contemplaba entre otras medidas la posibilidad de sancionar a las personas que rechazaran vacunarse contra la covid-19. La admisi¨®n a tr¨¢mite del recurso implica que los art¨ªculos recurridos, entre ellos el relativo a la vacunaci¨®n obligatoria, quedan en suspenso hasta que el tribunal decida sobre el fondo del asunto y dicte sentencia. En principio, el Constitucional intenta que el per¨ªodo de suspensi¨®n no supere los cinco meses, pero esta medida es prorrogable por plazos iguales hasta que se resuelva el recurso.

La ley de salud gallega fue impugnada por el Gobierno el pasado 30 de marzo, mediante un recurso de inconstitucionalidad que le permite solicitar la suspensi¨®n de los preceptos que estime contrarios a la Constituci¨®n. En este caso, el recurso se centra en varios preceptos y entiende que la Xunta de Galicia ha legislado sobre materias que son de competencia estatal. Para formular la impugnaci¨®n, el Ejecutivo cont¨® con un dictamen favorable del Consejo de Estado. Uno de los art¨ªculos m¨¢s pol¨¦micos de la ley impugnada establece que ser¨¢ sancionable con una multa que puede llegar a los 3.000 euros ¡°la negativa injustificada al sometimiento a medidas de prevenci¨®n consistentes en la vacunaci¨®n o inmunizaci¨®n prescritas por las autoridades sanitarias, de acuerdo con lo establecido en esta ley¡±. La nueva legislaci¨®n gallega, por tanto, abr¨ªa la puerta a la vacunaci¨®n obligatoria y determinaba sanciones para el incumplimiento de medidas sanitarias.

A criterio del Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez, la norma exced¨ªa las competencias auton¨®micas y ten¨ªa elementos inconstitucionales. El tr¨¢mite se inicia horas despu¨¦s del fracaso en las negociaciones t¨¦cnicas entre la Xunta y La Moncloa para aproximar posturas. Sin embargo, ambos gobiernos han acordado convocar una comisi¨®n bilateral de cooperaci¨®n para clarificar sus diferencias.

El recurso se posa sobre tres aspectos generales de la reforma que, seg¨²n el Gobierno, le otorgan a la Xunta la capacidad para imponer medidas y sanciones que no le corresponden. Se refiere concretamente al control que podr¨ªa tener el Ejecutivo auton¨®mico sobre las personas enfermas y sus contactos. En este contexto se recoge la pol¨¦mica posibilidad de multar a las personas que se nieguen a vacunarse, pero tambi¨¦n aborda el aislamiento de contactos, el cierre de municipios y el establecimiento de horarios para limitaci¨®n de la movilidad.

El presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, ha acusado a La Moncloa de ¡°deslealtad¡±, tras mantener una reuni¨®n, este martes, con el nuevo delegado del Gobierno en Galicia, Jos¨¦ Mi?ones. Ambos han apelado al di¨¢logo para encontrar una soluci¨®n. Durante el ¨²ltimo mes, Feij¨®o se ha mostrado ¡°convencido¡± de que la norma gallega es ¡°muy s¨®lida¡± y no vulnera la Constituci¨®n, sino que ¡°llena un vac¨ªo legal¡±. ¡°No obligamos a vacunar a nadie¡±, ha subrayado insistentemente el presidente de la Xunta, quien ha esgrimido que el pol¨¦mico art¨ªculo solo abre la puerta a imponer la inmunizaci¨®n en el caso de que as¨ª se decidiese desde el Gobierno del Estado. ¡°Eso no nos corresponde a nosotros porque no es nuestra competencia¡±, ha admitido.

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Feij¨®o cree que es un "error" la suspensi¨®n de la ley de salud de Galicia

El vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha argumentado que el informe del Consejo de Estado que avala la apelaci¨®n de La Moncloa no se refiere a que la norma sea inconstitucional sino a la falta de un marco jur¨ªdico: ¡°El Consejo de Estado no dijo que la normativa fuese anticonstitucional, sino que, para que pudiera haber normativas auton¨®micas, lo que ten¨ªa que hacer el Estado es una normativa general. Esperemos que lo hagan¡±, ha asegurado este lunes. La falta de respaldo legal para hacer frente a la pandemia ha sido un reclamo constante del Ejecutivo de Feij¨®o desde el verano pasado, cuando la gesti¨®n regres¨® a las manos de las comunidades aut¨®nomas.

La norma fue aprobada a finales de febrero en el Parlamento gallego, por el PPdeG en solitario, ante las quejas de la oposici¨®n por la limitaci¨®n de derechos fundamentales y la forma en la que se tramit¨® el documento: por la v¨ªa de urgencia en el legislativo y por propuesta del grupo popular, a pesar de que la norma fue impulsada por el presidente de la Xunta. Tanto el grupo parlamentario del BNG como el del PSdeG han acusado a Feij¨®o de usar este mecanismo para saltarse los controles legales que habr¨ªan detenido la reforma.