El falso s¨ªndrome de alienaci¨®n parental se sienta en el banquillo en Bilbao
Comienza el juicio contra cuatro funcionarios de la Diputaci¨®n que ordenaron que se arrancara a una ni?a de brazos de su madre sin aval judicial y acus¨¢ndola de influir en contra el padre
Irune Costumero, la madre a la que los servicios sociales de la Diputaci¨®n de Bizkaia le arrancaron a su hija de los brazos en agosto de 2017, sin conocimiento del juez, est¨¢ nerviosa. Casi cuatro a?os despu¨¦s de aquel suceso va a reencontrarse, pero esta vez sentados en el banquillo, con quienes firmaron aquella orden. Tres funcionarias y un funcionario del servicio de menores de la instituci¨®n foral que se enfrentan a a...
Irune Costumero, la madre a la que los servicios sociales de la Diputaci¨®n de Bizkaia le arrancaron a su hija de los brazos en agosto de 2017, sin conocimiento del juez, est¨¢ nerviosa. Casi cuatro a?os despu¨¦s de aquel suceso va a reencontrarse, pero esta vez sentados en el banquillo, con quienes firmaron aquella orden. Tres funcionarias y un funcionario del servicio de menores de la instituci¨®n foral que se enfrentan a acusaciones de prevaricaci¨®n, maltrato y lesiones ps¨ªquicas hacia esta mujer y la ni?a. ¡°El reencuentro que deseo es el definitivo con mi hija¡±, asegura Costumero en Bilbao en v¨ªsperas de la celebraci¨®n de la vista. La sala deber¨¢ analizar si el s¨ªndrome de alienaci¨®n parental (abreviado como SAP), al que los imputados apelaron para adoptar aquella decisi¨®n, es, como afirma la magistrada que les ha imputado, ¡°otra forma de violencia contra la mujer¡±.
Este supuesto s¨ªndrome consiste en negar la veracidad de lo que declara un menor inmerso en un contencioso judicial entre sus progenitores con el argumento de que uno de ellos, generalmente el que tiene la custodia (la mayor¨ªa de las veces, la madre), le convence para que declare en contra del otro, incluso a mentir despu¨¦s de lo que podr¨ªa considerarse un lavado de cerebro, informa Emilio de Benito.
El juzgado de Instrucci¨®n 9 de Bilbao que dio lugar al proceso que se inicia este lunes y se prolongar¨¢ hasta el mi¨¦rcoles en la sala segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia, argumenta en su auto que las personas imputadas decidieron ¡°de manera arbitraria, injusta y en contra de la ley dictar una resoluci¨®n administrativa para privar de la custodia de su hija a la madre, utilizando motivos inexistentes con un procedimiento ileg¨ªtimo y en contra de la jurisprudencia de los tribunales¡±. Los funcionarios ejecutaron una orden interna que conclu¨ªa el r¨¦gimen de custodia compartida dictado por un juez sin consulta previa con el mismo, por lo que se solicita para ellos cinco a?os, ocho meses y un d¨ªa de prisi¨®n, adem¨¢s de 15 a?os de inhabilitaci¨®n especial para cargo o empleo p¨²blico. Uno de aquellos funcionarios es ahora el m¨¢ximo responsable del departamento de Acci¨®n Social de la Diputaci¨®n, Sergio Murillo.
A Costumero la citaron los servicios sociales de la Diputaci¨®n el 4 de agosto de 2017 en un edificio p¨²blico y varios polic¨ªas uniformados que la esperaban, le arrancaron a su hija de los brazos en medio de los gritos de ambas. Desde entonces la custodia la ejerce el padre y las visitas de la mujer a su hija se desarrollan bajo vigilancia.
El caso ha generado a su alrededor toda una ola de protestas que ha llegado al Congreso de los Diputados, al Parlamento Vasco y al de Bizkaia, adem¨¢s de a la ONU. Todos ellos han adoptado acuerdos para eliminar lo que consideran ¡°inexistente¡±, el SAP, tambi¨¦n cuestionado por el Consejo General del Poder Judicial y la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS). De hecho ser¨¢ perseguido por la Ley de Protecci¨®n a la Infancia aprobada en las Cortes el 20 de mayo pasado, al considerar que menoscaba la credibilidad de las madres volviendo hacia ellas las denuncias de malos tratos. En un documento enviado a Espa?a en septiembre pasado, aunque hecho p¨²blico en noviembre, la relatora sobre la violencia contra la mujer de la ONU, la croata Dubravka ?imonovi?, resaltaba el alto ¨ªndice de utilizaci¨®n del falso s¨ªndrome en la justicia espa?ola y pon¨ªa el acento en el caso de Irune Costumero tras recordar que Espa?a ya fue condenada en 2014 por el caso de ?ngela Gonz¨¢lez Carre?o.
Sin embargo, ese s¨ªndrome, que se llam¨® inicialmente el de la madre malvada, todav¨ªa figura como una herramienta dentro del Balora, el instrumento que utilizan los servicios sociales municipales y forales vascos para valorar la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo. En el documento oficial denominado Taxonom¨ªa de necesidades b¨¢sicas de la Infancia y adolescencia, se cita el SAP de manera expresa.
¡°Mi hija ha contado varias veces que su padre le pegaba¡±, dice Costumero, aunque los tres procedimientos que se abrieron por maltrato en contra del hombre acabaron archivados. La mujer relata como la ni?a vomitaba cuando ten¨ªa que volver con ¨¦l despu¨¦s del tiempo que pasaba con ella. La menor lleva casi cuatro a?os con el padre. El pol¨¦mico s¨ªndrome se ha situado en el primer plano con la emisi¨®n del documental sobre la vida de Roc¨ªo Carrasco.
La Diputaci¨®n Foral de Bizkaia no ha querido explicar sus argumentos para tomar la decisi¨®n que ha llevado al banquillo a cuatro de sus funcionarios. ¡°Lo que tengamos que decir lo diremos en el juicio¡±, aseguran fuentes oficiales de la instituci¨®n. Han depositado una fianza de 600.000 euros como responsable civil subsidiaria de los posibles delitos de sus cuatro trabajadores.
Una batalla judicial larga
Despu¨¦s de archivar dos veces la causa, el juzgado de Instrucci¨®n 9 dict¨® el auto de imputaci¨®n a instancias de la Audiencia Provincial de Bizkaia. En una resoluci¨®n muy dura, este ¨²ltimo tribunal explicaba que el s¨ªndrome de alienaci¨®n parental es ¡°otra forma de violencia contra la mujer¡± sin base cient¨ªfica, descartado adem¨¢s en numerosas sentencias judiciales, y descalificado por la Organizaci¨®n Mundial de la Salud y por el Consejo General del Poder Judicial. Argumentaba adem¨¢s que la decisi¨®n de arrebatar a la ni?a de los brazos de su madre, con enga?os y violencia, adem¨¢s de puenteando al juez, encaja en el delito de prevaricaci¨®n administrativa continuada. Incluso la Fiscal¨ªa apercibi¨® a la Diputaci¨®n de que la orden foral no ten¨ªa la entidad suficiente, sin la ratificaci¨®n judicial, como para tomar una decisi¨®n de ese tipo. Sin embargo, el Ministerio Fiscal pide el sobreseimiento provisional, como ya ha hizo las dos anteriores veces que se archiv¨® la denuncia de Costumero.