Cuatro comunidades todav¨ªa no han constituido las comisiones que tienen la ¨²ltima palabra en la eutanasia

La ley de la eutanasia cumple un mes en vigor con tropiezos en su puesta en marcha y una implantaci¨®n desigual en Espa?a. Para empezar, Asturias, Navarra, La Rioja y Andaluc¨ªa todav¨ªa no han constituido sus respectivas comisiones de garant¨ªas y evaluaci¨®n, un ¨®rgano imprescindible para desplegar la norma y que tiene la ¨²ltima palabra para avalar o rechazar la concesi¨®n de la prestaci¨®n. Adem¨¢s, las entidades sociales denuncian retrasos administrativos y desconocimiento de los profesionales sobre el proceso, una situaci¨®n que ...

La ley de la eutanasia cumple un mes en vigor con tropiezos en su puesta en marcha y una implantaci¨®n desigual en Espa?a. Para empezar, Asturias, Navarra, La Rioja y Andaluc¨ªa todav¨ªa no han constituido sus respectivas comisiones de garant¨ªas y evaluaci¨®n, un ¨®rgano imprescindible para desplegar la norma y que tiene la ¨²ltima palabra para avalar o rechazar la concesi¨®n de la prestaci¨®n. Adem¨¢s, las entidades sociales denuncian retrasos administrativos y desconocimiento de los profesionales sobre el proceso, una situaci¨®n que se agrava por el contexto en el que ha nacido la ley: en plena quinta ola de coronavirus, con los centros sanitarios volcados en atender la covid y buena parte de las plantillas de vacaciones de verano. Las comunidades no reportan datos de cu¨¢ntas peticiones se est¨¢n tramitando, pero no es un aluvi¨®n de casos: las entidades apenas constatan un goteo que ser¨¢, seg¨²n sus c¨¢lculos, menos de un centenar de peticiones en toda Espa?a.

La norma que regula la prestaci¨®n de ayuda para morir entraba en vigor el pasado 25 de junio con la operativa a¨²n a medio gas y su puesta en marcha ha avanzado tambi¨¦n a varias velocidades. Javier Velasco, presidente de la Asociaci¨®n Derecho a Morir Dignamente (DMD) se?ala que el despliegue de la ley ¡°est¨¢ yendo peor de lo que se esperaba¡±. ¡°Es un derecho cuyo ejercicio efectivo est¨¢ siendo complicad¨ªsimo en la mayor¨ªa de las comunidades¡±, resume. Por su parte, Juan Jos¨¦ Rodr¨ªguez Send¨ªn, presidente de la Comisi¨®n Deontol¨®gica de la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial, minimiza las anomal¨ªas y asegura que entran ¡°dentro de lo previsible¡±: ¡°Es un cambio muy importante que ha convulsionado al sector y eso precisa de un asentamiento y un ajuste. La gente est¨¢ en un comp¨¢s de espera¡±.

Las peticiones de eutanasia en tr¨¢mite no son muchas, aseguran las entidades sociales. A varias de las comunidades consultadas, de hecho, no les consta ning¨²n caso en proceso y algunas, como Arag¨®n, apuntan que hasta que no llegue a la comisi¨®n de garant¨ªa no pueden saber si ha habido alguna petici¨®n y ¡°no ha pasado el tiempo suficiente para que pueda haber llegado alguna¡±, apostilla una portavoz. De hecho, el plazo desde que se hace la solicitud hasta que se concede la prestaci¨®n puede superar el mes de demora.

Con todo, a DMD en Catalu?a le consta que tres personas han comenzado o est¨¢n a punto de empezar a tramitar la solicitud. En Andaluc¨ªa hay, al menos, otros ocho casos; en Madrid, seis; y en la Comunidad Valenciana, dos m¨¢s, seg¨²n los c¨¢lculos de las entidades. Pilar Garz¨®n, vicepresidenta del Colegio de M¨¦dicos de Ourense, tambi¨¦n asegura que al menos dos pacientes han empezado el proceso formal en la comunidad, aunque todav¨ªa sus casos no han llegado a la comisi¨®n.

Durante las primeras semanas con la ley en marcha, el Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado un C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas, que pule inconcreciones de la ley, y el protocolo de actuaci¨®n para que el m¨¦dico responsable ¡ªel facultativo elegido por el paciente para llevar su caso¡ª dictamine si el enfermo est¨¢ en plenas capacidades para tomar la decisi¨®n de solicitar la eutanasia. Pero, en la pr¨¢ctica, aterrizar la norma es tarea de las comunidades y este cometido avanza a distintos ritmos.

Para empezar, hay cuatro autonom¨ªas que ni siquiera cuentan con la infraestructura m¨¢s elemental, que son las comisiones de garant¨ªa y evaluaci¨®n, unos ¨®rganos que, seg¨²n la ley, deb¨ªan estar operativos desde el pasado 25 de junio. Estos comit¨¦s son el tercer filtro para dar el visto bueno a una solicitud y si no existen, la prestaci¨®n de ayuda a morir es, de facto, imposible de aplicar. Asturias justifica su demora aduciendo que ¡°hay unos tiempos administrativos que tienen que cumplirse¡± y Navarra, por su parte, se?ala que su puesta en marcha es inminente: ¡°Si hubiera habido una petici¨®n, se hubiese activado por un procedimiento legal de urgencia¡±, matiza un portavoz.

En La Rioja tambi¨¦n van con retraso respecto a los plazos previstos y en Andaluc¨ªa est¨¢n a¨²n ¡°pendientes del informe de la asesor¨ªa jur¨ªdica¡±, asegura un portavoz. Para la responsable de DMD Andaluc¨ªa, Eva Camp, ¡°es una cuesti¨®n de voluntad pol¨ªtica¡±. Madrid, por su parte, asegura que su comisi¨®n ya est¨¢ creada y constituida, pero el responsable de DMD Madrid, Fernando Mar¨ªn, insiste en que no se ha publicado el decreto de creaci¨®n y, por tanto, oficialmente no existe.

Falta de formaci¨®n

Con todo, adem¨¢s de los retrasos en la infraestructura b¨¢sica de la norma, las entidades sociales denuncian la falta de formaci¨®n de los profesionales. ¡°Hay mucho desconocimiento por parte de los m¨¦dicos y muchos est¨¢n saturados de trabajo. A ello se suma que no reciben informaci¨®n de la Administraci¨®n y pasan¡±, tercia Velasco. Mar¨ªn y Camp coinciden tambi¨¦n en la situaci¨®n de ¡°desconcierto¡± que viven los profesionales ante la falta de directrices de la Administraci¨®n.

Josep Arimany, presidente de la Comisi¨®n Consultiva sobre la Ley de la Eutanasia del Consejo de Colegios de M¨¦dicos de Catalu?a, defiende que, al menos en su comunidad, ¡°se ha hecho mucha formaci¨®n¡±: ¡°Siempre puede haber zonas donde haya disfunciones, pero aqu¨ª se ha hecho una buena tarea de formaci¨®n por parte del Colegio de M¨¦dicos de Barcelona y de la Administraci¨®n¡±, se?ala el m¨¦dico. De hecho, el ¨®rgano colegial ha creado c¨¢psulas informativas sobre la norma y el Departamento de Salud ha desplegado un plan formativo con un curso de sensibilizaci¨®n para los sanitarios. Rodr¨ªguez Send¨ªn se?ala que los profesionales tienen que leerse la ley y el C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas y no ¡°complicarlo todo en exceso¡±: ¡°La falta de formaci¨®n o la ignorancia no pueden ser raz¨®n para no hacer las cosas bien¡±, zanja.

En cualquier caso, el azote de la quinta ola de coronavirus, que ha vuelto a poner al sistema sanitario contra las cuerdas, tampoco ayuda al despliegue de la norma. Ni que la ley haya entrado en vigor en pleno verano, con las plantillas sanitarias menguadas por las vacaciones del personal. Otra de las quejas de las entidades es que algunos profesionales ¡°est¨¢n dando largas¡± y le dicen a los enfermos ¡°que se esperen hasta septiembre¡± porque no saben c¨®mo proceder o no encuentran a los profesionales necesarios a los que recurrir para cumplir los protocolos. ¡°Es un momento muy complicado¡±, asume Gloria Cantarell, portavoz de DMD Catalunya. ¡°Hay muchos m¨¦dicos que est¨¢n sobrepasados¡±, admite.

Mar¨ªn sostiene que, hasta ahora, los tropiezos son m¨¢s administrativos que ideol¨®gicos. Pero el activista tambi¨¦n reporta un caso de un paciente que ten¨ªa el aval de su doctora y luego esta se ech¨® atr¨¢s y denuncia objeciones en bloque en alg¨²n centro, algo que no est¨¢ permitido por la ley porque la objeci¨®n de conciencia se considera un derecho individual. La portavoz de DMD Andaluc¨ªa a?ade, adem¨¢s, que se est¨¢n produciendo anomal¨ªas como que algunos registradores de la Consejer¨ªa de Salud no admiten el testamento vital con la inclusi¨®n de la petici¨®n de eutanasia en los casos que la ley establece, mientras que otros s¨ª lo hacen.

Objeci¨®n de conciencia a debate

A prop¨®sito de la objeci¨®n, el Comit¨¦ de Bio¨¦tica de Espa?a ha publicado un documento en el que contempla que pueda haber una objeci¨®n institucional por parte de un centro religioso. El C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas, sin embargo, defiende que la objeci¨®n es ¡°un derecho individual, no colectivo¡± y, por tanto, ¡°no podr¨¢ ejercerse por una instituci¨®n, un centro, un servicio o una unidad¡±. Rodr¨ªguez Send¨ªn insiste: ¡°La capacidad que otorga el Estado para objetar aplica al individuo, no lo puede suplantar una instituci¨®n¡±.

La ley contempla que haya un registro de objetores en cada comunidad en el que inscribirse de forma individual, un dispositivo que algunas autonom¨ªas ya han puesto en marcha. El Comit¨¦ de Bio¨¦tica defiende, no obstante, que ser¨ªa m¨¢s efectivo, en lugar del registro de objetores, ¡°contar con personas o equipos dispuestos a participar en las distintas fases del procedimiento o, en su defecto, con un registro de profesionales dispuesto a aplicar la eutanasia¡±. Mar¨ªn denuncia que ese ¡°no es el sentido ni el esp¨ªritu de la ley¡±.

Con informaci¨®n de Margot Molina, Juan Navarro, Mikel Ormaz¨¢bal, Ferran Bono, Isabel Vald¨¦s, Silvia R. Pontevedra y Caridad Bermeo.