El reto de aplicar la ley de eutanasia

Espa?a da hoy un paso muy importante en la ampliaci¨®n de los derechos civiles. Con la entrada en vigor de la ley de la eutanasia aprobada el pasado 18 de marzo, se suma al reducido grupo de pa¨ªses que reconocen el derecho a solicitar y obtener ayuda para morir en determinados casos de enfermedad incurable o que causa un sufrimiento insoportable. Tras dos d¨¦cadas de intentos infructuosos, los enfermos que se encuentren en esa situaci¨®n pueden invocar a partir de ahora su derecho. Pero, dada la materia que regula y la oposici¨®n que suscita en sectores minoritarios, pero influyentes, tan importante como la entrada en vigor de la ley es lograr que su aplicaci¨®n sea lo m¨¢s rigurosa y eficiente posible.

Algunos sectores se quejan de que no ha habido tiempo suficiente para prepararla bien. Pero lo cierto es que en estos tres meses deber¨ªa haberse asegurado que todo estuviera a punto, y no ha sido as¨ª. A dos d¨ªas de entrar en vigor, solo media docena de comunidades hab¨ªan constituido la Comisi¨®n de Garant¨ªa y Evaluaci¨®n de la Eutanasia. La mayor¨ªa ha aprobado en el ¨²ltimo momento los decretos de constituci¨®n y a¨²n no han surtido efecto.

Quedan tambi¨¦n otras importantes lagunas por cubrir, entre ellas la forma de regular la objeci¨®n de conciencia a la que pueden acogerse los m¨¦dicos. La objeci¨®n tiene que ser por escrito y anticipada y las comunidades tienen que habilitar un registro de facultativos objetores, algo a lo que el Consejo General de Colegios de M¨¦dicos se opuso durante la tramitaci¨®n de la ley. Este es un asunto trascendente, como ya lo fue en la aplicaci¨®n de la ley del aborto, porque aunque los m¨¦dicos puedan rechazar colaborar en una eutanasia, la Administraci¨®n sanitaria tiene la obligaci¨®n de garantizar la prestaci¨®n.

Tampoco est¨¢n plenamente desarrollados los protocolos de actuaci¨®n de los profesionales sanitarios y las gu¨ªas cl¨ªnicas que deben dar seguridad a la hora de evaluar una cuesti¨®n tan delicada y subjetiva como es la percepci¨®n de sufrimiento. La ley espa?ola es muy garantista y, a diferencia de B¨¦lgica y Holanda, cuya comisi¨®n de control interviene con posterioridad, aqu¨ª se exige una evaluaci¨®n previa, lo que alarga y dificulta un proceso que puede durar 40 d¨ªas y en el que tienen que intervenir al menos el m¨¦dico de referencia del paciente, un segundo facultativo que no tenga relaci¨®n con el equipo que le atiende y la citada comisi¨®n de evaluaci¨®n. Existe el temor de que algunos gobiernos controlados por el PP e influidos por Vox, partidos que votaron en contra de la ley, utilicen su capacidad de decidir la composici¨®n de estas comisiones para entorpecer la aplicaci¨®n de la ley, algo que ser¨ªa del todo inaceptable.

Para que la ley inicie su recorrido sin sobresaltos es crucial desplegar una intensa labor de explicaci¨®n y divulgaci¨®n. Afortunadamente, existe un acreditado trabajo previo de los comit¨¦s de bio¨¦tica que ayudar¨¢, pero hay que garantizar que los engranajes funcionen desde el primer momento a fondo para evitar distorsiones y pol¨¦micas que generen confusi¨®n y ruido alrededor de los primeros casos que se acojan a la norma. No hay que olvidar el previsible boicoteo de sectores vinculados a la Iglesia cat¨®lica, cuya Conferencia Episcopal ya ha anunciado su intenci¨®n de que los hospitales y residencias de ancianos bajo su autoridad puedan declararse ¡°zonas libres de eutanasia¡±.