El debate del juicio por el asesinato de Laura Luelmo: informar del caso o proteger la intimidad de la v¨ªctima

El pasado 26 de octubre la familia de Laura Luelmo, la profesora asesinada en diciembre de 2018 en El Campillo (Huelva), escribi¨® al magistrado que en estos d¨ªas juzga al autor confeso, Bernardo Montoya. Se quejaban de c¨®mo el tratamiento medi¨¢tico del caso en etapas procesales anteriores les hab¨ªa producido ¡°una grave perturbaci¨®n¡±, por lo que consideraban una grave intromisi¨®n en su privacidad que les hab¨ªa llevado a ¡°revivir lo sucedido sin descanso¡±. Ese argumento, el de la intimidad y el sufrimiento a?adido, es justo el que ha llevado al juez Florentino Gregorio Ruiz Yamuza ¡ªcon la conformidad de todas las partes del proceso¡ª a vetar el acceso de los medios a la sala. La controvertida decisi¨®n ha derivado en un debate entre el derecho a la intimidad de las v¨ªctimas y el derecho de la sociedad a ser informada de una actuaci¨®n judicial.

La decisi¨®n ha opacado por completo la informaci¨®n del desarrollo de las sesiones en las que un jurado popular debe confirmar o rechazar que Montoya, asesino confeso y presunto agresor sexual de Luelmo, acabe condenado a una pena de prisi¨®n permanente revisable. Y eso ha derivado en una airada queja de la Asociaci¨®n de la Prensa de Huelva ¡ªsecundada por federaciones y colegios de periodistas de toda Espa?a¡ª ante lo que consideran ¡°un cerrojazo informativo¡± que sienta un precedente en el derecho a informar. Las entidades han asegurado que estudian tomar medidas legales contra la decisi¨®n, aunque a¨²n no han especificado cu¨¢les y si finalmente las materializar¨¢n.

Tanto la propia Constituci¨®n como la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal protegen la publicidad de las actuaciones judiciales ¡°como garant¨ªa de transparencia y para fortalecer la confianza de los ciudadanos en los tribunales¡±, tal y como reconoce el auto del propio Ruiz Yamuza publicado este martes. Aunque tambi¨¦n recogen la excepci¨®n ¡°cuando concurran razones de orden p¨²blico o de protecci¨®n de los derechos y libertades¡±, como tambi¨¦n recuerda el mismo pronunciamiento. Es justo a esa singularidad a la que el magistrado se ha agarrado para priorizar ¡°el derecho de la v¨ªctima a no ver incrementados los padecimientos inherentes a la p¨¦rdida sufrida, con el da?o moral derivado de la exposici¨®n p¨²blica de una serie de hechos que ser¨¢n objeto de examen en el desarrollo del juicio¡±.

El catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universitat de les Illes Balears Eduardo Ram¨®n cree que el auto est¨¢ bien justificado y emana de la mayor protecci¨®n que tienen las v¨ªctimas, tras la aprobaci¨®n de su Estatuto, recogido en la Ley 4/2015. ¡°Antes, el proceso ten¨ªa en cuenta m¨¢s al acusado. El concepto de v¨ªctima ha ido creciendo, incluso en este caso, en el que la v¨ªctima ha fallecido, que podr¨ªa parecer m¨¢s complejo, pero es que est¨¢ la familia¡±, razona el profesor. Justo en ellos se centra Mariti Pereira, responsable de la Federaci¨®n de Asociaciones de Asistencia a V¨ªctimas de Violencia Sexual y de G¨¦nero (Famuvi), para defender que el juicio sea a puerta cerrada. ¡°La familia de Luelmo va a tener que revivir c¨®mo la viol¨®, o¨ªr a los forenses, a los polic¨ªas¡­. Y luego ver que se refleja con la mayor barbaridad del mundo en algunos medios¡±, denuncia la experta, informa Pilar ?lvarez.

¡°La libertad de informar tiene un orden preferente, pero eso no puede justificar intromisiones ileg¨ªtimas en los derechos de las personas¡±, abunda el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia Germ¨¢n M. Teruel. De hecho, no es la primera vez que se opta por declarar a puerta cerrada determinadas sesiones, partes o juicios completos en los que se juzgan casos de agresi¨®n sexual o de delitos contra menores. Sin embargo, en no pocos procesos ¡ªas¨ª sucedi¨® en el caso del ni?o Gabriel de Almer¨ªa¡ª se opta precisamente por excluir al p¨²blico solo en las sesiones m¨¢s delicadas, como aquellas en las que se exponen las pruebas periciales o en las que comparecen los forenses, algo que en el caso de Huelva comenzar¨¢ a partir de este mi¨¦rcoles.

Es ah¨ª donde Ram¨®n ve el resquicio para la duda: ¡°La virtud podr¨ªa haber estado en el t¨¦rmino medio¡±. Lo mismo cree Joaqu¨ªn Ur¨ªas, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, que considera que, aunque el auto est¨¢ motivado en ¡°evitar victimizaci¨®n secundaria, no explora la posibilidad de secreto parcial, que hubiera sido m¨¢s proporcionado para no sacrificar completamente el derecho a la informaci¨®n¡±. Teruel opina que, de cualquier forma, el caso de Luelmo ha tenido una serie de condicionantes que lo hacen una singularidad, como el hecho de que todas las partes ¡ªFiscal¨ªa, acusaciones e incluso la defensa¡ª hayan apostado por cerrar las sesiones: ¡°Este cerrojazo hay que entenderlo como una excepci¨®n. A partir de ah¨ª todos tenemos que hacer una reflexi¨®n colectiva de c¨®mo se cubren este tipo de juicios, m¨¢s all¨¢ de lo jur¨ªdico, sino en lo deontol¨®gico¡±.

Sentar un precedente

El catedr¨¢tico Ram¨®n teme que se pueda acabar por sentar un precedente que se repita en m¨¢s ocasiones. ¡°Lo preocupante es que razones como estas las encontrar¨ªamos much¨ªsimas veces y la excepci¨®n podr¨ªa ser que, con el tiempo, se desmereciese la propia palabra ¡®excepci¨®n¡±, razona el catedr¨¢tico. Y justo ah¨ª donde podr¨ªa aparecer el problema, ya que el acceso solo a las sentencias, como ocurrir¨¢ en este caso, hurta la posibilidad de debates ciudadanos que, a su vez, pueden derivar en cambios legislativos, como ocurri¨® en el caso de La Manada. ¡°Si esto se repitiese, la sociedad en su conjunto saldr¨ªa perdiendo a la larga. Son delitos que son de inter¨¦s p¨²blico y ese seguimiento es un bien constitucional. El derecho penal siempre ha tenido que salir a lo p¨²blico¡±, explica el catedr¨¢tico, autor del libro La Manada: un antes y un despu¨¦s en la tipificaci¨®n de las agresiones y los abusos sexuales en Espa?a.

Por ahora, el cerrojazo en el juicio de Luelmo ha tenido el efecto de que la ¨²nica referencia de lo que sucede en el proceso es la que aporta el abogado de la defensa. El caso que en diciembre de 2018 conmocion¨® a la opini¨®n p¨²blica espa?ola suscit¨® el inter¨¦s de m¨¢s de 30 medios que se acreditaron para seguir las sesiones tanto presencial como telem¨¢ticamente, a trav¨¦s de una se?al de v¨ªdeo que apenas lleg¨® a funcionar.

Desde la decisi¨®n del magistrado, todos esos redactores y c¨¢maras esperan con paciencia a las puertas de la Audiencia de Huelva a que alguna de las partes les quiera atender. Todas, incluida la Fiscal¨ªa, se niegan, salvo el abogado de la defensa, Miguel Rivera, que ya lleva dos d¨ªas aportando detalles parciales y confusos con los que intenta que Bernardo Montoya se libre de la prisi¨®n permanente revisable.