El Gobierno plantea que el tama?o m¨¢ximo de las nuevas residencias de mayores var¨ªe en funci¨®n del lugar donde se ubiquen

La negociaci¨®n para lograr un acuerdo que fije los requisitos m¨ªnimos que deben cumplir los servicios de dependencia en Espa?a entra en su recta final. Hay previstas pr¨®ximas reuniones con las comunidades aut¨®nomas, y este lunes se ha celebrado una mesa de di¨¢logo social, donde se sientan el Ministerio de Derechos Sociales, patronales y sindicatos. Un borrador de trabajo fechado en abril propone que el m¨¢ximo de plazas permitido para las nuevas residencias de mayores var¨ªe en funci¨®n del territorio donde se encuentren. La horquilla va desde 60 en las zonas rurales, a 90 en lugares de densidad intermedia de poblaci¨®n y 120 en ciudades o ¨¢reas densamente pobladas. Un documento anterior fijaba el l¨ªmite en 90, independientemente del lugar en el que se ubicara el centro.

El texto a¨²n sigue discuti¨¦ndose con las autonom¨ªas, que son las que tienen las competencias en la materia, por lo que es probable que los detalles del borrador a¨²n sufran cambios. Pero la filosof¨ªa y las principales l¨ªneas del documento han permanecido estables desde el inicio de la negociaci¨®n en la que el departamento que dirige Ione Belarra lleva meses inmerso. Se pretende impulsar un cambio en el modelo de atenci¨®n, de forma que esta se personalice y se tengan en cuenta las necesidades de cada usuario, tanto de residencias, como de centros de d¨ªa, de ayuda a domicilio y de teleasistencia. El acuerdo final debe alcanzarse en un consejo territorial, donde se re¨²nen las autonom¨ªas y el ministerio. El objetivo de plantear una horquilla en el tama?o m¨¢ximo de los centros es amoldarse a las distintas realidades del territorio, seg¨²n fuentes de Derechos Sociales. El l¨ªmite en residencias de personas con discapacidad ser¨¢ de 50 plazas.

Para operar dentro del sistema de la dependencia, por ejemplo con plazas concertadas, las entidades privadas tienen que acreditar que cumplen unos requisitos b¨¢sicos. Los servicios p¨²blicos tambi¨¦n deben cumplirlos, se precisa en el borrador. Muchas autonom¨ªas est¨¢n impulsando ya modificaciones normativas propias para avanzar hacia un cambio de modelo, pero Derechos Sociales tiene un papel de coordinaci¨®n y se pretende fijar un m¨ªnimo com¨²n en todo el territorio. Los conciertos que est¨¦n vigentes ahora continuar¨¢n hasta que las autonom¨ªas aprueben una normativa para adaptarse a los nuevos requisitos, ¡°que estar¨¢n en vigor a los 12 meses¡± tras la aprobaci¨®n, se lee en el documento consultado. Fuentes del ministerio precisan, no obstante, que los plazos de transici¨®n siguen perfil¨¢ndose.

Una de las preocupaciones de varias comunidades aut¨®nomas consultadas es qu¨¦ ocurrir¨ªa con las residencias que ya est¨¢n prestando servicios. Seg¨²n datos de 2020 del CSIC, la mitad de las plazas del pa¨ªs est¨¢n en centros de m¨¢s de 100. Un documento anterior planteaba que todos los centros deb¨ªan acoplarse a la capacidad m¨¢xima que se fijara (en aquel momento, de 90 plazas). Esto se ha eliminado del borrador consultado. Dado que cada autonom¨ªa deber¨¢ aprobar normativa propia, podr¨¢n especificarlo ellas. Las fuentes de Derechos Sociales consultadas explican que el objetivo de que se haya eliminado este punto del texto es ¡°no tensionar tanto¡± los servicios preexistentes y ¡°garantizar la continuidad de las atenciones¡±. Lo que s¨ª se mantiene es que todos los centros deber¨¢n contar con un plan de transici¨®n hacia este nuevo modelo, y que todos deber¨¢n dividirse en unidades de convivencia de un m¨¢ximo de 15 personas, con un funcionamiento tipo hogar.

La financiaci¨®n

Este lunes se ha reunido la mesa de di¨¢logo social. Fuentes de empresas del sector consideran que la propuesta que plantea el ministerio es inviable econ¨®micamente y apuntan que ven lejano un acuerdo con el visto bueno de la patronal. Explican que no se les ha mandado una memoria econ¨®mica hasta esta misma tarde. Adem¨¢s, sostienen que, dado que subir¨¢ lo que cuesta cada plaza, tambi¨¦n lo har¨¢n los precios de las plazas privadas. Fuentes sindicales tambi¨¦n muestran objeciones con algunos de los cambios introducidos.

La financiaci¨®n es un punto de preocupaci¨®n para diversos participantes en la negociaci¨®n. El borrador indica que las administraciones p¨²blicas ¡°adecuar¨¢n, en su caso,¡± la financiaci¨®n y lo que pagan a las empresas por los conciertos a medida que se vayan introduciendo los nuevos requisitos. Tambi¨¦n se prev¨¦ que el nivel de protecci¨®n convenido, una de las v¨ªas con las que el Gobierno financia la dependencia (483 millones en 2022), se ligue a las mejoras que se realicen en el sistema, entre ellas, la consecuci¨®n de los objetivos de este acuerdo, apuntan fuentes de Derechos Sociales.

La ministra Belarra ha afirmado en reiteradas ocasiones que el Gobierno ha pr¨¢cticamente doblado el presupuesto en dependencia en dos a?os, ya que la inyecci¨®n que se ha hecho al sistema ha sido de unos 1.800 millones de euros entre 2021 y 2022, y hasta 2023 hay unos 3.000 millones de fondos europeos previstos para cambios estructurales en el sistema de cuidados y servicios sociales.

Diversas fuentes auton¨®micas consultadas plantean, sin embargo, que esta cantidad es insuficiente para cumplir todos los objetivos del plan de choque en el sector, que prev¨¦n una reducci¨®n de las listas de espera, la mejora de los servicios y de las condiciones laborales. Una de ellas, por ejemplo, apunta que ¡°tendr¨ªan pr¨¢cticamente que doblar su presupuesto¡± para poder cumplir los requisitos que se fijan en el borrador, y recalca que las comunidades siguen sosteniendo el grueso de la financiaci¨®n del sistema.

Habitaciones individuales

En el documento consultado tambi¨¦n hay novedades respecto al n¨²mero de habitaciones individuales. Los nuevos centros deber¨¢n disponer de, al menos, un 65% de plazas p¨²blicas en habitaciones individuales y el resto, dobles. Pero para los ya existentes, el l¨ªmite ser¨¢ de un 15% de plazas p¨²blicas en habitaciones individuales en zonas rurales; del 25% en ¨¢reas de densidad de poblaci¨®n intermedia y del 30% en ciudades. En un documento anterior se hablaba del 35%, sin diferenciar entre territorios. Ahora se prev¨¦ que los centros peque?os, de hasta 35 plazas, puedan pedir no ajustarse a estos porcentajes por motivos de viabilidad econ¨®mica o arquitect¨®nica.

Otro de los cambios del borrador es que se elimina el requisito de que haya un inspector por cada 25 residencias y pasa a exponerse que ¡°las administraciones competentes contar¨¢n con servicios p¨²blicos de inspecci¨®n suficientemente dotados¡±. Fuentes de Derechos Sociales explican que este cambio se ha introducido tras las reuniones mantenidas con las autonom¨ªas, dado que el control no solo se realiza a trav¨¦s de inspectores. Y tambi¨¦n se suprimen los requisitos en cuanto a contrataci¨®n (en documentos anteriores se especificaba, por ejemplo, que el 75% de los contratos deb¨ªan ser indefinidos), dado que el acuerdo ¡°no debe entrar en asuntos de negociaci¨®n colectiva¡±, seg¨²n estas fuentes.

El grueso del documento, sin embargo, permanece estable respecto a anteriores borradores. Se mantiene que las unidades de convivencia deben asemejarse a ¡°un hogar¡± tanto en el mobiliario y decoraci¨®n como en las rutinas y horarios, ¡°que se adaptan a las preferencias y h¨¢bitos¡± de los usuarios. Contar¨¢n con una zona para preparar comidas, un comedor, una sala de estar para el uso de los residentes y de sus familiares y allegados. Tambi¨¦n se respeta la subida de ratios planteada entre 2023 y 2027 para el personal. Y cada usuario tendr¨¢ un plan personal de atenci¨®n, tanto en residencias como en centros de d¨ªa, ayuda a domicilio y teleasistencia, cada uno con sus particularidades, que recojan los apoyos que debe recibir y cu¨¢les son sus preferencias.