Las residencias en Espa?a: descontrol en un sistema opaco, con multas bajas y contra el que sirve de poco quejarse

Con la pandemia, cuando murieron unos 30.000 ancianos que viv¨ªan en residencias de mayores, estos centros se convirtieron en una prioridad y un motivo de preocupaci¨®n. Al acercarse a ellos emerge un modelo sin ninguna transparencia que oculta la falta de control que las rige. Un sistema con inspecciones insuficientes, que impone sanciones a menudo irrisorias y, por ¨²ltimo, deja frecuentemente en la indefensi¨®n a los usuarios, que ven deso¨ªdas sus quejas. Muchos ciudadanos se desesperan ante el estado de sus familiares, ven que denunciar no sirve de nada y se sienten abandonados por las instituciones: han eclosionado decenas de organizaciones que cuestionan el sistema y piden claridad sobre las residencias. Una investigaci¨®n de EL PA?S arroja luz sobre todo ello. Una de las claves, el punto de partida, es la dudosa supervisi¨®n del modelo: antes de la irrupci¨®n del coronavirus, de 2014 a 2019, la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas, 10 en total, no inspeccionaban las residencias ni una vez al a?o de media. En total, 11 territorios si se suma Bizkaia, pues en el Pa¨ªs Vasco la competencia est¨¢ repartida entre las tres diputaciones. Suman el 51% de todas las residencias de Espa?a. En 2020, a¨²n con un refuerzo de las inspecciones por la pandemia, todav¨ªa fueron siete las que no mandaron un control a ninguna de ellas.

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Las enfermeras huyen de las residencias: hacen falta ya 15.000 y los centros se quedan sin personal suficiente

Una inspecci¨®n al a?o es el m¨ªnimo que los expertos consideran necesario y la norma en pa¨ªses del entorno europeo. Hay comunidades que lo imponen ¡ªMadrid establece dos anuales¨D; otras, no. Pero a menudo el objetivo es inviable: no hay inspectores suficientes. En Asturias, con 232 residencias para seis inspectores, a cada uno le toca controlar 39; en Catalu?a, 33. El c¨¢lculo es solo orientativo porque estos funcionarios tambi¨¦n se ocupan de la supervisi¨®n de otros muchos centros sociales, como los de menores o los de discapacidad. No dan abasto. Pero adem¨¢s el resultado de su trabajo no es p¨²blico, al contrario que en otros pa¨ªses occidentales: el ciudadano debe elegir a ciegas. Quien ingresa en una residencia en Espa?a no puede saber si ha sido sancionada y por qu¨¦. Las multas, en todo caso, son muy bajas: la media por infracciones graves es de 5.000 euros. Un cuarto de ellas son por falta de personal, con penalizaciones por un importe mucho menor que lo que cuesta contratar a alguien, por ejemplo.

¡°Los verdaderos inspectores somos los familiares, en nuestra residencia, si no hubi¨¦ramos estado los familiares, no se habr¨ªan realizado la mitad de las inspecciones¡±, asegura Ester Pascual, 44 a?os, que ten¨ªa a su madre en una residencia de Elche donde ha presentado 10 denuncias, sin respuesta, y que logr¨® cambiarla de centro hace apenas unos meses. ¡°En muchas habitaciones no hay cortinas, no pueden dormir bien. Los aparatos del aire acondicionado est¨¢n rotos. El a?o pasado hubo dos plagas de chinches. Ahora por fin han comprado una b¨¢scula, ?pero sabes lo que nos ha costado? Meses. Tambi¨¦n pierden la ropa. Mi madre ten¨ªa llagas en la boca, el dentista me dijo que no le estaban limpiando los dientes y la directora me dijo que no me pod¨ªa garantizar que se los lavaran una vez al d¨ªa. Yo entr¨¦ en una asociaci¨®n de denuncia al ver estas cosas¡±, relata.

Las inspecciones y las multas que se imponen son p¨²blicas ahora por primera vez a nivel nacional gracias a los datos conseguidos por EL PA?S, que revela que un 21% han sido sancionadas desde 2014. Pueden verse en el buscador creado que permite consultar todas las multas impuestas. Salvo en Catalu?a y Baleares, que no han facilitado los nombres de los centros. Espa?a es una rareza entre otros pa¨ªses occidentales, porque esta labor en Alemania, en el Reino Unido o en Estados Unidos la hacen las autoridades. Tienen sistemas de estrellas como los hoteles, o notas de evaluaciones en la puerta o en la web. En Espa?a, gran parte del sector, tambi¨¦n empresas y entidades sociales, est¨¢n a favor de cambiar a una transparencia total. Saben que la desconfianza hacia las residencias nace del secretismo vigente hasta ahora. Un dato: nadie sabe siquiera cu¨¢ntas residencias y usuarios hay en Espa?a, no hay un censo general. EL PA?S ha contado un total de 5.463 centros, recopilando los datos de cada comunidad. El CSIC y el Imserso cuentan 133 y 113 m¨¢s, respectivamente. El Gobierno ha emprendido este a?o la elaboraci¨®n del primer censo oficial.

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Antes de la pandemia, un suceso daba que hablar de las residencias de cuando en cuando. Por ejemplo, en 2017 un anciano de 80 a?os muri¨® en el jard¨ªn de una residencia de Alcorc¨®n, de 220 residentes, pero no lo encontraron hasta el d¨ªa siguiente. Los familiares denunciaron falta de personal y control. Mariv¨ª Nieto ten¨ªa all¨ª a su madre: ¡°Pensamos: ?qu¨¦ clase de control hay? Si no va a cenar, si no se acuesta¡­ Luego todo el mundo te contaba una historia, todos ten¨ªamos los mismos problemas en todas las residencias, protestabas y nadie hac¨ªa nada¡±. En el sector se discute un cambio de modelo desde hace a?os, pero a ra¨ªz de la covid, el debate es m¨¢s profundo. ¡°Ha habido mucho abandono institucional, est¨¢bamos olvidados. As¨ª nos fuimos organizando¡±, explica Nieto, que ahora forma parte de Marea de Residencias, nacida en 2019. Otro colectivo, laPlataforma, agrupa en el nivel estatal a 15 asociaciones que llevaban a?os trabajando en casi todas las autonom¨ªas. Estas organizaciones canalizan un descontento que ha estallado con la pandemia.

?C¨®mo est¨¢ organizado el sistema? Siete de cada 10 residencias son privadas, seg¨²n el CSIC, aunque muchas plazas se conciertan. Los servicios sociales son competencia auton¨®mica y no hay un marco estatal que fije c¨®mo debe ser el control a estos centros: hay tantos modelos como comunidades, e incluso se subdivide a¨²n m¨¢s en el Pa¨ªs Vasco, en sus tres diputaciones, y en Baleares, en los tres consejos insulares. Total, 21 sistemas. Para esta investigaci¨®n ha llevado siete meses recabar todos los datos, utilizando la Ley de Transparencia y con peticiones a las consejer¨ªas, y aun as¨ª son incompletos. El Ministerio de Derechos Sociales y las autonom¨ªas acordaron, en el marco de un plan de choque para la dependencia, reforzar las inspecciones. Y el ministerio financiar¨¢ con fondos europeos un estudio para proponer un sistema de evaluaci¨®n estatal. Cada regi¨®n realiza inspecciones a trav¨¦s de las consejer¨ªas de Pol¨ªtica Social antes de autorizar la apertura de un centro, de forma peri¨®dica y cuando recibe quejas.

Beatriz Cano, que vive en una residencia de Usera, Madrid, tiene un r¨¦cord: m¨¢s de 900 denuncias en 10 a?os. Por la comida, el personal, las instalaciones... ¡°Y no me han dado la raz¨®n nunca, ni una. Dicen que todo est¨¢ bien. Digo yo que al menos alguna vez ser¨ªa verdad lo que dec¨ªa¡±. Muestra una carta que le escribi¨® la Comunidad de Madrid ech¨¢ndole en cara lo mucho que protestaba. ¡°Pero es que yo no lo hago por gusto, como si no tuviera otra cosa que hacer. Sigo denunciando porque lo que est¨¢ mal sigue igual, y yo soy peleona¡±. Cuando hay deficiencias y sanciones, la inspecci¨®n comprueba que se subsanan, con documentos o con una nueva visita, aunque no suele haber plazos fijados. Normalmente se prioriza a las residencias sancionadas en los planes de inspecci¨®n. Las empresas aseguran que suele haber una al a?o y, en algunas comunidades, controles extra en caso de tener plazas concertadas. Tambi¨¦n hay visitas anuales de Sanidad y ocasionales de Trabajo.

Joseba Zalakain, director del Centro de Documentaci¨®n y Estudios SiiS y experto en servicios sociales, cree que en Espa?a ¡°se hacen pocas inspecciones y se hacen mal¡±. ¡°En pa¨ªses como Alemania y Estados Unidos hay una evaluaci¨®n anual obligatoria¡±, apunta, ¡°que no se basa tanto en las regulaciones y procedimientos sino en la calidad de vida de los mayores, y se publica centro por centro; tienes derecho a saber¡±. En Estados Unidos hay un sistema de estrellas, como los hoteles, basado en las inspecciones. En Alemania hay una placa en la puerta de cada residencia con la nota de cada inspecci¨®n, cada centro puede poner al lado otra de una auditor¨ªa privada, y tambi¨¦n la evaluaci¨®n de los usuarios.

Miguel V¨¢zquez, presidente de Pladigmare, asociaci¨®n de Madrid que forma parte de laPlataforma, cuenta que no hacen m¨¢s que denunciar, pero las quejas de residentes y familiares no sirven de casi nada: ¡°Las inspecciones son un aut¨¦ntico parip¨¦. Denuncia una familia o un trabajador, mandan una inspecci¨®n, pero solo pregunta a la direcci¨®n del centro, no al que ha denunciado. Y luego simplemente se creen lo que les dicen y se acab¨®¡±. Explica que en Madrid la ley de 2002 establece sanciones fuertes, permite la intervenci¨®n de una residencia o prohibir la financiaci¨®n p¨²blica de un centro, pero ¡°nunca se ha hecho¡±. ¡°En una residencia en Madrid, p¨²blica de gesti¨®n privada, al menos desde 2010 no funciona el sistema de climatizaci¨®n. Llevamos a?os pidiendo una intervenci¨®n temporal, que lo solucione y luego pidan da?os y perjuicios. Pero no se hace nada¡±. Paulino Campos, presidente de la federaci¨®n gallega Rede, otra integrante de laPlataforma, coincide: ¡°Con el cuerpo de inspectores que hay, es imposible vigilar con eficacia y calidad¡±, dice. ¡°Es frustrante denunciar y muchas familias lamentan el tiempo perdido. Si existiera un cuerpo de vigilancia como debiera, significar¨ªa que algunas de las lesiones graves y vulneraciones de derechos humanos en residencias se evitar¨ªan¡±, apunta.

Cuando Josep de Mart¨ª ¡ªjurista, geront¨®logo y profesor de materias jur¨ªdicas relacionadas con residencias¡ª era inspector, una anciana le pregunt¨® desolada: ¡°?Ya nunca volver¨¦ a comer pescado que no sea congelado?¡±. ¡°Pues a lo mejor no¡±, respondi¨® ¨¦l. ¡°Est¨¢ pagando lo que est¨¢ pagando y cumple la ley, en cantidades, prote¨ªnas¡­ En muchas quejas pueden tener raz¨®n, pero no es ilegal¡±. Fue inspector durante 18 a?os, hasta 1998, y luego jefe de inspecci¨®n en Catalu?a. Opina que ¡°el problema de las quejas es que muchas veces no tienen nada que ver con la ley. Dos quejas t¨ªpicas son que no hay personal, porque no ven a nadie, y que la comida es mala. Pero va la inspecci¨®n y todo es legal¡±. De Mart¨ª cree que en Espa?a domina el secretismo. ¡°La pregunta es: ?para qui¨¦n se inspecciona? Si se paga con impuestos, es para todos y deber¨ªa ser p¨²blico¡±. Ha estudiado el sistema en 13 pa¨ªses ¡ª¡°En todos se hacen p¨²blicas las inspecciones, ser¨ªa inconcebible que no fuera as¨ª¡±¡ª y cre¨® en 2000 la web inforesidencias.com para arrojar luz sobre un mundo muy oscuro: esa plataforma ofrece a los centros colgar sus actas de inspecci¨®n, n¨²mero de personal, el contrato que se firma, precios. Solo un tercio de las residencias ha aceptado colaborar, y solo un 2% da todos los datos.

¡°Cuando todo sea p¨²blico, alucinaremos. Ser¨¢ duro al principio, porque demostrar¨¢ que no todos inspeccionan igual, que las residencias p¨²blicas no se inspeccionan igual¡±, apunta De Mart¨ª. La investigaci¨®n de EL PA?S tambi¨¦n despeja esta duda planteada por parte del sector privado, convencidos de que hay un doble rasero: un 15% de las residencias sancionadas son p¨²blicas, dato que es aproximado porque en un centenar de casos la informaci¨®n no aclara la titularidad del centro.

Seg¨²n la investigaci¨®n de EL PA?S, un 25% de las sanciones impuestas en los ¨²ltimos a?os son por falta de personal, un s¨ªntoma claro de uno de los principales problemas de las residencias, con ratios fijadas hace a?os y que no se adaptan al nivel de dependencia con el que los usuarios llegan ahora a los centros. Un m¨¦dico que prefiere mantenerse en el anonimato y acaba de dejar la residencia de Madrid en la que trabajaba indica: ¡°He estado m¨¢s de a?o y medio, me com¨ª toda la pandemia, y no pod¨ªa m¨¢s, no quiero volver a pasar por eso, no voy a volver a una residencia en mi vida. Est¨¢s sin personal de enfermer¨ªa suficiente, y lo haces t¨², que a veces ni sabes, o un auxiliar, que no tiene formaci¨®n ni t¨ªtulo para ello, y t¨² eres el ¨²ltimo responsable si pasa algo¡±. En marzo de 2019 en Avil¨¦s, Asturias, una patrulla de polic¨ªa encontr¨® de madrugada a un anciano desorientado por la calle, en pleno centro. Hab¨ªa salido de una residencia y los agentes comprobaron que no hab¨ªa ning¨²n empleado por la noche, los usuarios estaban solos. Fue cerrada.

El 75% de las sanciones son por faltas graves o muy graves, pero aunque la media de las sanciones para ellas supera los 20.000 euros en la mayor¨ªa de comunidades, la multa real m¨¢s com¨²n se sit¨²a en 5.000 euros. Las multas se mueven en la gama baja de la horquilla legal. En Bizkaia, la media es la m¨¢s baja, 400 euros, porque se puede reducir al m¨ªnimo la sanci¨®n si se subsana el fallo.

En 2019, en un v¨ªdeo grabado por un familiar con c¨¢mara oculta en la residencia Los Nogales Hortaleza de Madrid se ve¨ªa a tres auxiliares ri¨¦ndose e insultando a dos residentes, y trat¨¢ndolas con violencia. ¡°Como me muerdas, es que te arranco la cabeza¡±, se escuchaba decir a una trabajadora. Una de esas residentes era la madre de Francisco Polonio, que hab¨ªa colocado la c¨¢mara porque tem¨ªa malos tratos. ¡°Al poco de que ingresara en el centro con una plaza concertada, en 2015, ya ten¨ªa sospechas. Aparec¨ªa con la rodilla hinchada o la patilla de las gafas rotas, por ejemplo. Presentaba escritos a la directora y me dec¨ªa que estaba todo bien¡±, cuenta este abogado. ¡°Incluso denunci¨¦ al juzgado en 2016, pero se archiv¨®¡±. Dice que, tras el v¨ªdeo, empez¨® a buscar otra residencia pero a los pocos meses su madre muri¨®. La Comunidad anunci¨® que el centro se enfrentaba a una multa de hasta 600.000 euros, pero en realidad los datos oficiales indican que se ha quedado en 78.622,86 euros, por ¡°deficiencia o desatenci¨®n en la prestaci¨®n del servicio que implica situaci¨®n de peligro, grave incomodidad o abandono notorio en el cuidado y protecci¨®n¡±. Fuentes de Los Nogales aseguran que fue un hecho aislado, al margen de la empresa y de la direcci¨®n, y que los tres empleados fueron despedidos.

En 2019, Polonio present¨® tres v¨ªdeos en la Fiscal¨ªa. El caso est¨¢ a¨²n en fase de investigaci¨®n, explican las fuentes de la compa?¨ªa, con los tres trabajadores y la directora (que sigue trabajando en la empresa, pero ya no est¨¢ al frente de la residencia) investigados, no as¨ª la compa?¨ªa. Estas fuentes explican que recurrieron la sanci¨®n de la Comunidad y que est¨¢ ¡°en suspenso¡±, a la espera de la decisi¨®n judicial. Un 8% de las sanciones contabilizadas por EL PA?S, un total de 131, han sido por maltrato f¨ªsico o ps¨ªquico o trato degradante.

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Entrevista a Francisco Polonio, hijo de una de las ancianas maltratadas en Los Nogales

Las empresas del sector, tambi¨¦n fragmentadas en cuatro grandes patronales, explican que son las primeras interesadas en acabar con las malas praxis. Aseguran que la mayor¨ªa de las residencias trabajan correctamente. En realidad hay consenso general en la necesidad de inspecciones rigurosas y de transparencia. Cinta Pascual, presidenta del C¨ªrculo Empresarial de Atenci¨®n a las Personas (CEAPs), la que agrupa m¨¢s centros, apunta: ¡°Llevo 26 a?os en esto y nos hemos pasado la vida pidiendo unos indicadores comunes y una lista de chequeo com¨²n para toda Espa?a, y que haya un retorno, que nos digan el resultado de las inspecciones, las sanciones¡­ Nos sirven como auditor¨ªa. Estamos a favor de la objetividad, con indicadores de calidad, y de la transparencia total, es la ¨²nica manera de que la gente vea que en una residencia se trabaja bien¡±.

La Asociaci¨®n de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), otra patronal que re¨²ne a los grandes grupos, propuso al Gobierno, junto a CC OO y UGT, entre otros, revisar ¡°el control p¨²blico de la calidad de los servicios¡±. Ignacio Fern¨¢ndez, de la Federaci¨®n de Empresas de la Dependencia (FED), puntualiza que estar¨ªa de acuerdo en que se cambie el modelo, pero ¡°para que las inspecciones reflejen lo bueno y lo malo¡±. ¡°No hace falta m¨¢s control porque recibimos inspecciones muy habitualmente, lo que hace falta es mejorar y modernizar el sistema¡±. Juan Vela, presidente de la Federaci¨®n Lares, de residencias sin ¨¢nimo de lucro, cree que el modelo no est¨¢ bien planteado: ¡°Hist¨®ricamente est¨¢n muy centrados en el cumplimiento de la norma. Podr¨ªa parecer que est¨¢ bien, si se necesita poner una toalla m¨¢s o una toalla menos o la anchura de los pasillos, pero esto no mejora en gran medida la atenci¨®n a los mayores¡±. ¡°Conozco inspecciones en las que no se ha preguntado nada a los residentes, solo han mirado si tienes el men¨², si est¨¢ bien hecha una cama¡­ no contamos con las personas mayores para hablar de c¨®mo les gustar¨ªa vivir a ellos¡±, explica.

?C¨®mo se hace una inspecci¨®n? Los modelos son dispares y el grado de detalle al que entran var¨ªa en cada autonom¨ªa. En Arag¨®n, por ejemplo, fuentes del Departamento de Ciudadan¨ªa y Derechos Sociales detallan que las visitas de inspecci¨®n deben durar de cuatro a ocho horas y en ellas se debe interactuar con todos los residentes, para comprobar su estado f¨ªsico, las condiciones higi¨¦nico-sanitarias y posibles lesiones. Tienen que recorrer todo el centro y comprobar los equipamientos, dimensiones de las estancias, estado de las camas y barras de seguridad, llamadores, interruptores, almacenamiento de medicaci¨®n¡­ adem¨¢s de revisar documentaci¨®n. ¡°Las inspecciones no son complacientes, son bastante exhaustivas y es muy dif¨ªcil que de una no salga un acta con observaciones¡±, apunta Andr¨¦s Rueda, miembro de la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Cree, eso s¨ª, que las normativas son ¡°tan generalistas que no hay suficiente tipificaci¨®n¡±, algo que en su opini¨®n les genera inseguridad jur¨ªdica. Explica que las residencias deben tener registros de la higiene diaria, de ca¨ªdas, de alimentaci¨®n, de la medicaci¨®n, de las ¨²lceras, y que los inspectores los revisan siempre. ¡°Pero luego hay cosas, como por ejemplo la percepci¨®n del estado de bienestar del residente, que son muy subjetivas¡±. Puntualiza que el fallo no est¨¢ en los funcionarios, ¡°sino en los procedimientos, con herramientas desfasadas, y en que la Administraci¨®n dispone de plantillas de inspectores insuficientes¡±.

Alejandro G¨®mez, consultor, dirigi¨® durante 12 a?os una residencia de mayores en Gipuzkoa. Considera que el sistema ¡°no funciona¡±. ¡°No son garantistas¡±, explica. ¡°?C¨®mo se percibe el cuidado? Dif¨ªcilmente. Al final son evidencias procedimentales. ?Tienen ustedes tal protocolo? Y lo tienes, pero ?c¨®mo se comprueba que se aplica?¡±, sostiene. ¡°Adem¨¢s, depende mucho de la persona que te vaya a inspeccionar, la carga de subjetividad es enorme¡±. Es una de las principales quejas de directores de centros y empresarios.

Hay otro punto pol¨¦mico: entre usuarios y familiares domina la convicci¨®n de que los inspectores a menudo avisan antes de que van a ir. ¡°En la residencia donde estaba mi madre una semana antes pintaban la cafeter¨ªa, arreglaban un ba?o, pon¨ªan flores en recepci¨®n¡±, relata Mariv¨ª Nieto. Para la patronal es una leyenda, algo que nunca ocurre, aunque es cierto que Gipuzkoa s¨ª dispone de visitas planificadas que se preavisan, si bien nunca en caso de denuncia o queja.

Los informes del Defensor del Pueblo advierten desde hace a?os sobre las inspecciones. En 2020 se?alaba de nuevo que ¡°las comunidades aut¨®nomas deben reforzar los servicios de inspecci¨®n para que est¨¦n suficientemente dotados y puedan llevar a cabo su funci¨®n de forma eficaz¡±. Las autonom¨ªas comienzan a mover ficha. En Navarra est¨¢n impulsando un nuevo modelo residencial y los centros tienen cuatro a?os para adaptarse. En Castilla y Le¨®n, un anteproyecto de ley contempla que los informes de evaluaci¨®n y las sanciones sean p¨²blicos, y ¡°una puntuaci¨®n global que sintetice el nivel de calidad de los servicios¡±. En Gipuzkoa tambi¨¦n estudian un cambio en la inspecci¨®n, m¨¢s centrado en la calidad de la atenci¨®n. Varias autonom¨ªas han dado un impulso a la inspecci¨®n en los ¨²ltimos a?os y muchas comunidades han reforzado sus plantillas.

En la lista de sanciones se observan muchas residencias reincidentes, sin que tenga demasiadas consecuencias. El r¨¦cord de acumulaci¨®n de multas es de la residencia de Villanueva de la Ca?ada en Madrid, casi todas durante la gesti¨®n de Sanyres, hasta 2016, cuando fue comprada por Orpea: suma 12 sanciones desde 2014, la mayor¨ªa por falta de personal, por un total de 191.192 euros. Es la novena m¨¢s sancionada de Espa?a por importe acumulado. Aunque la legislaci¨®n contemple sanciones altas, en absoluto es la norma. La multa m¨¢s elevada de los ¨²ltimos siete a?os ha sido a Las Pe?uelas, en Madrid, residencia p¨²blica de gesti¨®n privada, que en 2016 fue multada con 499.799 euros. La comunidad aut¨®noma se lo cobr¨® del aval que hab¨ªa depositado Eulen, la empresa que lo gestionaba, al finalizar el contrato. La compa?¨ªa llevaba 14 a?os en el centro y fuentes de la empresa explican que ¡°no hubo un problema de servicio¡±, sino una discrepancia sobre el mantenimiento de las instalaciones.

Pero incluso en ocasiones en que la Administraci¨®n hace su trabajo es dif¨ªcil llegar a adoptar medidas dr¨¢sticas. El Gobierno de la Comunidad Valenciana mult¨® tres veces desde 2014 a la residencia Sant Lloren?, de Vila-real (Castell¨®n), un total de 43.915 euros, por falta de personal, el trato a los usuarios y no disponer de autorizaci¨®n administrativa. Hasta que en 2019 le impuso 140.000 euros y orden¨® su cierre temporal en agosto de 2020. Pero choc¨® con las familias y el Ayuntamiento, que recurrieron la medida y el Tribunal Superior de Justicia lo paraliz¨®. La Comunidad Valenciana ha dado un giro estos a?os. Seg¨²n datos de la Generalitat, en 2015 el PP hab¨ªa dejado un sistema con siete inspectores y ahora hay 32. En 2019 aprob¨® una ley que endurec¨ªa las sanciones.

En el registro de sanciones que ha recopilado EL PA?S constan 22 cierres de residencias por ser ilegales o como medida cautelar. Pero no todos los que se han producido est¨¢n recogidos en el listado, dado que no todos se conciben como sanciones. En 2015, un incendio provocado por una usuaria en la residencia de mayores de Santa Fe, en Zaragoza, caus¨® nueve muertos y empuj¨® al reci¨¦n elegido Gobierno socialista a poner en marcha un plan de inspecci¨®n. Desde entonces ha cerrado 43 residencias, que no figuran en el listado obtenido por EL PA?S a trav¨¦s de Transparencia. Justo cuando estallaba la pandemia, en abril de 2020, la Xunta de Galicia cerraba una residencia en A Fonsagrada, Lugo, por s¨ªntomas de maltrato y por sus ¡°deplorables¡± condiciones. Viv¨ªan en ella 29 ancianos y cab¨ªan 23.

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Las residencias sancionadas

?Cu¨¢ntas y qu¨¦ residencias han sido sancionadas en Espa?a? La investigaci¨®n de EL PA?S contesta por primera vez a esta pregunta. En esta p¨¢gina se puede consultar la informaci¨®n comunidad por comunidad. Es una informaci¨®n que casi todas las administraciones han accedido a facilitar gracias a la Ley de Transparencia