El PP se abre a regular los vientres de alquiler ¡°sin que medie contraprestaci¨®n econ¨®mica¡±
La direcci¨®n del partido est¨¢ dispuesta a abrir un debate ¡°sosegado y serio¡± para legislar. Irene Montero considera esta pr¨¢ctica una ¡°forma de violencia contra las mujeres¡±
El PP est¨¢ dispuesto a abrir un debate ¡°sosegado y serio¡± para regular los vientres de alquiler siempre que ¡°no medie en ning¨²n caso una contraprestaci¨®n econ¨®mica¡±, seg¨²n han avanzado fuentes de la direcci¨®n popular de Alberto N¨²?ez Feij¨®o. La formaci¨®n considera que ser¨ªa ¡°bueno regular¡± esta pr¨¢ctica dado que, aunque en Espa?a es ilegal, hay espa?oles que lo hacen en otros pa¨ªses y luego tratan de inscribir a esos ni?os cuando vuelven al territorio nacional. La direcci¨®n del PP subraya que ¡°la mercantilizaci¨®n es absolutamente execrable¡±, y que ¡°cualquier debate ha de partir del requisito de no mercantilizarlo¡±, pero avanza hacia una posici¨®n m¨¢s favorable hacia la regulaci¨®n para ¡°evitar la doble cuesti¨®n de que sea ilegal en Espa?a, pero luego se inscriba a los ni?os¡±.
La controversia sobre esta pr¨¢ctica, ilegal en Espa?a, se ha reabierto al hilo de la noticia de que la presentadora de televisi¨®n Ana Obreg¨®n se ha convertido, a sus 68 a?os, en madre una ni?a reci¨¦n nacida mediante un acuerdo de vientre de alquiler en Florida (Estados Unidos). En Espa?a, no obstante, la reforma de la ley del aborto, en vigor desde el d¨ªa 1, se refiere espec¨ªficamente a los vientres de alquiler como una forma de violencia contra las mujeres. Desde 2006, adem¨¢s, se considera nulo el contrato por el que se convenga la gestaci¨®n. El Tribunal Supremo, en la sentencia de Pleno 277/2022, de 31 de marzo, ya declar¨® que el contrato de gestaci¨®n por sustituci¨®n comercial ¡°entra?a un da?o al inter¨¦s superior del menor y una explotaci¨®n de la mujer que son inaceptables. Ambos son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condici¨®n de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad¡±.
Durante la tramitaci¨®n de la ley del aborto, qued¨® fuera la posible persecuci¨®n de las parejas que quisieran alquilar vientres fuera de Espa?a, que propon¨ªa el Ministerio de Igualdad. Lo que s¨ª se incluy¨® fue la prohibici¨®n de la publicidad de las agencias que ofrecen este tipo de servicios, con sanciones para los medios de comunicaci¨®n que incluyan sus anuncios. No obstante, por el inter¨¦s superior del menor s¨ª se reconoce la relaci¨®n de filiaci¨®n a los progenitores que han recurrido al vientre de alquiler, por la v¨ªa de la adopci¨®n.
El PP de Feij¨®o avanza hacia una posici¨®n m¨¢s favorable a la regulaci¨®n que la direcci¨®n anterior, ya que en la ponencia social vigente en los estatutos del partido, la aprobada en el XVIII Congreso de 2017, los populares pasan de puntillas por un tema que durante el c¨®nclave dividi¨® a la formaci¨®n entre partidarios y detractores. El texto que se logr¨® consensuar, bajo la ponencia de Javier Maroto, recoge el ¡°necesario debate¡± sobre los vientres de alquiler y a?ade: ¡°En el PP debemos dar respuesta a los asuntos y debates que se presentan en la sociedad. No queremos rehuir o ignorar ninguno sin entrar al fondo de la cuesti¨®n¡±. Pero a lo ¨²nico a lo que se compromete es a emprender ¡°un debate en profundidad, serio y sereno¡± en el que escuchen ¡°a los expertos tanto de ¨¢mbitos cient¨ªfico, jur¨ªdico y ¨¦tico¡± para fijar una postura.
El texto s¨ª habla textualmente de ¡°gestaci¨®n subrogada¡±, y fuentes del partido presentes en aquel debate inciden en que se incluy¨® esa terminolog¨ªa conscientemente para ¡°no estigmatizar¡± a los ni?os nacidos por esta v¨ªa. El Gobierno progresista y organizaciones feministas contrarias a esta pr¨¢ctica hablan en cambio de ¡°vientres de alquiler¡±, por lo que el uso del lenguaje ya es en el PP una forma de aproximaci¨®n m¨¢s favorable a esta f¨®rmula de gestaci¨®n prohibida actualmente en Espa?a.
Sobre los estatutos vigentes del PP, la direcci¨®n actual bajo la presidencia de Feij¨®o a?ade que, en todo caso, ¡°no se podr¨ªa hacer ning¨²n tipo de pago, ni directo ni indirecto¡± por un vientre de alquiler. Canad¨¢, Reino Unido y Portugal son los pa¨ªses que han regulado una modalidad de vientre de alquiler ¡°altruista¡±. Si bien en el primer caso, el Gobierno canadiense acab¨® aprobando una lista de gastos reembolsables para las gestantes que incluyen, seg¨²n un contrato consultado, desde los medicamentos hasta el cuidado del c¨¦sped de la casa de la mujer o el pago de ropa y el servicio de limpieza. En el Reino Unido se constat¨® que las familias acababan acudiendo a terceros pa¨ªses donde era m¨¢s r¨¢pido encontrar a una mujer dispuesta a gestar para terceros. En Portugal no se registr¨® ni un solo caso en los primeros cuatro a?os de la ley.
El PP cree que los estatutos deber¨ªan actualizarse en el pr¨®ximo congreso, previsto para despu¨¦s de las elecciones generales, pero tambi¨¦n aboga por llevar antes alguna iniciativa al Congreso de los Diputados. ¡°Ser¨ªa bueno abrir un debate y zanjar el asunto¡±, subrayan fuentes de la direcci¨®n de Feij¨®o. El partido a¨²n no ha decidido si incluir¨¢ este tema en su programa electoral para las generales.
La posici¨®n del PP de Feij¨®o se aproxima as¨ª a la de Ciudadanos, un partido que siempre ha hecho bandera de su respaldo a los vientres de alquiler de forma altruista y al que los populares quieren absorber electoralmente. En el pasado, el PP ha votado en contra de iniciativas que CS ha llevado al Congreso para regular esta pr¨¢ctica, como una propuesta de ley que registr¨® el partido en 2017, que contemplaba un baremo de edad de los 25 a los 45 a?os para ser ¡°progenitor subrogante¡±, por lo que el caso de Ana Obreg¨®n, de 68, quedar¨ªa fuera. Fuentes de la direcci¨®n de CS acusan al PP de ¡°copiar¡± su planteamiento, informa Virginia Mart¨ªnez.
En cambio, la postura de los populares contrasta con la del Gobierno, que ha reaccionado este mi¨¦rcoles a la noticia de que Ana Obreg¨®n se ha presentado como madre de una ni?a reci¨¦n nacida mediante un acuerdo de vientre de alquiler. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recordado que ese tipo de acuerdos no son legales en Espa?a, y los ha considerado una ¡°forma de violencia contra las mujeres¡± que se alimenta de la pobreza de las gestantes. En el mismo escenario, los pasillos del Congreso de los Diputados, la titular de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, tambi¨¦n lo ha censurado y lo ha calificado de ¡°explotaci¨®n del cuerpo de la mujer¡±.
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